Si el presidente lo hace no es ilegal.

Artículo elaborado por Camilo Mejía Gómez*.

Es ya un cuento muy viejo que en los países que enfrentan un conflicto armado la primera herramienta que utilizan los gobiernos para acallar a sus críticos es tildarlos de guerrilleros. Así sucedió, en El Salvador cuando el gobierno de Reagan en su informe sobre la situación de los derechos humanos de 1981 en ese país señaló como simpatizantes de la guerrilla a las organizaciones no gubernamentales que denunciaban las ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas militares salvadoreñas. Esta lógica de señalar como guerrillero o terrorista al contradictor político o a quien denuncia atrocidades imperó en la guerra fría. Desafortunadamente estas prácticas siguen vigentes en tiempos de seguridad democrática.

Hace dos días el periodista Hollman Morris y dos periodistas fueron retenidos y perseguidos por miembros del Ejército, quiénes les exigieron entregar su material periodístico cuando se dirigían al municipio de la Unión Peneya en el departamento del Caquetá. La reacción del alto gobierno a este error, que pudo ser rectificado al menos parcialmente con unas disculpas, fue absolutamente desafortunada. Morris fue calificado infundadamente por el Ministro de Defensa como simpatizante de la guerrilla. Lo cual pone una vez más en evidencia que en tiempos de seguridad democrática la culpa es de la víctima y que quien denuncia las violaciones a los derechos humanos es un peligroso simpatizante de la guerrilla.

Echarles la culpa a las víctimas de violaciones de derechos humanos en este gobierno no es nuevo. En septiembre de 2006 el gobierno presentó un proyecto de decreto para reglamentar la ley de “justicia y paz” el cual señalaba, entre otros aspectos, que las víctimas que no se presentaran a declarar en el proceso creado por esta ley serían procesadas por omisión de denuncia. Si bien es cierto que este artículo fue retirado del decreto, en el debate de control político citado por los representantes a la Cámara Guillermo Rivera y David Luna, el ministro Holguín señaló en un tono inusualmente enérgico que así no quedara previsto en el decreto la omisión de denuncia estaba consagrada en el Código Penal y las víctimas podían ser perseguidas si no acudían ante las autoridades.

Calificar a los contradictores políticos o a quienes denuncian las violaciones a los derechos cometidas por las autoridades, también ha sido una práctica persistente que pone en riesgo a individuos claves en una sociedad democrática como son los defensores de derechos humanos y periodistas. En el mes de agosto de 2007, en un debate citado por varios parlamentarios a propósito de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos señaló a las organizaciones de derechos humanos como miembros de la guerrilla vestidos de civil quienes presentan los muertos en combate como ejecuciones extrajudiciales. El desenlace ya lo conocemos, 27 militares fueron retirados como consecuencia de las ejecuciones extrajudiciales que él gobierno se había empeñado en negar.

El Presidente de la República tampoco ha sido particularmente tolerante a los defensores de derechos humanos. En el 2003 en un discurso presentado en la Escuela Superior de Guerra calificó a ciertas organizaciones de derechos humanos como “politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y la ciudadanía le han quitado”. Las palabras del Presidente terminaron en la sentencia de la Corte Constitucional T- 1191 de 2003, que si bien no fue fallada a favor de los demandantes si señaló que cuando el mandatario presenta información al público esta se encuentra sometida a los criterios de objetividad, imparcialidad y razonabilidad. Sin embargo el Presidente ha continuado con sus señalamientos. En particular, se ha referido al valiente defensor y activista Iván Cepeda a quien señaló “como hostigador a que se violen derechos humanos”. El desprecio por la jurisprudencia de la Corte Constitucional por el Presidente y su Ministro es una buena réplica del modelo Nixon del todo vale quien en alguna ocasión señaló “si el Presidente lo hace quiere decir que no es ilegal”.

* CAMILO MEJÍA GÓMEZ, abogado colombiano, defensor de derechos humanos y estudiante de la maestría en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame.

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