Opinión
9 Mayo 2010 - 8:59 pm
Por: Juan Carlos Gómez
Uno de los más ilustres columnistas en la historia de El Espectador fue sin duda alguna el Cofrade, Alfonso Palacio Rudas.
Nacido en el Tolima, fallecido en 1996, fue Contralor de la República, congresista, alcalde de Bogotá y miembro de la Constituyente de 1991. Su columna, publicada los domingos, era extensa, profunda y erudita; en su tiempo esa pluma fue la más autorizada en temas de economía y, sobre todo, en materia fiscal y presupuestal. Recuerdo de esos años una entrevista en la que el Cofrade confesó que una de sus lecturas habituales y más gozadas era la del Diario Oficial, especialmente las de las leyes relacionadas con la economía, dentro de las cuales sus predilectas eran las que aprobaban el presupuesto nacional. Lo leía con lupa, renglón por renglón y en muchas ocasiones encontró agazapados en él torcidos y marrullas.
En el Diario Oficial tienen que aparecer las leyes, los decretos y actos administrativos y muchísimas otras decisiones de las autoridades. Recordemos que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa y que éstas no obligan si no han sido debidamente publicadas. A pesar de los graves efectos que puede tener no conocer oportunamente una ley o un acto administrativo, la verdad es que casi nadie lee el Diario Oficial.
Durante el pasado mes de abril me dediqué a estudiar con detenimiento la oportunidad de la publicación del Diario Oficial y debo advertir que, bien sea en medio físico o vía electrónica, suele haber un considerable rezago entre la supuesta publicación del ejemplar y su efectiva disponibilidad al público. Es decir, en muchas ocasiones resulta que estamos obligados a cumplir normas que no pudimos conocer ni siquiera el día siguiente de su vigencia. En la Imprenta Nacional, entidad que lo publica, el pasado viernes sólo vendían el ejemplar del martes anterior. En la cacareada sociedad de la información ninguna razón justifica que no sea posible el conocimiento inmediato de los actos del Estado. El Diario Oficial necesita urgentemente una actuación tecnológica y que vuelva a ser gratuito. No se justifica cobrar por conocer la ley que estoy obligado a cumplir.
Juan Carlos Gómez
No hay comentarios:
Publicar un comentario