El Grupo “Derecho Ciudadano a la Información” envió a los candidatos a la Presidencia de la República un cuestionario con temas claves sobre el derecho a la información, la libertad de prensa y las condiciones de los periodistas colombianos. (Pulse aquí para ver el cuestionario).
Este cuestionario fue enviado por correo electrónico y carta física el pasado doce (12) de abril a los candidatos Noemí Sanín Posada ( Partido Conservador Colombiano), Antanas Mockus Šivickas (Partido Verde), Germán Vargas Lleras (Partido Cambio Radical), Gustavo Petro Urrego (Partido Polo Democrático Alternativo), Jaime Araújo Rentería (Movimiento Político Alianza Social Afrocolombiana), Juan Manuel Santos Calderón (Partido Social de Unidad Nacional) y Rafael Pardo Rueda (Partido Liberal Colombiano).
A continuación reproducimos las respuestas enviadas por la campaña del Partido Verde, cuyo candidato es Antana Mokcus.
Esperamos que las demás campañas participen de este importante intercambio de ideas y asuman compromisos puntuales sobre el respeto y promoción de la libertad de información.
1. ¿Impulsará una reglamentación del artículo 20 de la Constitución Política Colombiana? ¿Cuál es la razón de su respuesta?
Garantizar plenamente la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a los medios de los ciudadanos – una garantía incluida en la Constitución política del 91 y en los convenios y tratados internacionales que Colombia ha suscrito sobre el tema- constituye uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas frente al auge de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y a la tentación de algunos Estados de regular el uso que millones de personas en el mundo, cada vez con mayor intensidad, le están dando a los nuevos medios.
El futuro de la democracia depende de los esfuerzos que los Estados realicen para asegurar la vigencia y el respeto de las libertades individuales y de los derechos humanos; de allí que consideremos indispensable mantener, profundizar y afinar el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la situación de los derechos humanos en el país, y en particular, de la garantía a la libertad de opinión y de pensamiento de los colombianos; unido a la implementación de iniciativas para promover su defensa y ampliación. Todos los esfuerzos deben dirigirse en este sentido, con la convicción de que, si es necesario realizar ajustes, éstos deberán ser el resultado de la reflexión crítica y de la discusión de todos los ciudadanos.
2. ¿Considera usted conveniente crear una oficina gubernamental especializada en la defensa de la libertad de expresión?
Más que una oficina lo que se requiere es la decisión de promover, mediante estrategias pedagógicas, la conciencia ciudadana sobre la urgencia de que los derechos humanos y las libertades individuales de los colombianos sea garantizada y de que, en caso contrario, quienes violen los derechos humanos sean objeto del rechazo colectivo y de sanciones judiciales, sin dilaciones ni impunidad.
3. ¿Está de acuerdo con la despenalización de la injuria y la calumnia?
Este es uno de los temas que deben ser objeto, por sus implicaciones, de discusión y de análisis profundo por parte de todos los sectores involucrados, no sólo de los abogados, periodistas, agremiaciones de los medios, sino de la sociedad en general. Los debates realizados a nivel internacional parecen tender hacia la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de la aplicación estricta de la figura de injuria y calumnia al ejercicio de la libertad de expresión y, en especial, cuando se aplica al ejercicio del periodismo. De todas maneras es tranquilizador que la jurisprudencia colombiana sobre el tema haya sido protectora de los derechos de los periodistas.
4. ¿Tiene propuestas sobre mecanismos específicos de protección del derecho a la información?
Reiteramos la urgencia de profundizar la conciencia colectiva, mediante la implementación sistemática e intensiva de campañas pedagógicas y de cultura ciudadana sobre la obligatoriedad del Estado de garantizar los derechos humanos. En la medida en que todos los colombianos comprendan e interioricen que tienen derechos que deben ser respetados, promovidos y garantizados y de que uno de los más importantes es el derecho a pensar y a expresarse libremente; la violación de los mismos será objeto de denuncia y de sanciones morales, legales y sociales.
5. ¿Cómo piensa regular la distribución de la publicidad oficial en los medios de comunicación?
El criterio según el cual la publicidad oficial es estatal y no gubernamental y que por lo tanto ésta debe ser útil y relevante para los públicos, lo que significa que debe estar regulada por la ley, implica que debe imponerse un criterio claro y equitativo en el sistema de distribución de la publicidad oficial en los medios de comunicación.
La publicidad oficial es una herramienta valiosa para garantizar la comunicación entre el Estado y los ciudadanos y para garantizar la eficacia de las estrategias diseñadas para educar, sensibilizar y movilizar a los públicos. Por lo cual, su diseño y asignación debe ser coherente con las políticas públicas, para evitar la discrecionalidad.
Su distribución debe estar a cargo de especialistas en la materia y debe responder a principios de pluralidad, equidad y transparencia.
6. ¿Tiene propuestas para mejorar las condiciones laborales y de seguridad social de los periodistas en Colombia?
Es evidente la situación de desprotección en que se encuentran los periodistas en Colombia. Son muchos los riesgos a que se ven enfrentados y muchas las amenazas al ejercicio de su actividad. La consecuencia más grave es la autocensura. Los periodistas deben participar de todas las garantías que tienen los trabajadores y, en atención a las particularidades del ejercicio de la profesión, deben gozar de especial protección del Estado.
7. ¿Estaría dispuesto(a) a recuperar el estatus de “profesión de alto riesgo” que ostentaba el periodismo hasta el año 2003?
Los colombianos tenemos derecho a que se nos garantice el ejercicio libre y sin restricciones de nuestra actividad profesional. El Estado debe hacer todo lo que esté a su alcance para eliminar las condiciones que obligan a caracterizar una profesión como de alto riesgo. No obstante, dadas las evidencias sobre las dificultades que enfrenta el periodista para realizar el cubrimiento de los hechos, en especial, en las zonas de conflicto, es pertinente que se evalúe y se diseñe una estrategia que permita proteger su vida y la de los equipos de camarógrafos y fotógrafos que los acompañan.
8. ¿Considera necesario establecer mecanismos de democratización de la propiedad de los medios de comunicación?
Consideramos que en desarrollo de las garantías que la Constitución establece y de la interpretación de los contenidos de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión; los Estados deben garantizar el acceso de sus ciudadanos a los medios, lo que implica la posibilidad de crearlos y gestionarlos para difundir sus opiniones.
Ahora bien, los nuevos medios y las TICs abren posibilidades diversas para que los ciudadanos puedan expresarse y poner en cuestión, inclusive, la existencia y los alcances de la actividad periodística. Estamos aún lejos de evaluar las consecuencias de la multiplicación de emisores y de interpretaciones sobre el contenido de los medios; de la profusión de soportes y de nuevos formatos y de la participación de millones de personas en las redes sociales (dimensiones de la esfera mediática que complejizan los fundamentos de la libertad de expresión y del derecho a la información). Sin embargo, creemos que con una educación dirigida hacia la autogestión, el emprendimiento y la innovación, el derecho a la información y el acceso a los medios se ampliará produciendo cambios profundos en el sector de las telecomunicaciones y en los lugares de emisión y de recepción.
9. ¿Cuál es su posición frente al papel de los periodistas en situaciones de conflicto armado?
Consideramos que los periodistas deben extremar las medidas para no caer ni en la autocensura ni en la asunción de riesgos innecesarios. Los manuales de autoprotección, los expedidos por la FLIP para el caso colombiano, por ejemplo, son una buena herramienta. Ahora bien, los medios de comunicación deben tomar todas las medidas de precaución para garantizar la vida de sus reporteros; deben brindarles capacitación precisa sobre el desarrollo de su actividad en zonas de riesgo y el soporte sicológico y emocional para apoyarlos en la superación de las secuelas que el cubrimiento de la información en medio del conflicto supone.
10. ¿Cuál es su propuesta para enfrentar la impunidad en el caso de agresiones contra periodistas? Solicitamos que tenga en cuenta en su respuesta que las agresiones no sólo se refieren al homicidio. También se trata de amenazas, interceptación ilegal de comunicaciones, obstaculización al trabajo periodístico, agresiones físicas y verbales, entre otros.
Además de los expresado en las respuesta anteriores sobre la necesidad de profundizar el seguimiento y evaluación sistemática de la situación de los derechos humanos en el país, y la implementación de campañas para promover su garantía plena, consideramos que el tránsito hacia la legalidad democrática que proponemos debe disminuir sustancialmente la impunidad moral, legal y social.
11. ¿Tiene observaciones sobre la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Nos parece que es una declaración amplia que aspira a que los Estados y sus miembros comprendan los alcances y la repercusión de la defensa de los derechos humanos y el lugar privilegiado que, en ese marco, ocupa la libertad de expresión y de pensamiento.
Esta es una publicación del Grupo de trabajo “Derecho ciudadano a la información”. Su contenido es de libre difusión, con el reconocimiento previo de su autoría.
Foto tomada de http://www.unisabanaradio.tv/contenidos/antanas%20dos.jpg
http://www.ddhhenlasnoticias.blogspot.com/
http://www.facebook.com/Informacion.Derecho.Ciudadano
No hay comentarios:
Publicar un comentario