El próximo 28 de septiembre se celebra el “Día Internacional del Derecho a Saber”. ¿Qué importancia le dan los gobiernos y los ciudadanos al libre acceso a los documentos en poder de los Estados? ¿Cómo se protege ese derecho?
El “derecho a saber” o de acceso a la información, es un derecho humano reconocido en diferentes instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales.
En septiembre de 2002, durante una reunión en Sofía (Bulgaria) varias organizaciones defensoras del acceso a la información crearon la “Red de activistas por la libertad de información” (red FOIAnet). En el memorando para el establecimiento de esta red, se consideró que “la transparencia de la administración pública y la disponibilidad de información en asuntos de interés público son pre-condiciones fundamentales para la participación del público en la toma de decisiones y para la lucha contra la corrupción”. Adicionalmente se fijó el 28 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Libertad de Información: “Derecho a Saber”, siendo el objetivo de esta celebración “concienciar a todo los individuos sobre su derecho al acceso de información de las actuaciones y actividades del gobierno: el derecho a saber sobre como nuestros políticos ejercen su poder y como gastan el dinero adquirido con nuestros impuestos”.Abundan los ejemplos sobre conductas cuestionables en diferentes países. Si bien existen límites al derecho de acceder a los documentos en poder de los Estados, estos límites deben entenderse con un carácter excepcional, dando prelación a la publicidad de los actos de gobierno. Sólo por citar algunas situaciones, bastaría mencionar los escándalos de corrupción en el gobierno italiano, las escuchas ilegales atribuidas por la prensa al gobierno francés y lo propio, pero aumentado por las amenazas y persecuciones a la prensa, jueces y políticos de oposición en Colombia. La sociedad tiene el derecho a saber si en estos actos se utilizan los recursos públicos y qué funcionarios públicos intervinieron en ello.
¿Hasta qué punto un documento es reservado? Este año ha sido objeto de fuertes debates la labor de WikiLeaks. Merecedores de la admiración de unos y del reproche de otros, la divulgación de documentos “clasificados” permite construir un panorama de los intereses y estrategias de los gobernantes. ¿Cuál es el límite entre protección a la seguridad nacional y encubrimiento de conductas ilícitas a la luz del derecho internacional?
Adicionalmente, no hay que perder de vista que una sociedad con mayor posibilidad de acceder a los documentos en poder de los Estados, avanzará significativamente en la lucha contra la corrupción. Esto quiere decir “transparencia”. Desafortunadamente aún existen factores que facilitan el camino de funcionarios públicos que utilizan sus cargos para delinquir con impunidad, afectando toda una serie de derechos de los ciudadanos. Por ello, se hace necesario fortalecer las legislaciones que promueven y protegen el derecho de acceso a los documentos públicos.
Algunos ejemplos de esfuerzos por garantizar el acceso a la información
Actualmente se están desarrollando proyectos en diferentes países para garantizar el derecho de acceso a los documentos en poder del Estado. Algunos ejemplos son los siguientes:
1. Colombia
Colombia se precia por tener una de las leyes más antiguas sobre acceso a la información en el continente americano. Justamente por esa antigüedad, se hace indispensable actualizar la legislación teniendo en cuenta aspectos como las nuevas tecnologías de la información y la complejidad del aparato burocrático, entre otros.
Pensando en esto, surgió la alianza “Más información Más Derechos”, que busca hacer frente al desconocimiento que existe en Colombia sobre el derecho de acceso a la información, los mecanismos jurídicos que existen para protegerlo y sobre todo, para abordar el tema de los abusos a los límites impuestos por las autoridades frente a las solicitudes presentadas por los ciudadanos, como la declaratoria de “documentos reservados.
Esta coalición de organizaciones prepara un especial para el “Día internacional por el Derecho a Saber”, que será publicado en su página http://masinformacionmasderechos.net/
2. España
El Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos parte de considerar que este derecho permite formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas. Además, fomenta la integridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad
En este sentido, la Coalición Pro Acceso se constituyó como una plataforma de la sociedad civil, que exige la adopción e implementación de una ley de acceso a la información. Esta red de organizaciones identificó los nueve principios que deben estar en la ley española de acceso a la información..
Sin embargo, el proyecto que hace trámite no está exento de críticas. Ha sido cuestionado por no incorporar las garantías suficientes para crear un auténtico gobierno abierto y por no avanzar sobre las recomendaciones del Consejo de Europa.
El próximo 28 de septiembre, la Coalición Pro Acceso, Access Info y la Universidad Complutense de Madrid, desarrollarán la actividad “Del Secretismo a la Transparencia: ¿Qué es el Derecho a Saber?”
3. México
México, en medio de la grave crisis originada por el fenómeno del narcotráfico, da ejemplo a muchos países del continente sobre esfuerzos para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información.
Actualmente México cuenta con una Ley Federal de de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dio origen al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)
Por otra parte, el pasado 21 de septiembre, la organización Artículo XIX lanzó el Índice Global del Derecho de Acceso a la Información. Este trabajo es una herramienta para comparar y contrastar las leyes de acceso a la información del mundo, resaltando las debilidades y las mejores prácticas. En el comunicado de lanzamiento de este índice, Artículo XIX señala que “en la década pasada, muchas leyes de acceso a la información fueron adoptadas alrededor del mundo. A pesar de ser una promesa de desarrollo, a menudo es difícil saber y evaluar, qué tan adecuadas son éstas actualmente. En seguimiento del éxito del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), instrumento piloto realizado en conjunto con Fundar Centro Análisis e Investigación, ARTICLE 19 presenta una metodología revisada con el fin de medir legislaciones nacionales y hacer comparaciones internacionales”.
Para concluir, es indispensable retomar y reivindicar la vigencia de lo expresado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Estudio Especial sobre Derecho de Acceso a la Información: Para corregir la cultura del secretismo y garan¬tizar debidamente el derecho de las personas a la información en poder de los Estados, éstos deben efectuar avances concentrados y simultáneos en tres niveles diferentes: 1) conocimiento en profundidad del contenido del derecho de acceso a la información, no sólo como herramienta práctica que fortalece la democracia, sino como derecho humano protegido por el derecho internacional; 2) régimen de acceso a la información; y 3) siste¬ma de excepciones específicas, claras y transparentes.
Es momento de preguntarse ¿Cómo garantiza mi país el derecho de acceso a la información?
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