Miércoles, 10 de Noviembre de 2010
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| Retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos, por Francisco de Goya (Museo del Prado). / Wikimedia |
Se cumple este 10 de noviembre el bicentenario del reconocimiento de la libertad de prensa por parte de los legisladores reunidos en las Cortes de Cádiz. Para algunos autores, aquella decisión marcó el nacimiento del periodismo político. El último censor omnímodo, el presbítero latinista Juan Antonio Melón, perdió sus atribuciones hasta el regreso de Fernando VII El deseado y El rey felón.
La efemérides de aquel precepto adelantado a la Constitución de 1812 es una buena percha para evocar el esfuerzo de los liberales ilustrados. Mientras en las calles se luchaba contra las tropas de Napoleón –“Napoladrón” le llamó Galdós–, ellos se enfrentaban al oscurantismo beligerante de la monarquía y el clero y reconocían legalmente por primera vez el derecho a la libre circulación de las ideas y los conocimientos. “Donde falta instrucción no hay opinión pública”, había escrito Gaspar Melchor de Jovellanos. Y la opinión pública tenía para él una doble dimensión: guía la conducta de los gobernantes y los somete a la crítica y a la exigencia de responsabilidad por su gestión. Jovellanos acabó en la cárcel hasta 1808.
La invasión napoleónica dejó en suspenso los poderes reales, y consiguientemente, la censura de imprenta. Según Agustín Argüelles, la imprenta adquirió en pocos meses la libertad que no había tenido nunca y ejerció una influencia decisiva en la exaltación de los ánimos sin que ninguna autoridad consiguiera reprimirla. Según los profesores José Álvarez Junco y Gregorio de la Fuente Monje, se puede decir que en ese tiempo nació el periodismo político. Los legisladores que se reunieron en Cádiz acabaron reconociendo el fenómeno. El presidente de la Junta Central, el conde de Floridablanca, no se decidía a reconocer el derecho a imprimir libremente. Según Jovellanos, “miraba los periódicos con desagrado y susto”. Sobre todo, al Semanario Patriótico de Manuel José de Quintana y sus compañeros, los juristas Eugenio Tapia y Juan Álvarez Guerra y el matemático Juan Rebollo. Pero su sustituto, el marqués de Astorga, aceptó en abril de 1809 la propuesta de convocar las Cortes constituyentes para elaborar una Constitución que, como escribió Quintana, dejara atrás “tres siglos de desastres” y recompensara el sacrificio del pueblo español con un cambio político tras el cual pudieran decir con orgullo: “Mis padres me dejaron por herencia la esclavitud y la miseria; yo dejo a mis descendientes la libertad”.
El vizconde Quintanilla, vocal por León, emitió un dictamen el 31 de agosto de 1809 afirmando que era urgentísimo conceder la “libertad de prensa bajo justas condiciones”. El aragonés Lorenzo Calvo de Rozas, elevó una larga proposición en pro del reconocimiento legal. Su propuesta se resumía en una línea: “Que sea libre la facultad de escribir y comunicar por medio de la prensa”.
Los principales argumentos políticos a favor de la libertad de expresión fueron los siguientes: 1) a la patria le interesa tener una opinión pública instruida y vigorosa, lo cual se consigue cuando se cría libremente, 2) la libre comunicación de las ideas permitirán ilustrar al país sobre cuanto pueda conducir a la mejora de sus leyes y de sus instituciones, 3) la libertad de imprenta y una opinión pública informada son necesarias para ganar la guerra, 4) la libertad de prensa y el conocimiento y control de la opinión pública sobre los actos del gobierno son necesarios para el mantenimiento de la autoridad de la Junta Central y la victoria en la guerra y, aún más imprescindibles para llevar a buen puerto la labor de las futuras Cortes, 5) la denuncia de los problemas a resolver y el debate público sobre sus soluciones facilita la labor de los diputados, de modo que cuanto más debate previo y conocimiento de los problemas haya por parte de la opinión general, más eficaces y útiles podrán ser las soluciones y sus resultados, y 6) España debe seguir el ejemplo de otras potencias, cuya espíritu público se nos hace envidiable y cuya fortaleza se debe a la libertad de prensa.
La votación del decreto se produjo el 10 de noviembre de 1810 y registró 68 votos a favor y 32 en contra. Todos los diputados de América, que eran 25, votaron a favor de la libertad de expresión. De los andaluces, 5 votaron a favor y 2 en contra; los castellanos: 15 a favor y 3 en contra; los catalanes: 1 a favor y 13 en contra; los gallegos: 9 a favor y 11 en contra; los 2 vascos votaron a favor, y también lo hicieron el representante de Navarra, el de Murcia, el de Asturias y 8 de Extremadura. Por profesiones, los obispos, prelados, inquisidores, jueces eclesiásticos, curas y presbíteros se pronunciaron 9 a favor y 14 en contra. Los empleados estatales (militares, cargos públicos, jueces y ex cargos) se pronunciaron a favor por 39 votos frente a 5; los cargos municipales votaron 2 a favor y 4 en contra; los abogados, 10 a favor y 5 en contra; los catedráticos de derecho, 1 a favor y 2 en contra. Además, un profesor, un escritor y 3 comerciantes votaron a favor.
La libertad de expresión –siempre una excepción en la historia contemporánea de España– prevalece hoy frente a la mordaza, pero las nuevas formas de censura de los poderes económicos y políticos se han sofisticado tanto que, aparte la negativa del derecho de acceso a la información y la clasificación de materias de interés público como secreto oficial, resulta difícil identificarlas hasta sufrir sus consecuencias.
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