COLOMBIA: IMPUNIDAD TOTAL

Por: CÉSAR A. LUQUE F*.
08/04/09

El informe de la Unión Europea dice que el 97% de los delitos cometidos en Colombia quedan en la absoluta impunidad

Acaba de aparecer un informe de la Unión Europea sobre el estado de la justicia penal colombiana, documento en el que se evidencia que la impunidad hoy asciende al 97%, nivel que antes de entrar en vigencia el sistema penal, mal llamado, acusatorio, era uno igual de vergonzoso, pero inferior, del 95%, lo que demuestra el fracaso total del sistema penal colombiano, sin que aquellos que la dirigen siquiera se sonrojen, como el fiscal de “bolsillo” del Ejecutivo, Mario Iguarán Arana que termina este año su periodo, abriéndose la posibilidad de que sea elegido uno peor a él; el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, hermano del detenido Director de Fiscalías de Medellín por sus nexos con la banda paramilitar-narcotraficante de “Don Mario”, Guillermo León Valencia Cossio y el Consejo Superior de la Judicatura, lleno de magistrados de escasa altura jurídica, pero de altas calidades de manzanillos y politiqueros, tipo Ovidio Claros, Alfredo Escobar, Angelino Lizcano, etc.

El 1º de enero de 2005 entró en vigencia un sistema penal denominado por sus promotores, acusatorio, modelo impuesto por el gobierno de los EE.UU. para permitir que el país se pudiera sentar a la “mesa de negociación” del TLC, ya aprobado por el Congreso colombiano, pendiente para entrar en vigencia para acabar la economía nacional de la aprobación del Congreso del país del norte. Ese modelo de justicia que se adoptó, que se caracteriza por adelantar los procesos en forma oral, ante jueces vestidos de toga, donde la defensa debe costearse los elementos probatorios para salir adelante, y que la Fiscalía debe presentar ante un Juez las pruebas en busca de condenas, sin contar con verdaderos fiscales investigadores, ni investigadores, modelo complementado por la presencia de la Defensoría del Pueblo, que a través de la Defensoría Pública, hoy un foco de clientelismo político, debe suministrar defensor a quienes no tienen como pagar uno, hoy es un fiasco.

La promesa al reformar la Constitución Política para que se pudiera implementar este modelo penal fue la eliminación de la impunidad, pero los resultados contradicen lo que sostenía el entonces Fiscal General, Luis Camilo Osorio Isaza, padrino de bautismo del entonces presidente, Andrés Pastrana Arango, junto al otro padrino del mandatario, el Ministro de Justicia y el Derecho, Romulo González. El fiscal Iguarán después de haber sido viceministro del Interior y Justicia de Fernando Londoño Hoyos le correspondió ponerlo en práctica, tarea que fue incapaz de cumplir. Hoy el sistema únicamente sirve para llevar a la cárcel a ladrones detenidos en flagrancia (cometiendo el delito), quienes además no poseen por lo general con que costearse un defensor, quedando su defensa en manos de un defensor público, que en la mayoría de las veces le aconsejan acogerse a cargos, antes sentencia anticipada, donde no existe mayor actividad judicial, mientras que aquellos delitos que deben ser investigados por la Policía Judicial de mentiras que tenemos, quedan en la absoluta impunidad, ya que sin investigadores ni fiscales preparados, escasas veces pueden llevar al autor o participe de un delito ante un Juez para ser procesado y cuando lo hacen, sin el manejo adecuado de las pruebas, los jueces se ven en la imperiosa necesidad de desechar las acusaciones.

Una de las causas de que muchos fiscales no puedan sostener una acusación ante un Juez es su incapacidad profesional, la que quedó evidenciada en los resultados del concurso que se adelantó para proveer más de 18.000 cargos en la Fiscalía, ya que ese número de funcionarios estaban en interinidad, donde más del 70% de los fiscales perdió el examen de conocimientos, garantizando su salida de la institución, camino que fue evitado por una modificación que hizo el Congreso el año pasado a la Constitución Política por Acto Legislativo (reforma a la constitución), que por obra y gracia de esa norma, incorporó a la carrera judicial a esos fiscales faltos de conocimiento jurídico, lo que garantiza la mediocridad de esa institución, con el aplauso de los altos dignatarios de la justicia y el gobierno nacional.

En definitiva el 3% donde no hay impunidad se da en aquellos delitos en que sus autores son detenidos en flagrancia, que en su inmensa mayoría recae en personas de escasos recursos económicos. En los demás procesos campea la impunidad, impunidad en donde no entran los casos de los congresistas detenidos y condenados, donde el actor principal, por tener fuero, ha sido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya que si hubiera sido por la Fiscalía General no habría ninguno en la cárcel. No es sino ver el caso de Mario Uribe, el primo del presidente.

Los resultados del estudio aparecidos el pasado domingo en El Tiempo, son los siguientes, entre el 1º de enero de 2005 y mayo de 2008:

Casos conocidos por el sistema judicial: 1´408.101
Casos sin trámite: 612.671
Casos en trámite: 252.261
Casos terminados por las partes: 267.170
Casos terminados anticipadamente: 231.605
Sentencias condenatorias: 51.059
Sentencias absolutorias: 1.291
Casos traslados por competencia: 7.740

Nota destacada: Que el Alcalde de Bogotá haya prohibido que en los hospitales distritales se contraten Cooperativas de Trabajo Asociado, forma de esclavitud moderna.

Nota critica: La ciudadanía bogotana debería movilizarse contra la decisión del Alcalde de vender o privatizar, bajo el camuflaje de la búsqueda de un “socio estratégico” a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), patrimonio de los bogotanos, contrariando su promesa electoral de no venderla.

FIN -----------------

* Cesar Luque es abogado penalista y autor de varios artículos sobre actualidad judicial y democracia en Colombia.

Imagen tomada de: http://www.kaosenlared.net/media/5/5428_0_justicia_no_impunidad.jpg

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