A continuación transcribimos las secciones correspondientes a libertad de expresión y derechos de los periodistas, contenidos en los informes anuales (2009) sobre derechos humanos en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
Es recomendable analizar estos informes y compararlos con los presentados por diferentes organizaciones de libertad de prensa en Colombia, dados a conocer en el mes de febrero (ver http://ddhhenlasnoticias.blogspot.com/2010/02/organizaciones-deploran-el-estado-de-la.html)
Grupo de trabajo "Derecho ciudadano a la Información"
Bogotá D.C. Colombia
Marzo 12 de 2010
Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
c. Defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.
Párrafos 22–31 - Página 7
22. La Oficina en Colombia observó, entre otros, casos de homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, injerencias arbitrarias en domicilios y sedes de las organizaciones y robos de información dirigidos contra defensores y defensoras de derechos humanos. Estas violaciones fueron atribuidas a miembros de grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares y a grupos guerrilleros, en particular las FARC-EP, así como, en algunos casos, a integrantes de la Fuerza Pública.
23. En 2009, la Oficina en Colombia constató un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través de panfletos y correos electrónicos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunitarios y miembros de otros grupos marginados. Si bien las investigaciones avanzaron en algunos casos, la mayoría de las amenazas permanecen en la impunidad y en ocasiones las autoridades rápidamente las descalificaron, sin una investigación previa.
24. Mientras tanto, algunas denuncias por rebelión, terrorismo, injurias y/o calumnias contra defensores o periodistas que cuestionan políticas gubernamentales o denuncian corrupción y violaciones de derechos humanos, fueron investigadas rápidamente. La Fiscalía tiene que actuar con transparencia, prontitud e imparcialidad en todos los casos, independientemente de si un defensor o defensora de derechos humanos es una víctima o está acusado de un delito.
25. Las amenazas y asesinatos contra sindicalistas 6, periodistas, personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (LGBT), y contra quienes promueven sus derechos, son motivo de especial preocupación. También preocupa la situación de quienes defienden derechos etnoterritoriales de comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas. Las personas que representan y apoyan a víctimas en el marco de la Ley Nº 975 (2005), especialmente si procuran la restitución de tierras usurpadas, han sido amenazadas e incluso asesinadas, así como también lo han sido personas que trabajan por la paz, líderes y lideresas comunitarios y funcionarios que promueven y defienden derechos humanos, como los analistas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT)7 y personeros.
26. En los últimos años, el Gobierno ha invertido una gran cantidad de recursos humanos y financieros en los programas de protección para los diferentes grupos en riesgo. Los importantes esfuerzos realizados, sin embargo, requieren estar mejor coordinados, ampliarse, para incorporar, por ejemplo, a los funcionarios del SAT, fortalecerse con enfoque de género y agilizarse acortando los tiempos entre la adopción de medidas y su efectiva implementación. La cesión de los esquemas de protección a empresas privadas y otras reformas debería realizarse en consulta con las personas beneficiarias, recordando que el Estado mantiene la obligación indelegable de prevenir, proteger y garantizar el pleno disfrute de derechos en su jurisdicción.
27. Entre abril y mayo de 2009, el Gobierno, las plataformas de derechos humanos y paz y sectores sociales acordaron un procedimiento para dialogar sobre las garantías de las que deben gozar las defensoras y defensores en el desarrollo de sus actividades. En abril, con el activo apoyo de la comunidad internacional, se creó la Mesa Nacional de Garantías y posteriormente se realizaron audiencias regionales en la mitad de los departamentos del país. La Oficina en Colombia valora este ejercicio y los compromisos concretos alcanzados, y llama a su rápida implementación por el Gobierno. Varias amenazas de muerte recibidas por defensores y defensoras de derechos humanos que participaron en estas discusiones todavía no han sido adecuadamente investigadas.
28. La Oficina en Colombia ve con preocupación que algunos funcionarios públicos, civiles y militares, han continuado realizando declaraciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, acusándoles o sugiriendo que su trabajo es contrario a los intereses del Estado o que son simpatizantes de la guerrilla. Tales señalamientos aumentan los factores de riesgo de los defensores y defensoras y pueden limitar sus actividades, provocando autocensura y profundizando la desconfianza entre el Estado y la sociedad civil.
29. Frente a esta situación, la Oficina en Colombia valora positivamente la normativa expedida y los pronunciamientos del Presidente, el Vicepresidente y el Ministro del Interior sobre la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos8. Se alienta a los altos funcionarios a mantener un activo y coherente discurso público de apoyo a los defensores y defensoras de derechos humanos y al resto de los funcionarios a acogerse al mismo. El Gobierno y la Procuraduría deberían sancionar a los funcionarios públicos que continúen estigmatizando a los defensores y defensoras de derechos humanos.
30. Durante su visita en septiembre, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos reconoció que el Gobierno había realizado importantes esfuerzos para apoyar a este colectivo, al tiempo que afirmaba que los defensores y defensoras continuaban realizando su trabajo en un ambiente poco propicio de hostilidad y miedo.
31. La Oficina en Colombia considera que se ha progresado en la elaboración de los planes nacionales de derechos humanos. La Mesa Nacional de Garantías es un paso importante hacia la elaboración concertada de un plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario. El Plan Nacional de educación en derechos humanos, que debería ser rápidamente implementado en todos los departamentos y municipios por el Ministerio de Educación, fue presentado en noviembre de 2009.
Notas
6 El Programa Presidencial para los Derechos Humanos registró de enero a octubre 27 homicidios de sindicalistas, 14 de ellos maestros. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reportó 37 homicidios, que incluyeron 4 mujeres, durante el mismo período.
7 El SAT, bajo el liderazgo y dirección del Defensor del Pueblo, tiene como misión producir alertas sobre violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
8 En una declaración pública el 17 de septiembre de 2009, el Presidente reconoció que "la defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia".
Anexo
Casos ilustrativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario
Organismos de inteligencia
En 2009 se hizo público que el DAS, entidad de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República, había estado desarrollando, por lo menos desde 2003 y de manera generalizada y sistemática, una serie de actividades ilegales dirigidas contra, entre otros, defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y funcionarios estatales. Los casos descritos a continuación ilustran como estas operaciones afectaron la situación de derechos humanos:
(…)
d) Una periodista y defensora de derechos humanos venía siendo objeto de amenazas desde que comenzó una investigación por el asesinato del destacado periodista y humorista Jaime Garzón en 1999. Por esta razón, ella y su hija menor de edad tuvieron que dejar el país en 2004. En 2009, la Oficina en Colombia conoció que al menos una de las amenazas fue ordenada y ejecutada por miembros del DAS.
Defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas
h) El 24 de abril, en Patía (Cauca), un periodista de la cadena Radio Súper Popayán, conocido por sus labores de denuncia, fue asesinado por un desconocido que le disparó en su residencia.
i) El 20 de mayo, en Curillo (Caquetá), el director del canal local de televisión, conocido por sus labores de denuncia, fue asesinado a tiros por desconocidos que irrumpieron de forma violenta en su casa."
Para consultar el informe completo:
Defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas
h) El 24 de abril, en Patía (Cauca), un periodista de la cadena Radio Súper Popayán, conocido por sus labores de denuncia, fue asesinado por un desconocido que le disparó en su residencia.
i) El 20 de mayo, en Curillo (Caquetá), el director del canal local de televisión, conocido por sus labores de denuncia, fue asesinado a tiros por desconocidos que irrumpieron de forma violenta en su casa."
Para consultar el informe completo:
Informe de Derechos Humanos 2009 Colombia
Embajada de los Estados Unidos de América
(…)
Aunque continuaron prevaleciendo algunos abusos contra los derechos humanos, el Estado continuó con sus esfuerzos para confrontarlos y resolverlos. Los problemas sociales y los abusos contra los derechos humanos por parte del Estado se reportaron durante el año: matanzas ilegales y extrajudiciales; colaboración de militares insubordinados con los nuevos grupos armados al margen de la ley y paramilitares que se rehúsan a desmovilizarse; desapariciones forzosas; hacinamiento e inseguridad en las cárceles; tortura y maltrato de los detenidos; detenciones arbitrarias; un elevado número de detenidos no procesados, algunos de los cuales permanecieron encarcelados al lado de presos convictos; impunidad y un sistema judicial ineficiente sometido a la intimidación; vigilancia ilícita de grupos civiles, oponentes políticos y agencias gubernamentales; hostigamiento e intimidación de periodistas; condiciones antihigiénicas en los asentamientos de desplazados con acceso limitado a la salud, la educación o el empleo; corrupción; hostigamiento a grupos de derechos humanos y activistas, incluyendo persecuciones sin fundamento; violencia contra la mujer, incluyendo el acceso carnal violento; el maltrato y la prostitución infantil; la trata de mujeres y niños; algo de discriminación social contra la mujer, los indígenas y las minorías; y el trabajo infantil ilegal.
(…)
Los nuevos grupos armados al margen de la ley, y los paramilitares que rehusaron desmovilizarse, también cometieron un sinnúmero de abusos a los derechos humanos. Aunque el último bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizó en agosto de 2006, los miembros de las AUC que rehusaron a desmovilizarse, los que se desmovilizaron pero luego abandonaron el proceso de paz, y otros grupos armados al margen de la ley, continuaron en la mira de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado. Estos nuevos grupos carecían de la organización, el alcance y la capacidad militar de las antiguas AUC y se centraron principalmente en el tráfico de narcóticos y la extorsión. La desmovilización de las AUC llevó a la disminución de homicidios y otros abusos de los derechos humanos, pero los paramilitares que rehusaron desmovilizarse y los nuevos grupos armados al margen de la ley, continuaron cometiendo un sinnúmero de hechos delictivos y abusos relacionados, incluyendo los siguientes: homicidios y secuestros políticos; violencia física; desplazamiento forzado; subordinación e intimidación de jueces, fiscales y testigos; violación del derecho a la intimidad de los ciudadanos; restricciones a la libertad de circulación; reclutamiento y utilización de niños en la guerra; violencia contra la mujer, incluyendo violencia sexual; y hostigamiento, intimidación y la matanza de trabajadores de los derechos humanos, periodistas, maestros y sindicalistas.
(…)
EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Sección 1. EL respeto por la integridad de la persona, incluida la protección contra:
(…)
f. La interferencia arbitraria con la intimidad, la familia, el domicilio o la correspondencia.
La ley prohíbe estos actos. Aunque en la práctica el Estado respetó estas prohibiciones en términos generales, sí hubo algunas excepciones. La ley exige que las autoridades del gobierno obtengan una orden firmada por un fiscal superior a fin de allanar una residencia privada sin el consentimiento del propietario, a menos que se haya detenido al sospechoso en fuga. En general, las autoridades oficiales mostraron respeto por estas normas.
En general, las autoridades oficiales necesitan una orden judicial para interceptar la correspondencia personal o monitorear las conversaciones telefónicas, incluso en las cárceles. Sin embargo, en sus investigaciones de organizaciones terroristas, los organismos de inteligencia del Estado monitorearon conversaciones ocasionales sin autorización judicial, aunque tales pruebas no pudieron ser empleadas en los procesos judiciales.
La vigilancia que el DAS realizó de altos magistrados, periodistas, organizaciones y defensores de derechos humanos, políticos opositores y la Vicepresidencia, llevó a que el CTI realizara una investigación. Los medios revelaron que la vigilancia realizada por el DAS incluyó la vigilancia física de funcionarios y sus familias, interceptaciones telefónicas y electrónicas, y la reunión de información de carácter personal y financiero. Un informe del CTI describe una estrategia doble para montar procesos contra las víctimas de las vigilancias e interrumpir las actividades de los grupos defensores de derechos humanos a través de una “inteligencia ofensiva”. Según una publicación de la Campaña Nacional e Internacional por los Derechos a la Defensa de los Derechos Humanos, el DAS realizó sus actividades de acoso por medio de ataques, montajes y amenazas de muerte. El ex director del DAS Jorge Noguera y el subdirector José Narvaez estaban siendo investigados por conspirar con paramilitares para instigar el homicidio de tres sindicalistas, un profesor universitario y un periodista. La Fiscalía General realizó su propia investigación de las interceptaciones telefónicas y 34 funcionarios del DAS estaban siendo investigados. Para finales del año las investigaciones sobre el caso seguían en progreso.
El Estado continuó empleando una red de informantes civiles voluntarios para reportar las actividades terroristas e identificar a los terroristas. Algunos grupos nacionales e internacionales de derechos humanos criticaron dicha red por estar sujeta a abusos y ser una amenaza para la intimidad y otras libertades civiles. En un informe sobre los niños y el conflicto armado presentado por el Secretario General de la ONU en agosto, la ONU hizo un llamado al Gobierno para asegurarse de que los niños no fueran utilizados para propósitos de inteligencia militar, reseñando que esta práctica ponía en riesgo la seguridad de los menores, pues se convierten en blanco de los grupos armados al margen de la ley. Las FARC justificaron públicamente su masacre de ocho indígenas de la etnia awá el 4 de febrero, como retaliación por la colaboración con el Ejército.
Los nuevos grupos armados al margen de la ley, los paramilitares que rehusaron a desmovilizarse, y las FARC y el ELN interfirieron constantemente con la intimidad. Penetraron a la fuerza en residencias privadas, monitorearon las comunicaciones privadas, cometieron actos de desplazamiento y reclutamiento forzoso y abusos contra familiares. Las FARC prohíben el embarazo entre sus tropas, entre quienes hay un número considerable de mujeres, y hubo informes acerca de abortos impuestos a la fuerza a fin de hacer cumplir esa orden.
g. El uso excesivo de la fuerza y otros abusos en el conflicto interno.
Continuó el conflicto armado interno que azota al país desde hace 45 años entre las fuerzas del Estado, dos grupos terroristas (FARC y ELN), los nuevos grupos al margen de la ley y los paramilitares que rehusaron desmovilizarse. El conflicto y el tráfico de estupefacientes, los cuáles han servido de combustible y al mismo tiempo benefician el conflicto, fueron los causales de múltiples violaciones a los derechos humanos.
(…)
Los casos relacionados con homicidios ocurridos antes del 2008 incluyen:
(…)
Los nuevos grupos al margen de la ley y paramilitares que rehusaron desmovilizarse, asesinaron a periodistas, políticos locales, activistas de derechos humanos, líderes indígenas, líderes sindicales y otras personas que amenazaban con interferir con sus actividades criminales, mostraban simpatía hacia la izquierda o eran sospechosas de colaborar con las FARC. También fueron los supuestos autores de masacres y delitos de “limpieza social” contra prostitutas, homosexuales, consumidores de drogas, vagos, y pandilleros en los barrios de las ciudades que estaban bajo su control. De acuerdo con el CINEP, los nuevos grupos al margen de la ley y los paramilitares que rehusaron desmovilizarse, fueron responsables por las muertes de 279 civiles entre enero y junio, un aumento del 89 por ciento con respecto a los 89 asesinatos reportados durante el mismo período en 2008 (…).
Las FARC y el ELN asesinaron a periodistas, líderes religiosos, candidatos a cargos públicos, funcionarios públicos elegidos y políticos, supuestos colaboradores de los paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El 22 de diciembre las Farc secuestraron y asesinaron al gobernador de Caquetá (…).
Sección 2. El respeto por las libertades civiles, entre ellas:
a. La libertad de expresión y de prensa.
La ley contempla la libertad de expresión y de prensa y, en términos generales, el Estado respetó estos derechos en la práctica.
Los medios independientes se mantuvieron activos y expresaron diversas opiniones sin restricción alguna. Varios periódicos y revistas independientes publicaron libremente y todos los medios impresos permanecieron en manos privadas. Las estaciones de radio y televisión privadas transmitieron libremente.
Hubo casos ocasionales de hostigamiento, intimidación o violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad y funcionarios corruptos (ver sección 1.f.).
Los miembros de los grupos armados al margen de la ley intimidaron, amenazaron, secuestraron y asesinaron a periodistas. Las ONG nacionales e internacionales informaron que los representantes de los medios locales tuvieron que autocensurarse con regularidad a causa de las amenazas de violencia. En el año 171 periodistas recibieron la protección del programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia. El Ministerio también respaldó una red de alerta organizada para periodistas, proporcionándoles un pequeño número de radios y una línea telefónica de emergencia. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General investigaba 48 casos de de crímenes contra periodistas relacionados con 67 víctimas. La Unidad logró 22 condenas, y para finales del año cinco acusados más estaban siendo enjuiciados.
Según la ONG Fundación para la Liberta de Prensa, un periodista murió asesinado en el año por razones relacionadas con su trabajo, pero ninguno en 2008. Un total de 65 periodistas recibieron amenazas de muerte, a comparación de 94 en el mismo período de 2008. Cuatro periodistas optaron por el exilio voluntario como resultado de las amenazas recibidas, a comparación de sólo dos en 2008. La Fundación para la Libertad de Prensa consideró que la mayor amenaza para los periodistas durante el año había sido la reunión de inteligencia no autorizada por partes de las agencias del Estado (ver sección 1.f. y 1.g.).
La libertad de Internet
El Estado no restringió el acceso a Internet. Hubo libertad para expresarse tranquilamente a través de Internet y el sistema de correo electrónico. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que en 2008 el número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes era de 38.
(…)
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