"Es la hora para que los medios de comunicación informen sobre qué investigaciones penales, disciplinarias o de otro tipo continúan involucrando a los corruptos, aún a pesar de la gran sonrisa que ante el público aquellos presenten, buscando siempre sobrevivir de la falta de conocimiento de la opinión pública sobre su situación".
Por: Carlos Andrés Posada Giraldo
Investigador
Grupo de trabajo "Derecho Ciudadano a la Información"
Sin embargo, la continuidad de los escándalos por corrupción y la posición de indiferencia adoptada por los colombianos sobre ellos, parecieran mostrarnos que en Colombia poco o nada este tema importa. El ejemplo es claro: las elecciones de senadores y representantes a la cámara, las cuales sin duda estuvieron marcadas por la polémica cuando se revisa quiénes bajo los mantos de la democracia pretendieron, y en algunos casos lograron, acceder a la rama legislativa. Solo algunos ejemplos para destacar: La alta votación en algunas regiones del país por parte del Partido de Integración Nacional (PIN), colectividad reconocida como una fuerza creada desde la cárcel La Picota por aquella clase política vinculada al paramilitarismo. Así mismo, en el liberalismo el caso conocido de Arleth Casado de López, esposa de Juan Manuel López Cabrales quien fue condenado por parapolítica. En el Partido Conservador, Samy Merheg, familiar de Habib Merheg. Y uno de los ejemplos de mayor trascendencia, el del exministro de agricultura Arias cuya votación en la consulta conservadora fue bastante alta aún cuando estuvo involucrado en graves escándalos, como el conocido “agro ingreso seguro”.
Al parecer, los corruptos han aprendido que en el acontecer nacional —entendido por este la opinión pública y el desenvolvimiento de los medios de comunicación—, siempre esta presente en todos los escándalos incluyendo los de corrupción, una tendencia en particular: ante la constatación de los hechos y el inicio del escándalo, la opinión pública y los medios toman realmente en consideración los acontecimientos y sus protagonistas al punto que los vuelven tema central de su agenda y por ende profundizando en ellos, incluso involucrando a terceros. Sin embargo, en tanto quienes se encuentran involucrados conserven una posición sobre su inocencia y honestidad, llegando incluso a la “ingenuidad”, se presenta con el tiempo una disminución en el interés por parte de la opinión pública y por lo tanto en los medios de comunicación respecto a los hechos investigados, permitiéndose con ello que se abra el espacio para escenarios oficiales que puedan corroborar la alegada inocencia y honestidad, y obtener algún tipo de pronunciamiento aunque sea simplemente institucional no así judicial, de forma que pueda justificarse su actuar y continuidad; se logra así ocultar el escándalo sin mayores repercusiones para sus protagonistas junto con cierto sesgo de apatía por parte de la opinión pública.
Con todo y pese a los hechos hasta aquí comentados, no quisiera concluir que la postura asumida por la mayoría de los colombianos ante la deshonestidad es el de la indiferencia y por ende la indolencia respecto al futuro de nuestro país, sino que en realidad se debe a un desconocimiento sobre la corrupción como acto u omisión, consecuencia de los límites existentes y propios de la labor periodística al informar a la opinión pública el actuar de los corruptos. La razón es sencilla: si en efecto, el motivo de lo que parece ser la poca importancia de los colombianos sobre lo deshonesto, es la indiferencia respecto de lo que sería nuestro futuro como nación, nada tendríamos por hacer, y escribir estas líneas carecería de todo sentido; de allí la fe en la segunda posibilidad.
No puede afirmarse que en toda práctica periodística se aborde con igual intensidad y de similar forma la corrupción; es precisamente este el primer límite existente. Ciertamente algunos periodistas podrán dar a conocer los hechos como una noticia propia de aquellas del diario vivir, de tal modo que puedan pasar en forma desapercibida, como corresponde al caso de los periodistas vinculados a medios con intereses relacionados con sujetos involucrados en situaciones de flagrante ilicitud. Otros por el contrario, determinaran la cobertura de los hechos según su impacto en el público, a fin de satisfacer lo que sería una gran audiencia. Finalmente, dentro de los medios ajenos a los grupos de poder o a la prensa politizada, es decir, aquellos reconocidos como independientes, pueden hallarse aquellos periodistas quienes ofrecerán una visión objetiva de los hechos ilícitos, abordando los eventos de forma completa al establecer los reales involucrados, relacionándolos con las acciones u omisiones que los involucra; visión que para ser alcanzada requiere por parte del periodista no una simple labor rutinaria de cobertura sino una tarea ardua de investigación.
Según lo anterior, frente a los escándalos de corrupción, especialmente aquellos donde sus protagonistas pertenecen a los grupos de poder político y económico, es dentro de la estructura misma de los medios de comunicación donde se origina el primer límite para la labor periodística: no todo periodista se encuentra posibilitado para asumir o cubrir este tipo de noticias; por el contrario, requiere encontrarse en una circunstancia que le permita una efectiva independencia de los intereses que podrían involucrar los acontecimientos que se irían a investigar. De otra parte, esta misma situación deja al descubierto que en realidad ante hechos que pueden considerarse de suma gravedad, no siempre puede considerarse confiable la información que sobre ella se produce toda vez que los medios no habrán de tratar de igual forma los hechos.
Lo cierto es que son estos últimos medios de comunicación y sus periodistas, los independientes, aquellos que aquí interesan, pues son ellos quienes ejercen una verdadera labor investigativa en materia de los escándalos de corrupción siendo susceptible la evaluación de su trabajo; en tanto que los demás escapan de todo comentario, por cuanto su labor no irá más allá de una simple ilustración superficial de unos acontecimientos con referencias a los aparentes protagonistas.No obstante, aún cuando independientes, de ningún modo pueden considerarse ajenos al respeto o acatamiento de ciertos límites que el ejercicio mismo de la profesión les impone, como la imposibilidad natural y material de reemplazar a los fiscales y a los jueces, así como a cualquier otro órgano encargado de los hechos ilícitos. Razón por la cual las decisiones de los órganos que asumen el conocimiento de los escándalos por corrupción se traducen en la mayoría de las veces en límites mismos del alcance de la labor de los periodistas —sin importar que lleguen a estar o no permeadas por el actuar de los mismos corruptos—, pues establecidas las decisiones se convierten en pautas o discernimientos absolutos e incontrovertibles, es por eso que en muchas ocasiones las investigaciones periodísticas que continúan pese a las decisiones adoptadas, pueden ser tachadas o deslegitimadas cuando sus resultados son contrarios a aquellas. He aquí el segundo límite a los alcances de la labor periodística, la cual implica que en muchos casos la presentación del escándalo como noticia o las investigaciones periodísticas, sean concluidas antes de tiempo frente a pronunciamientos o decisiones oficiales, o que por lo menos tengan esa connotación ante la opinión pública; caso del exministro Arias en la polémica que originó el programa “agro ingreso seguro”, la cual dejó de presentarse como una noticia luego de que se presentara un pronunciamiento de orden político en el Congreso de la República, pero que no tomó en consideración las investigaciones de orden penal que habrían de continuar.
Finalmente, un tercer límite a los alcances de la labor periodística corresponde a la indeferencia de los mismos periodistas sobre los efectos que en la sociedad causa su actividad respecto a los hechos de corrupción. En este sentido la mayoría de las veces el periodista se limita a una mera denuncia cuando presenta los hechos como noticia, en otras, se remite a presentar una denuncia más completa en las ocasiones que adelanta una investigación periodística, en la cual, es natural que profundice en los acontecimientos y personajes; pero se deja de lado la relevancia que adquieren en la sociedad el cubrimiento de los hechos ilícitos, en la medida que se desconoce la necesidad de informar sobre el significado político y social que asume el escándalo de corrupción para la comunidad, como quiera que aún cuando no se presentan efectos inmediatos o siempre visibles en la sociedad, en todo caso sus efectos habrán de tocarnos a todos (tarde o temprano) y de allí la importancia de contrarrestarla.
En principio la información sobre el significado político y social de los hechos de corrupción bajo los lineamientos expuestos pudiera considerarse una labor ajena a lo periodístico, propia de un ejercicio académico que no puede llevarse a cabo en los medios de comunicación. Sin embargo, en la medida que la corrupción es una de las conductas de mayor perjuicio para las instituciones democráticas y es mediante su cubrimiento como noticia que se hace evidente como fenómeno social, está en el periodista delimitar su verdadera naturaleza a efectos de señalar ante la opinión pública que este no es un hecho aislado, y aún cuando pudiera parecer una situación que afecta en particular al Estado, finalmente nos perjudica a todos desde lo económico hasta en lo ético.
Los límites esbozados no solo restringen la actividad periodística, además, conllevan graves y relevantes efectos en lo que respecta a la corrupción. En efecto, en la medida que los medios de comunicación ofrecen una imagen sesgada de los hechos, o se remiten exclusivamente a la decisiones oficiales para considerar resuelto el ilícito o en el peor de los casos presenten los eventos sin la suficiente trascendencia social, quienes protagonicen los hechos de corrupción podrían llegar a ser considerados como personajes intocables, facultados para abusar y excederse en el ejercicio de cualquier poder, lo que llevará incluso a que en el futuro puedan llegar a cometer otros actos ilícitos aún más graves, considerando que sobre ellos no recaerá la presión de la opinión pública para forzar investigaciones judiciales o resultados inmediatos, por cuanto son, insistimos, apreciados como personajes intocables.
Frente a los límites de los alcances de la labor periodística ante los hechos de corrupción y los efectos que estos producen, se hace necesario para los periodistas replantear su manejo o cubrimiento. Más allá que una simple denuncia donde se habrá de informar actos u omisiones así como relacionar a sus protagonistas, se requiere además entender que se esta frente a toda una situación cuya naturaleza es compleja y por ello, resulta indispensable avanzar más allá que una mera descripción.
En la medida que se consideren los eventos de corrupción como una situación, el periodista se encuentra obligado a “situar” en perspectiva a la opinión pública y por consiguiente, debe indicar tanto lo que previamente se dejó de hacer que permitió avanzara la actuación del corrupto, así como señalar qué se tiene que hacer en adelante a efectos de solucionar la situación provocada y reconocida como corrupción.
De este modo se abre un espacio donde es posible para el público conocer el por qué ocurren estas situaciones, reconociendo qué falla o quienes fallan y qué se habrá de exigir en un futuro para que lo sucedido no se convierta en un hecho reiterado: y de igual forma, al conocer qué es lo que deberá hacerse hacia delante —o ya se esta haciendo— por parte de las entidades respectivas para resolver los delitos, la opinión pública podrá además de informarse en debida forma, comprender que frente a la ley los corruptos deben responder aún cuando los trámites sean lentos y dispendiosos.
Al asumir como situaciones los eventos de corrupción, en la práctica será posible que aquellas circunstancias donde sus protagonistas sean sujetos reconocidos o con algún tipo de poder, y en principio no haya sido posible una actuación eficaz por parte del Estado, se sitúe a la opinión pública respecto a lo acontecido de modo que puedan conocer que muchas investigaciones, caso de las penales, pueden continuar hasta cuando exista suficiente material probatorio para que tenga lugar las debidas acusaciones, de tal forma que lo ocurrido no implica una absolución o una muestra eficaz de inocencia, y por lo tanto no existe tal poder absoluto que pretenden predicar aquellos que siendo corruptos afirman su inocencia persistentemente.
Es entonces la hora para que los medios de comunicación informen sobre qué investigaciones penales, disciplinarias o de otro tipo continúan involucrando a los corruptos, aún a pesar de la gran sonrisa que ante el público aquellos presenten, buscando siempre sobrevivir de la falta de conocimiento de la opinión pública sobre su situación.
Fin del artículo ----------------------------------------------------------------------
Fotografía: Andrés Monroy Gómez
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