Se refuerza la protección penal a periodistas en Colombia.

A un paso de convertirse en ley de la República se encuentra la modificación al Código Penal, con la que se aumenta a treinta años el lapso de prescripción para los delitos de homicidio cometido contra periodistas y defensores de Derechos Humanos. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso de la República y está pendiente de la sanción presidencial.

En la ponencia para el último debate en el Senado, presentado por Luis Fernando Velasco Chaves, se incluye como circunstancia de agravación punitiva para el delito de “amenazas”, el que éstas se comentan contra periodistas y defensores de Derechos Humanos. Este delito está definido como “El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella”.

Finalmente, el proyecto de ley aprobado por el Congreso incluye a los defensores de Derechos Humanos, junto con los servidores públicos, periodistas, jueces de paz y miembros de organizaciones sindicales, como personas con especial protección frente a los delitos de homicidio y secuestro extorsivo.

A continuación se transcribe el proyecto de ley aprobado por el Congreso, resaltándose las modificaciones.

TEXTO CONCILIADO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 173 DE 2010 SENADO, 290 DE 2010 CÁMARA

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el inciso 2º del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: “El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical legalmente reconocida, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años”.

Circunstancias de agravación punitiva para el delito de homicidio

Artículo 2°. Modifíquese el numeral 10 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

(...) “10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, Defensor de Derechos Humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello”.

Sobre las penas para el secuestro extorsivo, se considera como circunstancia de agravación punitiva:

Artículo 3°. Modifíquese el numeral 11 del artículo 170 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

(...) “11. Si se comete en persona que sea o haya sido periodista, dirigente comunitario, Defensor de Derechos Humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, política, étnica o religiosa o en razón de ello”.

Sobre el delito de amenazas:

Artículo 4°. Modifíquese el inciso 2º del artículo 347 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: “Si la amenaza o intimidación recayere sobre un miembro de una organización sindical legalmente reconocida, un defensor de Derechos Humanos, periodista o en un servidor público perteneciente a la Rama Judicial o al Ministerio Público o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función que desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte”.

Artículo 5°. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias*.

La ponencia para segundo debate del proyecto de ley 173 de 2010 (Senado) fue publicado en la Gaceta del Congreso 989.

En la justificación presentada en la ponencia, se afirma que en las recientes modificaciones al Código Penal no hay medidas expresas para darle un carácter especial a los periodistas y defensores de Derechos Humanos “por lo que se hace necesario que el Congreso de la República reconozca esa protección especial encaminada a contrarrestar las conductas punibles en contra de los bienes protegidos jurídicamente de los Defensores de Derechos Humanos y los periodistas”.

Agrega más adelante que “Los defensores de los Derechos Humanos así como los periodistas son los individuos que trabajan en una sociedad por reivindicar la condición misma de los seres humanos de esa sociedad, su papel es de vital importancia dentro del Estado Social de Derecho, pues son las voces que constantemente defienden las condiciones mínimas del género humano”.

Retomando la sentencia T-1191/04 de la Corte Constitucional, la ponencia señala que “Dada entonces la importancia en la configuración y funcionamiento del estado moderno, que tiene los Defensores de Derechos Humanos y los periodistas, y reconociendo a su vez la especial situación de riesgo en la que se encuentran, es necesario que el ordenamiento jurídico contemple una protección especial para a aquellos que ejercen estas actividades”.

Otras conductas que brindan especial protección penal a los periodistas en Colombia

Artículo 119. Circunstancias de agravación punitiva para el delito de lesiones personales.

Artículo 166. Circunstancias de agravación punitiva para el delito de desaparición forzada.

Artículo 179. Circunstancias de agravación punitiva para el delito de tortura.

Artículo 181. Circunstancias de agravación punitiva para el delito de desplazamiento forzado.

Escrito por Andrés Monroy Gómez

 @AndresMonroyG

* Texto del proyecto conciliado tomado de  http://www.mij.gov.co/eContent/newsdetailmore.asp?id=7662&idcompany=2

Imagen tomada de http://www.libertad-expresion.org.mx/noticias/el-narcotrafico-en-mexico-tambien-amenaza-a-periodistas-extranjeros/

“Fusil o Toga. Toga y Fusil”, un aporte a la verdad sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

El sacerdote jesuita Javier Giraldo presentó el 9 de septiembre el libro “Fusil o Toga. Toga y Fusil”, como un esfuerzo para que el mundo conozca la verdad sobre la violencia ejercida contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia). Los medios de comunicación y el aparato judicial no han sido efectivos a la hora de reivindicar la verdad de estas víctimas de la intolerancia.

 

Por: Andrés Monroy Gómez

Ante la vergonzosa lista de derechos fundamentales vulnerados a los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los mecanismos implementados para su silenciamiento, el 9 de septiembre de 2010 fue presentado ante un grupo de periodistas el libro “Fusil o Toga. Toga y Fusil”, del sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno. Según Giraldo, este libro registra “la historia del sufrimiento de una comunidad colombiana concreta, que ha optado por no dejarse involucrar en la guerra contra su voluntad y que ha sido objeto de los más brutales métodos de represión, dentro de un Estado que dice llamarse “Democrático” y “De Derecho” gracias a los patrones vigentes de encubrimiento de la realidad real”. Los dineros recolectados por la venta de los ejemplares de este libro serán destinados a la construcción del Parque Monumento a la Memoria de las Víctimas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

San José de Apartadó es una pequeña población del departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia. Su historia reciente está marcada por la agresiva reacción estatal y paramilitar, luego de la creación de la Comunidad de Paz. Esta respuesta a la violencia ejercida por los actores armados que se disputan los corredores estratégicos de la región, fue sugerida por el obispo Isaías Duarte.

La propuesta consistía en crear una comunidad neutral regida por los principios del Derecho Internacional Humanitario. De esta manera, los habitantes de esa zona que se resistieron al desplazamiento forzado elaboraron un reglamento que evidencia su determinación de no tomar parte activa del conflicto, impidiendo el paso de armas o la colaboración con cualquiera de los ejércitos enfrentados.

La reacción del ejército y los paramilitares se tradujo en bombardeos, retenes ilegales y masacres. Los asesinatos y toda clase de intimidaciones persisten, no sólo contra sus integrantes de la Comunidad de Paz, sino también contra quienes apoyan su labor, como el mismo sacerdote Giraldo. Uno de los hechos más dramáticos fue la masacre de ocho personas y la mutilación de sus cadáveres en febrero de 2005. Cuatro de las víctimas eran menores de edad. Por estos hechos fueron llevados a juicio 10 miembros de la Brigada XVII del ejército.

La lucha contra la estigmatización y la impunidad no ha contado con el apoyo necesario de los colombianos. La desinformación proveniente de las grandes empresas mediáticas e inclusive de las emisoras locales se combina con la responsabilidad del Estado colombiano frente a esta tragedia y la desatención de las acciones emprendidas desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Como muestra de la perversidad del discurso de la guerra, los integrantes de la Comunidad de Paz han sido acusados de colaborar con la guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Pero cuando son víctimas de asesinatos, se adjudica esa responsabilidad a las Farc. Sin embargo, hoy se conoce la alianza de los grupos paramilitares de derecha y el ejército para cometer estos homicidios. Por esto, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se enfrenta a la “toga” que criminaliza o al “fusil” que asesina.

Lucha contra las calumnias y la desinformación

”Al menos tres décadas de contacto directo con las víctimas me han llevado a la convicción profunda de que la verdad de los medios y la verdad judicial se ubican a enormes distancias de la verdad real y están infestadas por elevadas dosis de mentira”. Así expresa Javier Giraldo la manipulación mediática y la desinformación sobre lo que viene ocurriendo en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Diferentes medios de comunicación dieron amplia difusión a las acusaciones que desde los sectores oficiales se hacían en contra de los campesinos de la Comunidad. Sin embargo, al momento de probarse judicialmente la falsedad de estas acusaciones, los medios no ofrecieron la rectificación pertinente.

La prensa internacional no fue ajena al juego de la desinformación. En diciembre de 2009 The Wall Street Journal publicó el artículo “The FARC and the 'Peace Community'”. La reacción a ese artículo provino del propio sacerdote Giraldo y de diferentes organizaciones de derechos humanos, mas no del Estado ni de las grandes empresas mediáticas colombianas.

Algo que ya no sorprende pero sigue atemorizando, es el efecto de las declaraciones del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. En mayo de 2004 y marzo de 2005 Uribe acusó a la Comunidad de “obstruir la justicia; de rechazar la fuerza pública; de prohibir el comercio de artículos lícitos; de coartar la libertad de los ciudadanos residentes en la comunidad y de auxiliar, a través de [sus] líderes, patrocinadores y defensores, a las FARC “, declaraciones que fueron ampliamente difundidas en diferentes medios de comunicación. En aproximadamente 18 derechos de petición, le han suplicado a Uribe cesar la persecución de exterminio contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y restituirles la honra y buen nombre, “gravemente afectados por las calumnias que profirió por todos los medios masivos de información…, apoyándose en falsos testigos reclutados por la Brigada XVII”. Por las declaraciones de Uribe se abrió el expediente 1712 en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El pasado 17 de agosto, un Congreso mayoritariamente oficialista, decidió archivar el expediente, dejando libre de toda responsabilidad al ahora catedrático de la Universidad de Georgetown.

Estas situaciones impulsaron aún más la iniciativa del sacerdote Giraldo para publicar “Fusil o Toga. Toga y Fusil”. Durante la presentación del libro, Giraldo afirmó que espera que este libro sea un material de apoyo para los periodistas.

Derecho de acceso a la información

En medio de esta lucha contra la impunidad, uno de los logros de la Comunidad es obtener la garantía de su derecho de acceso a la información. Sin duda alguna, este precedente marcará la pauta en innumerables casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia.

Con la sentencia T-1025 de 2007, la Corte Constitucional colombiana señaló que es deber del Estado suministrar la información que posee y que se relaciona con los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Previamente Javier Giraldo había solicitado conocer los nombres de militares y policías que se encontraban en lugares determinados, fechas y horas precisas, para impulsar las investigaciones por los asesinatos a miembros de la Comunidad. Las Fuerzas Armadas negaron esta información, pero a través de este fallo de tutela se dio la razón a las peticiones de información.

Uno de los apartes de la sentencia asevera: “Independientemente de la cifra de homicidios que se elija, la conclusión en todo caso es que ha sido asesinado un importante porcentaje de los fundadores de la Comunidad. Esta situación es intolerable para un Estado que en su Constitución Política se ha comprometido con la vigencia y protección de los derechos de todas las personas”

Contextos o coincidencias.

El caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó merece un capítulo específico en la memoria de los colombianos y en la reflexión del mundo entero. La efectividad de las medidas internacionales de protección es un tema de necesaria evaluación. A pesar de la existencia de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la terquedad estatal sigue cobrando víctimas. Mientras tanto, la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional se dilata por asuntos presupuestales de este tribunal internacional.

Queda pendiente también la colaboración de los aparatos judiciales de otros países. La violencia contra la Comunidad de Paz fue financiada en parte por los aportes económicos hechos desde compañías bananeras como la multinacional Chiquita Brands y otras empresas privadas.

Por otra parte es urgente una profunda reflexión sobre el papel de los medios de comunicación y su influencia en la indiferencia de la opinión pública colombiana, frente a la tragedia de quienes no creen en las armas como instrumento de gobernabilidad.

A propósito de gobernabilidad y corriendo el riesgo de salir del tema central de este artículo, no se puede pasar por alto que ocho años después de la operación Orión en Medellín, se está fabricando el entramado para justificar una nueva incursión militar en las Comunas. ¿Acaso esta clase de iniciativas militares en Antioquia son la cuota inicial para garantizar la gobernabilidad en Colombia?

Mientras tanto, la ONU manifiesta su preocupación por la lentitud en la investigación por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

Es aún largo el camino a recorrer para que se garantice la independencia y transparencia total del aparato judicial y para que las fuerzas armadas cumplan el papel que la Constitución les asignó en la defensa del orden constitucional.

Bienvenido el libro del padre Javier Giraldo a esta lucha contra el olvido.

Enlaces de interés

Página de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

http://www.cdpsanjose.org/

Página de Javier Giraldo S.J.

http://www.javiergiraldo.org/

Compilación de videos

http://www.educarueca.org/spip.php?article624

Entrevista al padre Javier Giraldo S.J

http://www.semana.com/noticias-nacion/persecucion-san-jose-apartado-politica-estado-padre-javier-giraldo/144289.aspx

Compilación de artículos sobre la Comunidad de Paz

http://www.nodo50.org/tortuga/Comunidad-de-Paz-San-Jose-de

Audiencia Pública sobre Derechos Humanos en Comunidad de Paz de San José de Apartado Jun 17 2010

http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/comunidad-paz-san-jose-apartado-pide-justicia/140464.aspx

Participación de militares en masacre de Apartadó reconoció por primera vez oficial del Ejército

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4171150

Mapa tomado de www.soaw.org

¡Qué maravilloso oscurantismo!

"¡Qué maravilloso oscurantismo!
Godofredo Cinico Caspa"

Por "El Gato en el Tejado"

En la campaña para las elecciones presidenciales de 1990 tres proyectos políticos fueron destruidos: el Nuevo Liberalismo con el asesinato de Luis Carlos Galán, la U.P. con el asesinato de su segundo candidato presidencial Bernardo Jaramillo y la Alianza democrática M-19 con el asesinato de Carlos Pizarro LeónGómez: en las elecciones del 26 de mayo de 1990 sólo hubo un ganador: César Gaviria candidato unico del partido Liberal. A partir de allí, la política pasaría de un anhelo de transformación a una contabilidad de votos que llevaran a la Casa de Nariño personajes con intereses inconfesables.

Un personaje intentó reinventar la política desde otro ángulo. Nacido en las estibaciones de los cerros orientales de Bogotá, en el barrio la Perseverancia, de un matrimonio de clase media, Jaime Garzón mostró la vocación de insubordinar con la risa, un arma para penetrar la realidad del país, obligandonos a mirar nuestra historia sin la tentación paralizante y abstracta de otras ciencias.

Desde la Facultad de derecho de la Universidad Nacional y el sur de Bolivar como guerrillero, pensionado fulminantemente por Gabino, se había asomado a la historia, de Colombia un curso que completó en el Palacio de Nariño, cuando fue llamado por sus dones de imitador a darle colorido a los cócteles del Kinder de Gaviria. Hubiera sido una excentricidad de feria si no es porque Antonio Morales recordó sus chistes y llevó a un periodista al Sumapaz en 1988, para entrevistarlo como alcalde menor. Esa fue su primera aparición en tv. La segunda cuando se evadió de Palacio y se fue a la televisión, —artificio electrónico inventado por orden de Gobbels, ministro de propaganda de Hitler—, como cabeza de un programa llamado “Zoociedad”, el día de las brujas de 1990, un programa que enseñó a los colombianos a permanecer los domingos en la tarde en casa. Un antídoto contra la mala memoria, contra la mentira de los poderosos estucada de noticias televisiva, radiales y prensa. Allí en esa media hora empezaron a tomar vida los personajes que tratarían la psiquis atrofiada del país. No era tan casual que Zoociedad quisiera parecerse a un noticiero de televisión, esa vara de garrocha que recibían los delfines para encima de la siguiente generación de votantes.

La risa como arma infalible había sido probada en la edad Media por los Goliardos que la usaron con un noble fin: burlarse de todo para evitar el contagios de la oscuridad. Esa línea defensiva del universo popular y burlesco, tuvo una alta cuota en la obra de Rabelais: Gargantua y Pantagruel. Un maravilloso festín al humor, que mostró hasta dónde la Risa es un antídoto que inmuniza contra la epidemia de fuerzas que viven de aterrorizar a Colombia.

Garzón había tenido un antecesor en el humorista Néstor Humberto Martínez Salcedo: “El Maestro Salustiano Tapias”, quien desde su programa radial “la Tapa”, hacia reír oxigenando la memoria. A través de la caracterización de un personaje popular, del que fluía un poderoso encanto: hablaba como el pueblo, como los sencillos y gentiles. Por ello sufrió en la década de los 70’s, varios cierres por la censura, y llamados “amigables a la cordura”. Al pueblo no le gusta sufrir con recuerdos dolidos, prefiere reír, pero la risa puede llegar a ser una forma de no olvido del pasado, para no repetir la misma historia y eso enseñó el maestro Salustiano Tapias, maestro de obra que apareció además en el programa Sábados Felices vestido de overol, su pañuelo colgando del bolsillo de atrás y una cachucha torcida blandiendo el palustre de la conciencia nacional.

El personaje elegido por Garzón no fue un albañil, fue Néstor Heli, un lustrabotas que sentado en la calle Jiménez con séptima ve cruzar al abogado Godofredo Cínico Caspa camino al Capitolio a presentar una acción popular con una ley de honores a la Memoria al monstruo celeste: Laureano Gómez, al joven John Lenin —tomado de un personaje de la película la Cena del director Ettore Scola— con una pancarta con el Slogan “Jacqi go Home”, en medio del mare magum de universitarios que señalan el edificio de la casa editoral el Tiempo camino a la plaza de Bolívar y a Inti de la Hoz, una joven que navega en el cero infinito entre las galaxias de la moda y el femenismo universitario, camino al Mac Donalds que sirve de lápida funerario al sitio donde cayó “visiblemente impactado” el caudillo Jorge Eliécer Gaitán. Entrevistando desde el programa Lechuza de Caracol y el Noticiero Ciegos Mudos y Cia —mas reconocible por su sigla CM&— seres de carne y hueso: político, periodista, funcionario, reina de belleza o diva, como una lámpara de Aladino a la que frotaba no solo con su cepillo, sino con el encantamiento de su desdentada verdad proletaria.

Heriberto de la Calle se fue desdoblando a golpe de vulgaridad y el martilleo de su cepillo sobre la rodilla de sus invitados, rompiendo el cascarón de su personaje televisivos: una suerte de polígrafo frente al que desfilaron los personajes de la política Colombiana en 1997, un año preelectoral, buscando rehacer su credibilidad perdida por seis millones de dólares que narcotraficantes del Valle habían dado al partido liberal en la ventanilla de la campaña presidencial de 1994, para tener un puesto en la obra: “Edificio Colombia”.

Con lo que entendió Jaime Garzón de sus entrevistados y lo aprendido en el curso de historia se quitó el ropaje de lustrabotas, desempolvó de su armario la pinta de Johh Lenin y comenzó a trasegar los caminos de Colombia, buscando a los personajes que lo habían inspirado para invitarlos a una versión a escala nacional del almuerzo que organizaba los jueves en el barrio la Perseverancia: “El Gran Sancocho Nacional”, un slogan de la izquierda armada, utilizado en la búsqueda de la paz con Belisario para sentar a Colombia alrededor de una cena Pantagruesca que debería concluir en la Paz. Jaime Garzón tal vez olvidó invitar a alguien, o ese alguien estuvo demasiado indignado para escucharlo o pensó que no valía la pena ir pues ya había dado la orden a paramilitares de asesinarlo la mañana del 13 de agosto de 1999, en una solitaria avenida de Bogotá. Dejándonos una lista de invitados, unos ingredientes sin cocción y el ansia inmensa de olfatear los olores de una cena por la paz.

El Gato en el Tejado*

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*Artículo publicado con autorización expresa de su autor.

Fotografía: Andrés Monroy





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COLOMBIA: IMPUNIDAD TOTAL

Por: CÉSAR A. LUQUE F*.
08/04/09

El informe de la Unión Europea dice que el 97% de los delitos cometidos en Colombia quedan en la absoluta impunidad

Acaba de aparecer un informe de la Unión Europea sobre el estado de la justicia penal colombiana, documento en el que se evidencia que la impunidad hoy asciende al 97%, nivel que antes de entrar en vigencia el sistema penal, mal llamado, acusatorio, era uno igual de vergonzoso, pero inferior, del 95%, lo que demuestra el fracaso total del sistema penal colombiano, sin que aquellos que la dirigen siquiera se sonrojen, como el fiscal de “bolsillo” del Ejecutivo, Mario Iguarán Arana que termina este año su periodo, abriéndose la posibilidad de que sea elegido uno peor a él; el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, hermano del detenido Director de Fiscalías de Medellín por sus nexos con la banda paramilitar-narcotraficante de “Don Mario”, Guillermo León Valencia Cossio y el Consejo Superior de la Judicatura, lleno de magistrados de escasa altura jurídica, pero de altas calidades de manzanillos y politiqueros, tipo Ovidio Claros, Alfredo Escobar, Angelino Lizcano, etc.

El 1º de enero de 2005 entró en vigencia un sistema penal denominado por sus promotores, acusatorio, modelo impuesto por el gobierno de los EE.UU. para permitir que el país se pudiera sentar a la “mesa de negociación” del TLC, ya aprobado por el Congreso colombiano, pendiente para entrar en vigencia para acabar la economía nacional de la aprobación del Congreso del país del norte. Ese modelo de justicia que se adoptó, que se caracteriza por adelantar los procesos en forma oral, ante jueces vestidos de toga, donde la defensa debe costearse los elementos probatorios para salir adelante, y que la Fiscalía debe presentar ante un Juez las pruebas en busca de condenas, sin contar con verdaderos fiscales investigadores, ni investigadores, modelo complementado por la presencia de la Defensoría del Pueblo, que a través de la Defensoría Pública, hoy un foco de clientelismo político, debe suministrar defensor a quienes no tienen como pagar uno, hoy es un fiasco.

La promesa al reformar la Constitución Política para que se pudiera implementar este modelo penal fue la eliminación de la impunidad, pero los resultados contradicen lo que sostenía el entonces Fiscal General, Luis Camilo Osorio Isaza, padrino de bautismo del entonces presidente, Andrés Pastrana Arango, junto al otro padrino del mandatario, el Ministro de Justicia y el Derecho, Romulo González. El fiscal Iguarán después de haber sido viceministro del Interior y Justicia de Fernando Londoño Hoyos le correspondió ponerlo en práctica, tarea que fue incapaz de cumplir. Hoy el sistema únicamente sirve para llevar a la cárcel a ladrones detenidos en flagrancia (cometiendo el delito), quienes además no poseen por lo general con que costearse un defensor, quedando su defensa en manos de un defensor público, que en la mayoría de las veces le aconsejan acogerse a cargos, antes sentencia anticipada, donde no existe mayor actividad judicial, mientras que aquellos delitos que deben ser investigados por la Policía Judicial de mentiras que tenemos, quedan en la absoluta impunidad, ya que sin investigadores ni fiscales preparados, escasas veces pueden llevar al autor o participe de un delito ante un Juez para ser procesado y cuando lo hacen, sin el manejo adecuado de las pruebas, los jueces se ven en la imperiosa necesidad de desechar las acusaciones.

Una de las causas de que muchos fiscales no puedan sostener una acusación ante un Juez es su incapacidad profesional, la que quedó evidenciada en los resultados del concurso que se adelantó para proveer más de 18.000 cargos en la Fiscalía, ya que ese número de funcionarios estaban en interinidad, donde más del 70% de los fiscales perdió el examen de conocimientos, garantizando su salida de la institución, camino que fue evitado por una modificación que hizo el Congreso el año pasado a la Constitución Política por Acto Legislativo (reforma a la constitución), que por obra y gracia de esa norma, incorporó a la carrera judicial a esos fiscales faltos de conocimiento jurídico, lo que garantiza la mediocridad de esa institución, con el aplauso de los altos dignatarios de la justicia y el gobierno nacional.

En definitiva el 3% donde no hay impunidad se da en aquellos delitos en que sus autores son detenidos en flagrancia, que en su inmensa mayoría recae en personas de escasos recursos económicos. En los demás procesos campea la impunidad, impunidad en donde no entran los casos de los congresistas detenidos y condenados, donde el actor principal, por tener fuero, ha sido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya que si hubiera sido por la Fiscalía General no habría ninguno en la cárcel. No es sino ver el caso de Mario Uribe, el primo del presidente.

Los resultados del estudio aparecidos el pasado domingo en El Tiempo, son los siguientes, entre el 1º de enero de 2005 y mayo de 2008:

Casos conocidos por el sistema judicial: 1´408.101
Casos sin trámite: 612.671
Casos en trámite: 252.261
Casos terminados por las partes: 267.170
Casos terminados anticipadamente: 231.605
Sentencias condenatorias: 51.059
Sentencias absolutorias: 1.291
Casos traslados por competencia: 7.740

Nota destacada: Que el Alcalde de Bogotá haya prohibido que en los hospitales distritales se contraten Cooperativas de Trabajo Asociado, forma de esclavitud moderna.

Nota critica: La ciudadanía bogotana debería movilizarse contra la decisión del Alcalde de vender o privatizar, bajo el camuflaje de la búsqueda de un “socio estratégico” a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), patrimonio de los bogotanos, contrariando su promesa electoral de no venderla.

FIN -----------------

* Cesar Luque es abogado penalista y autor de varios artículos sobre actualidad judicial y democracia en Colombia.

Imagen tomada de: http://www.kaosenlared.net/media/5/5428_0_justicia_no_impunidad.jpg

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Condenado el Estado Colombiano a indemnizar a la familia de periodista asesinado por militares

Condenada la Nación por el crimen del colega Henry Rojas Monje, de Arauca

26/3/2009

Después de 12 años de batalla jurídica, finalmente el Consejo de Estado condenó a la Nación a indemnizar a los familiares del periodista Henry Rojas Monje, asesinado por militares en diciembre de 2001, mientras trabajaba en la Voz del Cinaruco de Arauca.

El pasado 19 de marzo, fue conocida la providencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Enrique Gil Botero. En este fallo se declara a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, patrimonialmente responsable de la muerte del periodista.

Este proceso administrativo tuvo un largo recorrido, luego de denunciarse la pérdida de la mayor parte del expediente, durante su traslado a Bogotá, tras ser apelado el fallo del Tribunal Administrativo de Arauca en 1997. En noviembre de 2005, las autoridades judiciales ordenaron su reconstrucción.

El Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP, envió esta información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, debido a la demora en la decisión administrativa. Ceso-FIP consideró que con la demora, se vulneraba el derecho a la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, en este caso, de la familia del colega asesinado por miembros de la fuerza pública.

Es importante resaltar que, en agosto de 2007, en el marco del programa de ayuda humanitaria a familias de periodistas asesinados, la Federación Internacional de Periodistas, FIP, y la Fundación Vintu por la Excelencia en Educación y Periodismo, otorgaron ayuda económica por un año a Hilda Rojas, viuda del colega asesinado.
La solicitud fue hecha por la Corporación de Periodistas de Arauca, COPAR, afiliada a la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, organización que representa a más de 1.300 colegas en 20 departamentos del país.

“Ninguna suma podrá recuperar la vida de nuestro colega cobardemente asesinado por soldados del Ejército Nacional, pero la reparación a su familia era una obligación moral del Estado que deja sentado un importante precedente para casos similares”, declaró Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. “Con este fallo del Consejo de Estado, se abre el camino al fin de la impunidad de los crímenes de periodistas, la más alta del mundo después de Irak.”

Resumen de los hechos: un viacrucis jurídico para conseguir justicia

Henry Rojas Monje, fue asesinado cuando llegaba a su casa en Arauca, por dos soldados profesionales de la Brigada XVIII del Ejército, Wilson Daza Rozo y José Alberto Cristiano Riaño, en presencia de su hijo de 2 años, el 28 de diciembre de 1991. Los autores materiales de este homicidio fueron detenidos el día siguiente, cuando pretendían regresar a la base militar del municipio de Saravena. El soldado Daza, quien le disparó a Henry, fue posteriormente víctima de tres atentados mientras cumplía su sentencia en Cúcuta, Norte de Santander. En uno de los atentados dentro de la cárcel, perdió la visión.

En 1997 fue apelado el fallo del Tribunal Administrativo de Arauca, pues los familiares de Henry, consideraron que con esa sentencia no había una reparación integral. Posteriormente, demandaron a la Nación y, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Arauca, falló a favor, en febrero de 1997, pero el Ministerio de Defensa apeló esta decisión. La siguiente instancia se tramitó desde el Consejo de Estado, por lo que el expediente debía trasladarse a Bogotá.

Durante el trámite de la apelación proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, la familia del colega denunció la desaparición las pruebas, un paquete con documentos que pesaba más de 6 arrobas. Poco tiempo después, las autoridades judiciales ordenaron su reconstrucción.

En enero de 2001, la Secretaría de la Sección Tercera dispuso “la incorporación al expediente de todos los documentos aportados durante la diligencia de reconstrucción del mismo y, por consiguiente, tenerlo por reconstruido”. Seis años después, el expediente reconstruido fue remitido al despacho del consejero ponente.

El 8 de agosto de 2007, el Consejero Enrique Gil Botero es encargado de este proceso. El 10 de agosto, el expediente entró al despacho del nuevo consejero ponente para ser fallado, previo trámite de las pruebas de oficio, que se ordenaron el 3 de octubre de 2007. El 7 de marzo de 2008 nuevamente entra el expediente al despacho del consejero.

El 29 de agosto de 2008, el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP, envió comunicación sobre este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH. Y el 1 de septiembre, presentó solicitud de intervención a la Procuraduría General de la Nación.

El 11 de septiembre de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió a Ceso-FIP, sobre la recepción de la comunicación acerca del caso del periodista Henry Rojas.

El 19 de marzo de 2009 se notifica la providencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, declarando patrimonialmente responsable al Estado por el asesinato del periodista Henry Rojas Monje.

Para ver los artículos de prensa relacionados con el caso del periodista Henry Rojas presione aquí

Artículo tomado de:

http://www.fipcolombia.com/noticiaAmpliar.php?noticia=3304

FIN DEL ARTÍCULO

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Deutsche Welle: Teatro absurdo

El proceso contra los presuntos implicados en el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya comprueba que Rusia aún no cumple las condiciones de un Estado democrático de derecho.

Tras la liberación de los acusados en el caso del asesinato de la periodista rusa Anna Politkovskaya, el Nesawissimaja Gaseta, de Moscú, comenta: “Tras dos largos años de investigaciones, los órganos de la justicia rusa han demostrado su incapacidad para resolver el crimen político más grave de los últimos años. Todo este tiempo, la fiscalía aseguró tanto a los políticos como a los ciudadanos que tenía pruebas incontrovertibles que conectaban a los indiciados con el homicidio. Al final sólo se multiplicaron las dudas y la propia fiscalía fabricó una versión tras otra. Pero los ciudadanos rusos aún no comprenden lo esencial: sin protección para los periodistas, los derechos civiles caen en una doble indefensión.”

No es un país cualquiera

En Italia, el periódico La Repubblica comenta el asunto en los siguientes términos: “No tenemos seguridad de que los cuestionamientos formulados por la Politkovskaya contra el núcleo del poder hayan sido su sentencia de muerte. Pero sabemos que en Rusia de cuando en cuando es asesinado un periodista incómodo. No es un país cualquiera. En otros lugares los periodistas no reciben tiros en el corazón o en la cabeza. Tampoco se responde a estos acontecimientos con el solo comentario de que se trataba de una persona irrelevante para la sociedad.”

Jamás lo sabremos

El Neue Zürcher Zeitung, de Suiza, dice: “Probablemente jamás se esclarezca el trasfondo de este crimen sangriento, como tampoco el envenenamiento del ex agente de la KGB Alexander Litvinenko o los disparos mortales sobre el abogado de derechos humanos Stanislaw Markelow. En los antiguos Estados comunistas prevalecía la ‘justicia por teléfono': el Partido dictaba el curso de las investigaciones, la fundamentación jurídica y, finalmente, la sentencia. En la Rusia pos-soviética no se llega a tanto, pero es un hecho que no se ha llevado a cabo una reforma integral de la justicia. Los principios del Estado de derecho aún no están plenamente vigentes en Rusia.”

Teatro absurdo

En Alemania, el Kölner Stadt Anzeiger editorializa así: “El proceso contra los presuntos asesinos de la periodista no fue más que un teatro absurdo. Por lo menos el final fue sorpresivo: de manera valiente e inteligente, el jurado castigó las argucias de la parte acusadora con sendas declaraciones de libertad por falta de pruebas. El caso no ha detenido a periodistas críticos que aún arriesgan sus vidas. Quizá su trabajo no sea castigado con la muerte sino con la prisión. Quizá la vida de Anna Politkovskaya no fue ofrendada en vano.”

Falsas acusaciones

Finalmente, el Frankfurter Allgemeine hace el siguiente análisis: “Fueron llevados ante la corte dos hermanos chechenos y un policía de Moscú que estaban presuntamente implicados en estos acontecimientos. El autor material, según esta hipótesis, era otro hermano de los chechenos que supuestamente se había fugado al extranjero. Todo llevaba la marca de un proceso que servía como coartada. El que el jurado haya declarado inocentes a los acusados cabe perfectamente en esta trama.”

el/mb

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Artículo tomado de: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4044073,00.html

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COLOMBIA: Al fin condenan a un autor intelectual

Fuente: http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/X/x2la_vida_de_un_periodista_aun_sin_valor/x2la_vida_de_un_periodista_aun_sin_valor.asp?CodSeccion=22

Al fin condenan a un autor intelectual

El 20 de septiembre de 2007, Giovani Alvarez, quien de lunes a viernes salía al mediodía de la emisora en la que hacía su programa radial en Sabanalarga, Atlántico, no llegó a su casa a almorzar. Llamó a su esposa y le dijo que viajaría a Barranquilla.

El ex alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila, deberá pagar 28 años de cárcel por el asesinato de Emeterio Rivas.

Informe sobre Impunidad de asesinatos de periodistasEl 20 de septiembre de 2007, Giovani Alvarez, quien de lunes a viernes salía al mediodía de la emisora en la que hacía su programa radial en Sabanalarga, Atlántico, no llegó a su casa a almorzar.

Llamó a su esposa y le dijo que viajaría a Barranquilla. Hoy le agradece a Dios haber tomado esa decisión porque a las afueras de su residencia lo esperaban para matarlo.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa , Flip, Álvarez es uno de los 32 periodistas colombianos que tuvieron que salir de su lugar de origen entre 2004 y 2008 por amenazas contra su vida, producto de su oficio. Sin embargo, otros como Amparo Jiménez ya no tienen la oportunidad de contar su historia.

El 11 de agosto de 1998, Jiménez fue asesinada en su casa luego de llevar a su hijo al colegio. La profesional era corresponsal en Valledupar de los noticieros de televisión Q.A.P. y En Vivo, y coordinadora de la organización no gubernamental Redepaz. Un sicario le propinó tres disparos en la cabeza.

Por este hecho, el 20 de junio de 2002 el paramilitar Libardo Prada Bayona fue sentenciado a 37 años y 8 meses de cárcel por homicidio agravado. Hoy se encuentra encarcelado, pero todavía se deconoce quién le pagó por el crimen.

Un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, dice que Amparo Jiménez había sido amenazada por militares y paramilitares por tener en su poder un material grabado que contenía denuncias sobre el desalojo de 170 familias que ocupaban los predios de una hacienda, propiedad del ex congresista y ex embajador Carlos Arturo Marulanda.

Del hecho sólo quedan los recuerdos de una gran mujer, entregada a su familia y a su profesión y

presunciones de los que pudieron haber participado en el crimen. Nada más.

En 2001, Marulanda fue capturado por otros cargos en España, y aún se investiga la participación en el homicidio del grupo ‘Los Chamizos’ y del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, del Bloque Resistencia de las autodefensas.

Desconcierto.

Las cifras de crímenes contra los periodistas son preocupantes: un informe de la Flip indica que entre 1977 y 2007 fueron asesinados en el país 136 comunicadores y que, pese a lo dramático de semejante cifra, no hay condenas contra ningún autor intelectual. Pero una excepción confirma la regla:

La semana pasada, una jueza sentenció a 28 años y cuatro meses de cárcel al ex alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila, por el homicidio del periodista José Emeterio Rivas, director de la emisora comunitaria ‘Calor Estéreo’, hallado el 6 de abril del 2003 en un paraje rural entre Barracanbermeja y Bucaramanga.

Juan Pablo Ariza, candidato al concejo municipal de esa ciudad, y el político Abelardo Rueda Tobón, también fueron condenados a 26 años y cuatro meses de cárcel.

La libertad de prensa es patrimonio constitucional y su defensa es deber de la sociedad entera, así lo entendió la juez en este caso.

La muerte de Jaime Garzón

El 13 de agosto de 1999, el reconocido periodista y humorista Jaime Garzón recibió 6 disparos, cuatro en la cabeza y dos en el cuello, cuando se dirigía a la emisora Radionet donde tenía un espacio en un noticiero. Salió muy temprano en la mañana en su camioneta, se estacionó a esperar que el semáforo cambiara de luz, y de repente aparecieron dos sujetos en una motocicleta, quienes le propinaron los disparos.

Casi diez años después del asesinato, no hay ninguna persona capturada. Juan Pablo Ortíz Agudelo y Edilberto Sierra, detenidos preventivamente como presuntos autores materiales del homicidio, fueron juzgados y absueltos. El 10 de marzo de 2004 se dictó la única condena en este proceso: el ex jefe paramilitar Carlos Castaño, quien habría sido asesinado por miembros de las autodefensas, fue condenado a 38 años de cárcel. El 9 de mayo de 2008, el desmovilizado paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, señaló que el autor material del crimen de Garzón fue Carlos Castaño.

Amenazas

El periodista Emeterio Rivas era el director del programa de Investigación contra la Corrupción Administrativa en Barrancabermeja. Rivas había recibido amenazas por denunciar presuntas irregularidades en la contratación de Barrancabermeja a favor de los paramilitares de la zona.

CIFRAS

Los autores .Un informe de la Flip señala que en la mayoría de los casos los presuntos autores de los crimenes son narcotráficantes, paramilitares y las guerrillas del ELN y las Farc.

Giovani Alvarez .“Extraño mi tierra y mi hijo mayor, quien todavía vive en Colombia, porque el país que me acogió no lo recibía por su mayoría de edad. No regresó allá porque nadie garantiza que estaré a salvo. Estaba dedicado a ayudar a la gente a través de mi oficio, pero las cosas terminaron mal”.

Asesinados

La impunidad le hace más daño al periodismo que las balas: SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destaca la decisión de la Juez Primera Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, Nelly Vallejo Aranda, quien condenó al ex alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila Torres, a 28 años y 4 meses por el crimen contra el reportero José Emeterio Rivas.

Además, considera que “se trata de un hecho muy significativo porque, por primera vez en mucho tiempo, se condena al autor intelectual de un crimen contra un periodista”.

Y es que, en efecto, la peor enemiga de los periodistas en Colombia es la impunidad, ya que ha cubierto con su manto a muchos de los autores intelectuales de estos homicidios, lo que le ha dejado la puerta abierta a otros para que cometan los mismos crímenes.

Por ello el presidente de la SIP, el periodista colombiano Enrique Santos Calderón, hasta hace poco director de El Tiempo y hoy convertido en consejero de Contenido de dicho diario, resaltó, además, “el mensaje que el Poder Judicial colombiano está enviando en este caso para ir erradicando la impunidad, que ha sido por muchos años el generador de violencia”.

La Fundación para la libertad de Prensa, Flip, también celebra la condena. La Fundación señala que la decisión judicial constituye un pequeño, pero importante avance en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas.

De igual forma, hace un llamado a las autoridades que actúen con la misma eficacia y voluntad en los demás procesos pendientes.“En muchas de éstas existe información suficiente para hallar a los responsables de estos hechos”, dice.

Y no es para menos, puesto que el panorama es muy desalentador a la hora de hablar de libertad de prensa en Colombia.

Según un informe de la Flip, el cual analiza la impunidad en las investigaciones contra los asesinatos a periodistas, entre 1992 y 2006, encontró que de los 98 crimenes cometidos en ese período, 22 permanecen en etapa preliminar o de investigación, mientras seis fueron suspendidos por faltas procesales o precluidos, seis fallos absolvieron a los sindicados y tres de ellos terminaron con condenas.

FIN DEL ARTÍCULO

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Investigación periodística revela que la mayoría de asesinatos de periodistas quedan impunes

Fuente: http://www.fipcolombia.com/noticiaAmpliar.php?noticia=2874




Investigación periodística revela que la mayoría de asesinatos de periodistas quedan impunes

22/12/2008

COMUNICADO DE PRENSA - COLOMBIA

Investigación periodística revela que la mayoría de asesinatos de periodistas quedan impunesFUENTE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Miami (SIP/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP: Investigación periodística en Colombia revela estado de los procesosjudiciales de asesinatos contra periodistas en 15 años Miami (19 de diciembre de 2008) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llamó hoy la atención sobre la impunidad en la que han caído la gran mayoría de los asesinatos de periodistas registrados en Colombia durante los últimos 15 años.

Una investigación a cargo de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP en Colombia determinó no solo que un 70 por ciento de los asesinatosvinculados a la profesión de periodismo están en la impunidad, sino queningún autor intelectual ha sido condenado y encarcelado. Diana Calderón, periodista investigativa de la URR en Bogotá, encontró quede los 127 asesinatos cometidos contra periodistas entre 1993 y el 2008, 57 estuvieron vinculados al ejercicio profesional, mientras que 49 se debieron a causas ajenas a la actividad periodística. En 21 casos aún está por establecerse el móvil.Calderón indagó el proceso que han seguido en el sistema judicialcolombiano los crímenes contra periodistas ocurridos desde hace 15 años.Según el estudio, se han presentado sentencias absolutorias en 19,2 porciento de los casos. En una nota periodística que acompaña al documento sobre los procesosjudiciales, "Radiografía del crimen contra periodistas en Colombia, 1993-2008: 15 años", se retomó, entre otros, el caso del periodista de radio, Gustavo Ruiz Cantillo, asesinado el 15 de noviembre de 2000 en aparente represalia por sus denuncias sobre la violencia de grupos paramilitares.El caso fue archivado en el 2003 y luego de que la URR realizara una investigación periodística en el 2006, la SIP solicitó su reactivación.

Desde entonces avanza en la justicia, lo que demuestra que "es posibleromper el círculo de la impunidad". La SIP, a través de su proyecto Contra la Impunidad, pone a disposición del público este material para su difusión.

El material se puede acceder en la página:

http://www.impunidad.com/index.php?procesosu=3&idioma=sp

Para mayor información sobre el caso Cantillo, ver:

http://www.ifex.org/es/content/view/full/95763

Imagen tomada de

http://www.elgusanodeluz.com/imagenes/ediciones/2008/04/no_impunidad.jpg