Declaraciones del Vicepresidente de la FIP sobre periódico La Nación (Chile)

Campaña mundial de solidaridad con periodistas y trabajadores del Diario La Nación en Chile from FEPALC on Vimeo.

Proyecto de ley sobre seguridad social de periodistas en Colombia

Mediante un proyecto de ley se busca recuperar las ventajas en materia pensional que conlleva catalogar al periodismo como profesión de alto riesgo.

Según el Proyecto de ley No. 233 de 2010 (Senado) "Por la cual se reforman algunas Disposiciones del sistema general de pensiones, previstos en las leyes 797 de 2003, y 100 de 1993, y se dictan otras disposiciones" los periodistas merecen unas medidas especiales en el tema pensional, debido al riesgo de este ejercicio profesional en Colombia.

El autor del proyecto es el Senador Luis Fernando Duque García (Partido Liberal), y fue publicado en la Gaceta 28 de 2010.

Los ponentes son los senadores Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático Alternativo) y Jorge Eliécer Ballesteros (Partido de la U).

La ponencia para primer debate fue publicada en la Gaceta 332 de 2010 y la del segundo debate en la Gaceta 725 de 2010.

El proyecto fue aprobado en plenaria del Senado el 1 de diciembre de 2010. Restan los debates en la Cámara de Representantes.

GACETA DEL CONGRESO 725

01/10/2010

Ponencia para Segundo Debate al Proyecto de Ley 233 de 2010 Senado.

"por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones, previsto en las Leyes 797 de 2003 y 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones"

Bogotá D. C., septiembre 28 de 2010

(...)*

 

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 233 DE 2010 SENADO

por la cual se dictan normas sobre el régimen especial de pensiones de invalidez, de sobrevivientes y de vejez para periodistas.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Las personas amparadas por las normas del Capítulo II, Régimen Especial de Pensiones de Invalidez de Sobrevivientes y de Vejez para Periodistas. Artículos 9° y siguientes del Decreto 1281 de 1994, con vigencia prorrogada por el régimen de transición previsto en el artículo 6° del Decreto 2090 de 2003, podrán acceder a las mismas si a 28 de julio de 2003 tenían cuatrocientas sesenta y ocho (468) semanas de servicios cotizadas.

Parágrafo. Cuando las personas previstas en el artículo anterior cumplan con las semanas de cotización mínimas exigidas podrán acceder a la pensión especial de periodista así cumplan la edad exigida en el Decreto 1281 de 1994 con posterioridad a la expedición del Decreto 2090 de 2003.

Artículo 2°. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de periodistas. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad que se disminuirá en un (01) año por cada sesenta (60) semanas adicionales a las primeras mil (1.000) sin que la edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

Parágrafo. Para efectos del reconocimiento de la pensión especial de periodista el tiempo de cotización a considerar es el que se acredite como desempeñado en la actividad de periodista, bien en el sector privado, como en el público, con las certificaciones de ley correspondientes.

Artículo 3º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Gloria Inés Ramírez Ríos,

Jorge Eliecer Ballesteros,

Senadores de la República, Ponentes.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA

* Si desea el texto completo de la ponencia para segundo debate puede consultarlo en la página de la Gaceta del Congreso http://www.secretariasenado.gov.co/gacetadelcongreso.htm o solicitarlo al correo electrónico ddhhenlasnoticias@gmail.com

** Imágen tomada de http://www.abc.es/blogs/elpuntoes/public/post/opositando-a-guru-168.asp

Se refuerza la protección penal a periodistas en Colombia.

A un paso de convertirse en ley de la República se encuentra la modificación al Código Penal, con la que se aumenta a treinta años el lapso de prescripción para los delitos de homicidio cometido contra periodistas y defensores de Derechos Humanos. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso de la República y está pendiente de la sanción presidencial.

En la ponencia para el último debate en el Senado, presentado por Luis Fernando Velasco Chaves, se incluye como circunstancia de agravación punitiva para el delito de “amenazas”, el que éstas se comentan contra periodistas y defensores de Derechos Humanos. Este delito está definido como “El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella”.

Finalmente, el proyecto de ley aprobado por el Congreso incluye a los defensores de Derechos Humanos, junto con los servidores públicos, periodistas, jueces de paz y miembros de organizaciones sindicales, como personas con especial protección frente a los delitos de homicidio y secuestro extorsivo.

A continuación se transcribe el proyecto de ley aprobado por el Congreso, resaltándose las modificaciones.

TEXTO CONCILIADO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 173 DE 2010 SENADO, 290 DE 2010 CÁMARA

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el inciso 2º del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: “El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical legalmente reconocida, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años”.

Circunstancias de agravación punitiva para el delito de homicidio

Artículo 2°. Modifíquese el numeral 10 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

(...) “10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, Defensor de Derechos Humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello”.

Sobre las penas para el secuestro extorsivo, se considera como circunstancia de agravación punitiva:

Artículo 3°. Modifíquese el numeral 11 del artículo 170 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

(...) “11. Si se comete en persona que sea o haya sido periodista, dirigente comunitario, Defensor de Derechos Humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, política, étnica o religiosa o en razón de ello”.

Sobre el delito de amenazas:

Artículo 4°. Modifíquese el inciso 2º del artículo 347 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: “Si la amenaza o intimidación recayere sobre un miembro de una organización sindical legalmente reconocida, un defensor de Derechos Humanos, periodista o en un servidor público perteneciente a la Rama Judicial o al Ministerio Público o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función que desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte”.

Artículo 5°. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias*.

La ponencia para segundo debate del proyecto de ley 173 de 2010 (Senado) fue publicado en la Gaceta del Congreso 989.

En la justificación presentada en la ponencia, se afirma que en las recientes modificaciones al Código Penal no hay medidas expresas para darle un carácter especial a los periodistas y defensores de Derechos Humanos “por lo que se hace necesario que el Congreso de la República reconozca esa protección especial encaminada a contrarrestar las conductas punibles en contra de los bienes protegidos jurídicamente de los Defensores de Derechos Humanos y los periodistas”.

Agrega más adelante que “Los defensores de los Derechos Humanos así como los periodistas son los individuos que trabajan en una sociedad por reivindicar la condición misma de los seres humanos de esa sociedad, su papel es de vital importancia dentro del Estado Social de Derecho, pues son las voces que constantemente defienden las condiciones mínimas del género humano”.

Retomando la sentencia T-1191/04 de la Corte Constitucional, la ponencia señala que “Dada entonces la importancia en la configuración y funcionamiento del estado moderno, que tiene los Defensores de Derechos Humanos y los periodistas, y reconociendo a su vez la especial situación de riesgo en la que se encuentran, es necesario que el ordenamiento jurídico contemple una protección especial para a aquellos que ejercen estas actividades”.

Otras conductas que brindan especial protección penal a los periodistas en Colombia

Artículo 119. Circunstancias de agravación punitiva para el delito de lesiones personales.

Artículo 166. Circunstancias de agravación punitiva para el delito de desaparición forzada.

Artículo 179. Circunstancias de agravación punitiva para el delito de tortura.

Artículo 181. Circunstancias de agravación punitiva para el delito de desplazamiento forzado.

Escrito por Andrés Monroy Gómez

 @AndresMonroyG

* Texto del proyecto conciliado tomado de  http://www.mij.gov.co/eContent/newsdetailmore.asp?id=7662&idcompany=2

Imagen tomada de http://www.libertad-expresion.org.mx/noticias/el-narcotrafico-en-mexico-tambien-amenaza-a-periodistas-extranjeros/

¿Cómo evitar que el periodista perro guardián acabe convertido en perro faldero?

Discurso de María Elvira Samper al recibir el premio a la vida y obra de un periodista.

"Antes que yo, por aquí debería haber pasado mi mamá, Lucy Nieto de Samper, con más de 50 años en el oficio y quien a punta de teclear en una máquina de escribir Olivetti nos educó a sus cinco hijos, huérfanos de padre muy temprano en la vida.

A ella, heredera de una tradición que lleva el periodismo en la sangre, y a mi hijo Andrés, a quien mi necesidad de trabajar lo privó muchas veces de mi presencia, les dedico este reconocimiento.

Llegué al periodismo sin proponérmelo. Rebelde sin causa, no quería ser ni la hija de Lucy, ni la nieta de LENC, Luis Eduardo Nieto Caballero, un nombre que nada dice a las nuevas generaciones pero que hace parte de la historia del periodismo colombiano, un hombre que en la defensa de la democracia, de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa, sufrió la cárcel y la censura. Fue codirector de El Espectador al lado de don Luis Cano y fue también columnista y colaborador de El Tiempo durante 40 años, hasta su muerte un mes antes de la caída de la dictadura del general Rojas Pinilla.

Cuando en 1955 el régimen militar ordenó cerrar El Tiempo porque su director, don Roberto García-Peña, abuelo de mi colega Rodrigo Pardo, rehusó hacer una rectificación que no consideró pertinente, el mío se negó a callar y acudió a las cartas para denunciar la corrupción y los abusos de la dictadura, exigir justicia y protestar por la censura. Dirigidas al General, las entregaba personalmente en las puertas de Palacio y, mimeografiadas, circulaban luego de mano en mano. Sus luchas políticas, basadas en sus profundas convicciones de librepensador e inspiradas en su vocación de servicio al país, las libró siempre con la más noble y limpia de las armas: la pluma.

Hago esta introducción con sabor a nostalgia para honrar esa herencia que me enorgullece y que me dejó la lección de mi vida personal y profesional: los principios no se negocian ni por poder, ni por círculo político, ni mucho menos por dinero. Esta ha sido mi carta de navegación en un oficio en el que maduré y estoy envejeciendo gracias a todos aquellos que alguna vez me dieron oportunidades y abrieron espacios: Jaime Soto, Felipe López, Plinio Mendoza, Fernando Gómez Agudelo, Juan Gossaín…También a las decenas de periodistas con los que he trabajado en prensa, radio y televisión, y a ese puñado de colegas amigos con quienes, no hace muchos años, emprendimos quijotescas aventuras periodísticas: María Isabel Rueda, Ricardo Ivila, Pilar Calderón, Roberto Pombo, Enrique Santos, Mauricio Vargas, Édgar Téllez y, ni más ni menos, que Gabriel García Márquez, inspiración y aliento en el noticiero QAP y en los años en que hizo parte de la revista Cambio.

 

Han sido décadas turbulentas y los periodistas, no siempre bien preparados, no siempre con tiempo para profundizar, para estudiar nuestra propia historia y entender por qué somos como somos y nos pasa lo que nos pasa, nos hemos visto enfrentados a múltiples violencias, a complejos procesos de negociación con organizaciones armadas, al ingreso de los grupos económicos a los medios de comunicación, a enormes escándalos de corrupción pública y privada, rodeados de trampas, amenazas, presiones y talanqueras a la libertad de prensa... Difícil, entonces, no mirar atrás ahora que este premio me obliga a reflexionar sobre mi vida en los medios. Difícil no describir, aunque sea a grandes brochazos, las distintas encrucijadas que hemos enfrentado y en las que los periodistas han dejado una alta cuota de sangre.

En los albores de los años 80, consciente de que si bien el Frente Nacional había puesto fin a la violencia entre liberales y conservadores también había creado dos monstruos, las guerrillas y la represión militar. Belisario Betancur promovió el diálogo con la subversión. La actitud de total respeto por la libertad de prensa que asumió el Presidente, quien llegó a decir que prefería una prensa desbordada a una prensa censurada, significó un punto de quiebre para el periodismo que, sobre todo en radio y televisión, había estado sometido al control de la información sobre el conflicto que ejercía el gobierno del “estatuto de seguridad” de Turbay Ayala.

Sentimos que nos habían soltado la rienda y en parte por falta de preparación, en parte por ingenuidad y exceso de optimismo, caímos en la tentación de conceder demasiado protagonismo a los jefes guerrilleros que aún conservaban cierto aire de romanticismo revolucionario.

Tanta visibilidad irritó a los enemigos de los diálogos y desató una polémica sobre los límites y responsabilidades de la prensa, y los peligros que entrañaba para el equilibrio informativo el llamado “síndrome de la chiva”. García Márquez terció en la controversia y en el prólogo del libro La guerra por la paz, un compendio de columnas que Enrique Santos Calderón había escrito sobre el proceso, dijo que la opinión pública, que debía ser el árbitro final del debate, “había quedado reducida a la condición de pobre señora sentada en medio de un ventisquero de informaciones contradictorias, en el cual era imposible saber, sin lugar a dudas, dónde estaba la verdad”.

Fuimos los periodistas idiotas útiles, chivos expiatorios o víctimas del doble discurso oficial, que desde el ejecutivo concedía estatus político a los guerrilleros y desde la cúpula militar hablaba de bandoleros.

Los interrogantes quedaron abiertos y volvieron a surgir durante las conversaciones de Caracas y Tlaxcala en el gobierno de César Gaviria, y en las negociaciones del Caguan durante la administración de Andrés Pastrana. Para ese momento, al menos la prensa escrita había aprendido algunas lecciones: varios medios crearon Unidades de Paz o abrieron espacios de discusión con expertos, en un esfuerzo para comprender los hechos más allá de la coyuntura, para mirar la negociación a la luz de otras negociaciones de conflictos internos y aportar elementos de juicio a los lectores.

No hicieron lo mismo los noticieros de radio y televisión que, sometidos al rating, impusieron un periodismo sensacionalista que daba prioridad a situaciones dramáticas -tomas de pueblos, cilindros-bombas contra alcaldías y estaciones de Policía, enfrentamientos, expresiones de dolor de las víctimas-, sin duda hechos noticiosos que no podían dejar de ser cubiertos, pero que terminaron por hacer mucho ruido y desviaron la atención de avances, apenas visibles para los analistas del conflicto.

No hemos salido en general bien librados en el cubrimiento de los diálogos con la subversión, y por varias razones: por falta de más análisis y crítica, y de más independencia de las voces oficiales, y por la dificultad para superar la condena visceral de la barbarie de la guerrilla, de todas maneras lógica, que nos impidió ver más allá y entender que los caminos de la paz son terreno minado. Contribuimos a crear falsas expectativas y confusión en la opinión. Ayudamos, sin proponérnoslo, a impulsar el péndulo que, según la coyuntura, se ha movido del entusiasmo por la paz al entusiasmo por la guerra.

La época del narcotráfico y su ofensiva violenta contra el Estado durante las administraciones de Virgilio Barco y César Gaviria, nos enfrentaron a una de las más dramáticas situaciones de nuestra historia reciente. Si al comienzo del Gobierno Betancur la lucha contra las drogas no había sido prioridad, el asesinato de su ministro de Justicia Rodrigo Lara, por orden del cartel de Medellín, fue un punto de inflexión definitivo.

 

Los carteles comenzaban a marcar su territorio con sangre y fuego, y convencidos de que por el camino de la violencia podían acorralar al Estado y recuperar la senda de la negociación que había fracasado en el Gobierno Betancur, intensificaron la ola de atentados, amenazas, y asesinatos de magistrados, jueces, policías, funcionarios, periodistas…Fue la dictadura del miedo: la consigna era silenciarnos o corrompernos. Algunos sucumbieron a la tentación, pero en general los periodistas nos convertimos en blanco y en trinchera.

El asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano, nos llevó a convocar una marcha nacional para rechazar el crimen y defender la libertad de prensa. Multitudinaria en todas las ciudades, fue la expresión de un país conmocionado hasta los tuétanos. Hicimos también un paro informativo, 24 horas sin noticias, para crear un espacio de reflexión sobre lo que significaba el silencio de los periodistas.

No estábamos dispuestos a aceptar la mordaza que los carteles pretendían imponernos, y para autoprotegernos organizamos luego un pool de medios que aportaron sus unidades investigativas y designaron a un puñado de periodistas, del cual hice parte, para preparar informes sobre esas organizaciones criminales. Adaptados a radio, prensa y televisión fueron divulgados en forma simultánea durante tres meses cada 15 días. Nos reuníamos en diferentes lugares, en distintos días y horas de la semana, pero nos descubrieron y las reiteradas amenazas nos obligaron a suspender las reuniones.

No obstante, la campaña causó gran impacto y permitió que la opinión conociera las dimensiones del monstruo. La sociedad empezó a darse cuenta de que la violencia no solo era de la guerrilla, que también era del narcotráfico y de los paramilitares, que escalaban la guerra sucia contra la UP, financiados por la droga y apoyados por miembros de la fuerza pública y sectores políticos de extrema derecha.

Fue la época de las peores masacres, de los secuestros de Andrés Pastrana y Álvaro Gómez, de una nueva iniciativa de paz, de esa ofensiva violenta que alcanzó su máxima expresión con el magnicidio de Luis Carlos Galán, del restablecimiento de la extradición por vía administrativa, del narcoterrorismo en las ciudades, del asesinato de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Los periodistas nos debatíamos entre el miedo y la incertidumbre, nunca sabíamos si íbamos a volver vivos a nuestras casas.

La campaña presidencial había sido la más violenta y trágica de la historia. Todo parecía excluir cualquier posibilidad de un acuerdo con los narcotraficantes. Sin embargo, César Gaviria aprovechó la crisis para dar una vuelta de tuerca y retomar el camino de la negociación, imposible tras el asesinato de Galán. Propuso abrir espacios jurídicos con instrumentos diferentes a la amnistía y el indulto para lograr la entrega de los llamados “Extraditables” a cambio de la no extradición.

Negociar con las mafias no era claudicar, reconocer que el Estado estaba derrotado. ¿Había otra salida para poner fin al baño de sangre? Como siempre en este oficio, eran más las dudas que las certezas.

Para presionar al Gobierno, los capos, que buscaban tratamiento político y no de delincuentes comunes, acudieron al secuestro de periodistas, Diana Turbay y Francisco Santos entre ellos. En el entretanto, el equipo de Gaviria daba las puntadas finales a la política de sometimiento, y se abría paso la Asamblea Constituyente que en junio del 91 proclamaría la nueva Constitución que prohibía la extradición. Ese mismo día, se entregó Pablo Escobar a la Justicia. Respiramos aliviados. Lejos estábamos de imaginar que un año después registraríamos su fuga, y año y medio más tarde su muerte en un operativo del bloque de búsqueda.

 

La muerte del capo significó el final del narcoterrorismo pero no del narcotráfico y el crimen organizado. El paramilitarismo con su maquinaria criminal surgiría como el nuevo enemigo. Sus jefes acudirían a las formas más infames para acallar a la prensa. Muchos periodistas, sobre todo de los medios regionales, más vulnerables, pagaron con su vida la osadía de denunciar. No obstante, gracias a esas denuncias y sobre todo a las investigaciones periodísticas de algunos medios capitalinos, la opinión empezó a descubrir la dimensión del poder que habían alcanzado los paramilitares en las administraciones locales y regionales, y en el Congreso, donde lograron el 34 por ciento de las curules en la campaña de 2002, todas de la coalición uribista. Reelegidos la mayoría en 2006, las investigaciones de la llamada parapolítica no solo llevaron a muchos de congresistas aliados del Gobierno a la cárcel, sino que derivaron en el escandaloso espionaje del DAS a opositores, magistrados de la Corte Suprema y periodistas.

El uso de prácticas perversas y de dineros oscuros para conseguir resultados políticos y electorales ya tenía antecedentes: la campaña que llevó a Ernesto Samper a la Presidencia y que derivó en el llamado proceso 8.000. Entonces quedó claro que las mafias habían aprendido que mejor que enfrentar a las instituciones, era infiltrarlas y corromperlas, y que más rentable que asesinar policías, jueces, políticos y periodistas, era comprarlos.

Fue entonces cuando se rompió una constante histórica: el periodismo cortó su cordón umbilical con los políticos. Fue un proceso por etapas: tímido al comienzo, se radicalizó a medida que conocíamos declaraciones, documentos, testimonios, grabaciones e indagatorias que comprometían a congresistas, altos funcionarios y al propio Presidente de la República. Repugnancia y rechazo por la corrupción de la clase política se respiraba en las salas de redacción.

Los congresistas no ahorraron esfuerzos para imponernos controles y estatutos, precisamente cuando 173 parlamentarios empezaban a ser investigados por recibir plata del narcotráfico. El Gobierno acudió al chantaje para arrodillar a periodistas y medios mediante licitaciones de TV y frecuencias de FM, y con ayuda de sus amigos en el Congreso sacó una ley que cambiaba las reglas del juego y cuyo propósito era castigar a los noticieros que cuestionábamos su gestión. Entonces el DAS también interceptaba teléfonos y hacía seguimientos a los periodistas críticos del Gobierno.

La crisis del 8.000 significó un nuevo debate sobre el papel de los medios. Nos acusaron de haber ignorado las reglas del oficio, de haber servido de correa de transmisión de fuentes interesadas, de no haber investigado suficiente. En resumen, de tomar partido, de hacer parte de la crisis. Ante el vacío y el fraccionamiento de los partidos, ante la usencia de una oposición política organizada, la prensa ocupó parte de ese espacio y sí, tomo posición, y cavó trincheras. Ese fue, paradójicamente, su mayor acierto y su más grave error. Se jugó sus restos, su prestigio, su credibilidad pero no pudo salvarse del diluvio. Pero qué habría pasado, entonces, de no haber sido por ese periodismo que, incluso con sus fallas y excesos, hizo de cancerbero ¿La opinión habría sabido que el narcotráfico había penetrado hasta las más altas esferas del poder, que innumerables miembros de la clase política habían vendido su alma al diablo? No estoy segura.

La encrucijada más reciente pero no la última fue la que crea el gobierno de Álvaro Uribe. Por esa la ley del péndulo que antes mencioné, el país pasó del desencanto por la paz al entusiasmo por la guerra. Seducidos por el fuerte liderazgo del Presidente, que concentró la información sobre el conflicto en cabeza suya y unificó el mensaje, único mensaje, la lucha contra el narcoterrorismo de las Farc, la casi totalidad de los medios se contagiaron del clima de unanimismo que reinaba en la opinión.

Una tras otra, las encuestas reflejaban el decidido apoyo al presidente Uribe y, hábilmente manipuladas por el Gobierno, acabaron por incidir en las líneas editoriales y en los titulares de las noticias a la hora de informar sobre las políticas y acciones oficiales. Ese ambiente perversamente acrítico, alimentado por el discurso macartizador del Presidente que asociaba crítica y oposición con subversión, creó un peligroso ambiente de intolerancia y polarización.

Nunca como en los gobiernos de Uribe se había presentado un divorcio tan grande entre la opinión mayoritaria reflejada en las encuestas y la de la mayoría de los columnistas de la prensa escrita. El Presidente logró establecer una conexión directa con la gente y nos ganó de mano en nuestro propio terreno.

Pero habrían de presentarse nubes en el paraíso de la seguridad democrática con las investigaciones periodísticas sobre el fenómeno paramilitar, sus tentáculos en la política, la economía y las instituciones del Estado, y su influencia en la campaña del 2006. Sin embargo, el destape de las cartas de la reelección y la intención del Presidente de modificar la Constitución en beneficio propio, fueron el punto de quiebre: Uribe estaba yendo demasiado lejos. Así se lo hicieron saber desde sus editoriales, diarios que habían apoyado la primera reelección, y buena parte de los columnistas que hasta ese momento lo habían apoyado. Y así lo interpretó la Corte Constitucional que le cerró el paso a la segunda reelección.

Un lección fundamental dejó el “uribato” al periodismo y es que el exceso de concesiones y benevolencia con los gobiernos, da pie para grandes abusos y contribuye a banalizar opiniones periodísticas analíticas y críticas de las políticas y acciones oficiales.

El cubrimiento del nuevo gobierno nos abre muchos interrogantes y tienen que ver con sus conexiones con los más importantes medios de comunicación. Pero más preocupante es el reto que nos plantean las nuevas realidades de los medios, sobre todo de los escritos, antes de gran relevancia para la opinión y hoy con influencia muy debilitada. Y es que la prensa dejó de ser lo que era y no solo por la proliferación de otros canales de comunicación y el avance de nuevas tecnologías, sino porque los viejos periódicos propiedad de una familia han pasado a la historia y hoy forman parte de poderosos conglomerados multimedia dentro de los cuales juegan un papel funcional al grupo.

Pese a que esos grupos tienen gran solvencia económica para resistir chantajes o presiones económicas y políticas, para influir en la agenda pública, para defender el bien común, sus dueños están más interesados en la rentabilidad que en su responsabilidad con los ciudadanos o en la fiscalización del poder, bien porque comparten sus mismos intereses, bien porque persiguen negocios que dependen de él. Esa es la razón, por ejemplo, de la muerte de la revista Cambio, víctima de la segunda conquista española.

 

El negocio es el nuevo nombre del juego. Como dice el analista de medios Germán Rey, “la ideología es hoy la de los libros de contabilidad”. Las noticias han entrado en el mercado de la comunicación y su valor no es propiamente periodístico-noticioso, es económico. El criterio informativo ha pasado a ser también criterio financiero y eso está llevando a la prensa escrita, en especial a los periódicos, a una visión más restringida de su papel. De ahí la preferencia por contenidos que aseguren mayores ventas, de ahí que la información esté cada vez más arrinconada por el entretenimiento, de ahí que se decante preferencialmente por las llamadas “noticias útiles”. Cada vez hay menos análisis, menos investigación y menos historias relevantes.

¿Qué nos depara el futuro a los periodistas? Ante la marginación o extinción de medios alternativos, ante la evidente disminución de la independencia de los medios y las reducidas fuentes de trabajo, cada vez hay más limitaciones para informar con talante crítico, para meter las narices en las entrañas del poder. Debo reconocer que no es mi caso, pues los medios que me acogieron tras el despido de Cambio, RCN Radio y El Espectador, me dejan expresar con total libertad. ¿Pero pueden todos los periodistas decir lo mismo? No creo. Para buena parte de ellos la opción es la autocensura, el silencio cómplice o la neutralidad pasiva. Y en el caso de los llamados cargaladrillos, se ven obligados a informar sobre el lanzamiento de productos de los grupos donde trabajan –libros, revistas, telenovelas, concursos, realities-, y a convertirse en periodistas multifuncionales que deben producir, por el mismo sueldo, para los distintos medios que convergen en su empresa -televisión, diarios, revistas, emisoras…-, con las implicaciones que eso tiene para la calidad de la información y su consecuente homogeneidad.

Acepto, pertenezco a la vieja guardia, soy de la generación de los tubos, no de los chips; de la máquina de escribir, no del computador; del teléfono fijo, no del celular; del predominio de la prensa escrita, no de Internet. Soy un dinosaurio. Pero aun así, y reconociendo el valor de las nuevas tecnologías y la utilidad de la red como fuente de información, creo que hasta ahora poco han servido para mejorar la calidad del periodismo. La concentración de medios en conglomerados conspira contra ello.

En estas circunstancias, el peligro no es solo que haya más espacio para la corrupción porque donde los medios independientes mueren, la corrupción tiene más probabilidades de prosperar. El peligro es también para el propio periodismo que como función social pierde cada vez más oxígeno.

¿Cómo llenar el vacío que dejan la disminución del número de periódicos y revistas, y la precariedad y mediocridad que hoy predominan en el cubrimiento periodístico? ¿Cómo crear o mantener empresas independientes que cumplan con el papel de auténtico servicio público que han ido dejando los grupos multimedia en aras del negocio? ¿Cómo hacer para que el buen periodismo, el que investiga, el que analiza, el que hace de contrapoder, encuentre apoyo entre los anunciantes? ¿Cómo evitar que el periodista perro guardián acabe convertido en perro faldero? Estos son apenas algunos de los interrogantes que hoy nos hacemos los periodistas de ayer. Muchas gracias...".

Tomado de: http://www.rcnradio.com/node/51540

COLOMBIA: Proyecto de ley sobre pensión especial para periodistas

"El desenvolvimiento de los periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos y ahora profesionales de la Comunicación Social y audiovisual, como los integrantes de nuevas tecnologías llamadas TICS, es a su vez especial en Colombia, país que soporta desde hace 60 años un desgastante conflicto de baja intensidad, y son los periodistas y/o comunicadores sociales y visuales quienes tienen la responsabilidad, incluso, de informar, narrar, comentar y formar opinión acerca de los sucesos que ocurren en el país". 

Exposición de Motivos

PL233/2010 Senado

Por: Andrés Monroy Gómez

El senador Luis Fernando Duque radicó el 16 de febrero el proyecto de ley 233 de 2010 "Por la cual se reforman algunas Disposiciones del sistema general de pensiones, previstos en las leyes 797 de 2003, y 100 de 1993, y se dictan otras disposiciones". Este proyecto fue publicado en la Gaceta del Congreso 48/2010.

Según el congresista Duque, este proyecto de ley busca “darle el carácter de “profesión de alto riesgo”, al ejercicio de los comunicadores sociales o periodistas corresponsales, que cubren información de orden público, política o de investigación judicial. El asesinato de periodistas y comunicadores sociales no sólo atenta contra su derecho a la vida, sino contra el derecho que tienen los colombianos a la libertad de expresión, porque priva a la sociedad de una fuente de opinión e información”.

De acuerdo a esta iniciativa legislativa, podrá reconocerse la pensión de vejez a los periodistas que cumplan 55 años de edad, previa cotización del número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (1.000 semanas en cualquier tiempo). Agrega el proyecto que la edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez disminuirá un (1) año por cada 60 semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años.


Situación actual

El artículo 139 de la Ley 100 de 1993 otorgó al Presidente de la República facultades extraordinarias para “armonizar y ajustar las normas que sobre pensiones rigen para los aviadores civiles y los periodistas con tarjeta profesional”. En uso de esas facultades, el 2 de junio de 1994 se expidió el decreto 1281 que pretendía garantizar un régimen especial de pensiones de invalidez, vejez y sobreviviente para periodistas, lo que implicaba unos beneficios sobre tiempo de cotizaciones y monto de los aportes. En el control de constitucionalidad sobre el contenido de este decreto, fue declarada inexequible la expresión “tarjeta profesional”, como requisito para la obtención de los beneficios mencionados.

Pero esta condición especial para el periodismo, en materia de seguridad social perdió efectos al ser derogado el decreto 1281 de 1994 por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003 , "Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades".

Es necesario recordar que actualmente un alto porcentaje de periodistas desarrollan su actividad mediante la modalidad de pagos mediante cupos publicitarios o contratos de prestación de servicios, modalidades que eximen de responsabilidad en el pago de prestaciones sociales al contratante, dejando toda esta carga sobre el periodista.


Motivaciones del proyecto de ley 233/2010S


En la exposición de motivos, el congresista señala que "La actual legislación colombiana, en especial en temas laborales y de garantías y defensa de derechos para los periodistas, no están de acuerdo con los señalamientos y denuncias internacionales, como los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, OEA, acerca de presiones, censuras y autocensuras, amenazas y asesinatos de periodistas y/o comunicadores sociales y visuales en el país, y mucho menos contemplan medidas taxativas de protección social para un gremio profesional que es especial, y no ordinario, como es el de los periodistas. Por eso, el objetivo de este proyecto de ley, además de devolver el carácter de profesional al ejercicio del periodismo -y no sólo en el papel- busca que laboral y pensionalmente se reconozca de nuevo el carácter de alto riesgo en su práctica, y se adopten las normas pensionales tendientes a reconocer los derechos de quienes han ejercido en forma profesional esta área del conocimiento y de las ciencias sociales".

Sobre la ley 1016 de 2006, el congresista minfiesta que "la llamada actual Ley de Prensa, la 1016 de 2006, sólo hace un reconocimiento en el papel y difuso de “la profesión de periodista”, fija un día nuevo para el periodista, y el reconocimiento que debe hacer -no menciona quién- de los derechos laborales de los comunicadores, pero carece de normas taxativas en materia pensión".

Agrega que las actuales normas "eliminaron el espíritu del riesgo y se circunscribió únicamente a los efectos naturales en la salud por la aplicación de ciertos trabajos y/o labores. Se dejó de lado la otra parte complementaria del riesgo, que es la accionada por el mismo ser humano, por medio de amenazas, agresiones, ataques aleves y la muerte.

Estas situaciones provocan una clara reducción en las expectativas de vida saludable, tanto para el periodista amenazado y sus familias. El riesgo constante y latente de sufrir ataques, vejámenes, secuestros y/o torturas, por acción de su profesión de obtener, procesar, redactar y/o divulgar información, cumpliendo con sus deberes constitucionales...".

 

El congresista incluyó en el texto de la exposición de motivos, referencias a los informes de la Comísión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los periodistas. 

 

 

Video tomado de:

http://www.youtube.com/watch?v=HL3-feBzd1Y&feature=player_embedded

GACETA DEL CONGRESO 48

24/02/2010

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PROYECTO DE LEY 233 DE 2010 SENADO.

por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones, previsto en las Leyes 797 de 2003, y 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1º. Adiciónese un artículo 1° a la Ley 797 de 2003, con el siguiente texto:

Artículo nuevo. Se da el carácter de “profesión de alto riesgo”, al ejercicio de los comunicadores sociales o periodistas corresponsales, que cubran las áreas de orden público, político o investigación judicial, en consonancia con los artículos constitucionales 20, 73 y 74 de la Constitución Nacional de 1991.

Artículo 2º. Adiciónese un artículo 2° a la Ley 797 de 2003, con el siguiente texto:

Artículo Nuevo: El Estado colombiano garantizará los derechos pensionales de todos los comunicadores sociales o periodistas corresponsales que cubran las áreas de orden público, político o investigación judicial.

Artículo 3º. Adiciónese un artículo 3° a la Ley 797 de 2003, con el siguiente texto:

Artículo Nuevo: Cuando los comunicadores sociales o periodistas corresponsales que cubran las áreas de orden público, político o investigación judicial, que cumplan con las semanas de cotización mínima para acceder a la pensión periodística de carácter de “profesión de alto riesgo” pero no tienen la edad requerida, pueden seguir cotizando en el régimen que hayan elegido.


Artículo 4º. Adiciónese un parágrafo al artículo 9º de la Ley 797 de 2003, con el siguiente texto:


Parágrafo 5º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión de vejez por exposición de “profesión de alto riesgo”, de los comunicadores sociales o periodistas corresponsales que cubra las áreas de orden público, político o investigación judicial. La pensión de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (1.000 semanas en cualquier tiempo).

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Artículo 5º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.

Luis Fernando Duque García,

Senador de la República.

Autor.

Enlaces de interés

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre pensión especial para periodistas en Colombia

Lamentable situación laboral de los periodistas colombianos

La situación laboral de los periodistas en Colombia

Tarjeta profesional de periodistas

¿Qué artículos de la Constitución se refieren a la Seguridad Social?

Periodismo- Colombia: Mal lugar para el mejor oficio

Los periodistas evalúan sus condiciones laborales

Colombia, un país que produce periodistas por “montones”

Periodismo, más pasión que negocio

Por qué diablos es que trabajan los periodistas en Colombia

Vivir de la vocación

Información sobre el senador Luis Fernando Duque


FIN DEL ARTÍCULO ------------


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PERIODISMO Y CORRUPCIÓN: Limites de una profesión ante la sonrisa de un corrupto.

"Es la hora para que los medios de comunicación informen sobre qué investigaciones penales, disciplinarias o de otro tipo continúan involucrando a los corruptos, aún a pesar de la gran sonrisa que ante el público aquellos presenten, buscando siempre sobrevivir de la falta de conocimiento de la opinión pública sobre su situación".

Por: Carlos Andrés Posada Giraldo

Investigador

Grupo de trabajo "Derecho Ciudadano a la Información"

No hay duda, muchos actos de corrupción han logrado conocerse solo por la labor de los medios de comunicación, pues ante la ausencia de controles efectivos y de los alcances del poder propio de los corruptos, las actuaciones ilícitas logran ocultarse mucha de las veces de la ciudadanía y las autoridades. En ocasiones incluso se ha afirmado que solo gracias a las investigaciones y reportajes periodísticos se han logrado detener esas actuaciones de deshonestidad en momentos determinantes del acontecer nacional, en la medida que se le mantiene en la agenda pública como tema con prioridad e interés ciudadano.

Sin embargo, la continuidad de los escándalos por corrupción y la posición de indiferencia adoptada por los colombianos sobre ellos, parecieran mostrarnos que en Colombia poco o nada este tema importa. El ejemplo es claro: las elecciones de senadores y representantes a la cámara, las cuales sin duda estuvieron marcadas por la polémica cuando se revisa quiénes bajo los mantos de la democracia pretendieron, y en algunos casos lograron, acceder a la rama legislativa. Solo algunos ejemplos para destacar: La alta votación en algunas regiones del país por parte del Partido de Integración Nacional (PIN), colectividad reconocida como una fuerza creada desde la cárcel La Picota por aquella clase política vinculada al paramilitarismo. Así mismo, en el liberalismo el caso conocido de Arleth Casado de López, esposa de Juan Manuel López Cabrales quien fue condenado por parapolítica. En el Partido Conservador, Samy Merheg, familiar de Habib Merheg. Y uno de los ejemplos de mayor trascendencia, el del exministro de agricultura Arias cuya votación en la consulta conservadora fue bastante alta aún cuando estuvo involucrado en graves escándalos, como el conocido “agro ingreso seguro”.

Al parecer, los corruptos han aprendido que en el acontecer nacional —entendido por este la opinión pública y el desenvolvimiento de los medios de comunicación—, siempre esta presente en todos los escándalos incluyendo los de corrupción, una tendencia en particular: ante la constatación de los hechos y el inicio del escándalo, la opinión pública y los medios toman realmente en consideración los acontecimientos y sus protagonistas al punto que los vuelven tema central de su agenda y por ende profundizando en ellos, incluso involucrando a terceros. Sin embargo, en tanto quienes se encuentran involucrados conserven una posición sobre su inocencia y honestidad, llegando incluso a la “ingenuidad”, se presenta con el tiempo una disminución en el interés por parte de la opinión pública y por lo tanto en los medios de comunicación respecto a los hechos investigados, permitiéndose con ello que se abra el espacio para escenarios oficiales que puedan corroborar la alegada inocencia y honestidad, y obtener algún tipo de pronunciamiento aunque sea simplemente institucional no así judicial, de forma que pueda justificarse su actuar y continuidad; se logra así ocultar el escándalo sin mayores repercusiones para sus protagonistas junto con cierto sesgo de apatía por parte de la opinión pública.

Con todo y pese a los hechos hasta aquí comentados, no quisiera concluir que la postura asumida por la mayoría de los colombianos ante la deshonestidad es el de la indiferencia y por ende la indolencia respecto al futuro de nuestro país, sino que en realidad se debe a un desconocimiento sobre la corrupción como acto u omisión, consecuencia de los límites existentes y propios de la labor periodística al informar a la opinión pública el actuar de los corruptos. La razón es sencilla: si en efecto, el motivo de lo que parece ser la poca importancia de los colombianos sobre lo deshonesto, es la indiferencia respecto de lo que sería nuestro futuro como nación, nada tendríamos por hacer, y escribir estas líneas carecería de todo sentido; de allí la fe en la segunda posibilidad.

No puede afirmarse que en toda práctica periodística se aborde con igual intensidad y de similar forma la corrupción; es precisamente este el primer límite existente. Ciertamente algunos periodistas podrán dar a conocer los hechos como una noticia propia de aquellas del diario vivir, de tal modo que puedan pasar en forma desapercibida, como corresponde al caso de los periodistas vinculados a medios con intereses relacionados con sujetos involucrados en situaciones de flagrante ilicitud. Otros por el contrario, determinaran la cobertura de los hechos según su impacto en el público, a fin de satisfacer lo que sería una gran audiencia. Finalmente, dentro de los medios ajenos a los grupos de poder o a la prensa politizada, es decir, aquellos reconocidos como independientes, pueden hallarse aquellos periodistas quienes ofrecerán una visión objetiva de los hechos ilícitos, abordando los eventos de forma completa al establecer los reales involucrados, relacionándolos con las acciones u omisiones que los involucra; visión que para ser alcanzada requiere por parte del periodista no una simple labor rutinaria de cobertura sino una tarea ardua de investigación.

Según lo anterior, frente a los escándalos de corrupción, especialmente aquellos donde sus protagonistas pertenecen a los grupos de poder político y económico, es dentro de la estructura misma de los medios de comunicación donde se origina el primer límite para la labor periodística: no todo periodista se encuentra posibilitado para asumir o cubrir este tipo de noticias; por el contrario, requiere encontrarse en una circunstancia que le permita una efectiva independencia de los intereses que podrían involucrar los acontecimientos que se irían a investigar. De otra parte, esta misma situación deja al descubierto que en realidad ante hechos que pueden considerarse de suma gravedad, no siempre puede considerarse confiable la información que sobre ella se produce toda vez que los medios no habrán de tratar de igual forma los hechos.

Lo cierto es que son estos últimos medios de comunicación y sus periodistas, los independientes, aquellos que aquí interesan, pues son ellos quienes ejercen una verdadera labor investigativa en materia de los escándalos de corrupción siendo susceptible la evaluación de su trabajo; en tanto que los demás escapan de todo comentario, por cuanto su labor no irá más allá de una simple ilustración superficial de unos acontecimientos con referencias a los aparentes protagonistas.

No obstante, aún cuando independientes, de ningún modo pueden considerarse ajenos al respeto o acatamiento de ciertos límites que el ejercicio mismo de la profesión les impone, como la imposibilidad natural y material de reemplazar a los fiscales y a los jueces, así como a cualquier otro órgano encargado de los hechos ilícitos. Razón por la cual las decisiones de los órganos que asumen el conocimiento de los escándalos por corrupción se traducen en la mayoría de las veces en límites mismos del alcance de la labor de los periodistas —sin importar que lleguen a estar o no permeadas por el actuar de los mismos corruptos—, pues establecidas las decisiones se convierten en pautas o discernimientos absolutos e incontrovertibles, es por eso que en muchas ocasiones las investigaciones periodísticas que continúan pese a las decisiones adoptadas, pueden ser tachadas o deslegitimadas cuando sus resultados son contrarios a aquellas. He aquí el segundo límite a los alcances de la labor periodística, la cual implica que en muchos casos la presentación del escándalo como noticia o las investigaciones periodísticas, sean concluidas antes de tiempo frente a pronunciamientos o decisiones oficiales, o que por lo menos tengan esa connotación ante la opinión pública; caso del exministro Arias en la polémica que originó el programa “agro ingreso seguro”, la cual dejó de presentarse como una noticia luego de que se presentara un pronunciamiento de orden político en el Congreso de la República, pero que no tomó en consideración las investigaciones de orden penal que habrían de continuar.

Finalmente, un tercer límite a los alcances de la labor periodística corresponde a la indeferencia de los mismos periodistas sobre los efectos que en la sociedad causa su actividad respecto a los hechos de corrupción. En este sentido la mayoría de las veces el periodista se limita a una mera denuncia cuando presenta los hechos como noticia, en otras, se remite a presentar una denuncia más completa en las ocasiones que adelanta una investigación periodística, en la cual, es natural que profundice en los acontecimientos y personajes; pero se deja de lado la relevancia que adquieren en la sociedad el cubrimiento de los hechos ilícitos, en la medida que se desconoce la necesidad de informar sobre el significado político y social que asume el escándalo de corrupción para la comunidad, como quiera que aún cuando no se presentan efectos inmediatos o siempre visibles en la sociedad, en todo caso sus efectos habrán de tocarnos a todos (tarde o temprano) y de allí la importancia de contrarrestarla.

En principio la información sobre el significado político y social de los hechos de corrupción bajo los lineamientos expuestos pudiera considerarse una labor ajena a lo periodístico, propia de un ejercicio académico que no puede llevarse a cabo en los medios de comunicación. Sin embargo, en la medida que la corrupción es una de las conductas de mayor perjuicio para las instituciones democráticas y es mediante su cubrimiento como noticia que se hace evidente como fenómeno social, está en el periodista delimitar su verdadera naturaleza a efectos de señalar ante la opinión pública que este no es un hecho aislado, y aún cuando pudiera parecer una situación que afecta en particular al Estado, finalmente nos perjudica a todos desde lo económico hasta en lo ético.

Los límites esbozados no solo restringen la actividad periodística, además, conllevan graves y relevantes efectos en lo que respecta a la corrupción. En efecto, en la medida que los medios de comunicación ofrecen una imagen sesgada de los hechos, o se remiten exclusivamente a la decisiones oficiales para considerar resuelto el ilícito o en el peor de los casos presenten los eventos sin la suficiente trascendencia social, quienes protagonicen los hechos de corrupción podrían llegar a ser considerados como personajes intocables, facultados para abusar y excederse en el ejercicio de cualquier poder, lo que llevará incluso a que en el futuro puedan llegar a cometer otros actos ilícitos aún más graves, considerando que sobre ellos no recaerá la presión de la opinión pública para forzar investigaciones judiciales o resultados inmediatos, por cuanto son, insistimos, apreciados como personajes intocables.

Frente a los límites de los alcances de la labor periodística ante los hechos de corrupción y los efectos que estos producen, se hace necesario para los periodistas replantear su manejo o cubrimiento. Más allá que una simple denuncia donde se habrá de informar actos u omisiones así como relacionar a sus protagonistas, se requiere además entender que se esta frente a toda una situación cuya naturaleza es compleja y por ello, resulta indispensable avanzar más allá que una mera descripción.

En la medida que se consideren los eventos de corrupción como una situación, el periodista se encuentra obligado a “situar” en perspectiva a la opinión pública y por consiguiente, debe indicar tanto lo que previamente se dejó de hacer que permitió avanzara la actuación del corrupto, así como señalar qué se tiene que hacer en adelante a efectos de solucionar la situación provocada y reconocida como corrupción.

De este modo se abre un espacio donde es posible para el público conocer el por qué ocurren estas situaciones, reconociendo qué falla o quienes fallan y qué se habrá de exigir en un futuro para que lo sucedido no se convierta en un hecho reiterado: y de igual forma, al conocer qué es lo que deberá hacerse hacia delante —o ya se esta haciendo— por parte de las entidades respectivas para resolver los delitos, la opinión pública podrá además de informarse en debida forma, comprender que frente a la ley los corruptos deben responder aún cuando los trámites sean lentos y dispendiosos.

Al asumir como situaciones los eventos de corrupción, en la práctica será posible que aquellas circunstancias donde sus protagonistas sean sujetos reconocidos o con algún tipo de poder, y en principio no haya sido posible una actuación eficaz por parte del Estado, se sitúe a la opinión pública respecto a lo acontecido de modo que puedan conocer que muchas investigaciones, caso de las penales, pueden continuar hasta cuando exista suficiente material probatorio para que tenga lugar las debidas acusaciones, de tal forma que lo ocurrido no implica una absolución o una muestra eficaz de inocencia, y por lo tanto no existe tal poder absoluto que pretenden predicar aquellos que siendo corruptos afirman su inocencia persistentemente.

Es entonces la hora para que los medios de comunicación informen sobre qué investigaciones penales, disciplinarias o de otro tipo continúan involucrando a los corruptos, aún a pesar de la gran sonrisa que ante el público aquellos presenten, buscando siempre sobrevivir de la falta de conocimiento de la opinión pública sobre su situación.

Fin del artículo ----------------------------------------------------------------------

Fotografía: Andrés Monroy Gómez