Claudia López: Culpable de opinar libremente

Un nuevo episodio del intento por judicializar la libertad de opinión y restringir las críticas a personajes públicos se cumplirá el próximo 24 de enero, fecha fijada para la audiencia preparatoria del juicio contra la politóloga y columnista Claudia López. Luego de frustrarse la conciliación en la que el apoderado del ex presidente Ernesto Samper pidió 50 millones de pesos para desistir de la acción judicial, López fue acusada de injuriar y calumniar a Samper en su columna de opinión “La reinserción uribista: del 8.000 al 64.000", publicada en el periódico El Tiempo el 11 de junio de 2006.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), al referirse a este caso, señaló en su alerta del 24 de agosto de 2010 que “de manera creciente, las acciones penales por injuria y calumnia se están utilizando como una forma de limitar opiniones e incluso, en algunos casos, para silenciar críticas sobre la actuación de funcionarios públicos y personas influyentes en el país”.

Este mecanismo de presión ya ha sido utilizado contra la politóloga. Sólo por citar un ejemplo, en febrero de 2008 algunos congresistas antioqueños y el gobernador Luis Alfredo Ramos anunciaron acciones penales contra la columnista, quien en un libro llamó la atención sobre la influencia paramilitar en los resultados electorales de Antioquia.

En la columna por la que ahora está sometida a juicio, Claudia López afirmó categóricamente que “…así son nuestros políticos. A falta de convicciones e ineficaz control nacional, solo reaccionan a dádivas o amenazas externas superiores a las que ellos son capaces de proferir”. Es innegable la contundencia de las opiniones de López. Esa contundencia es necesaria en un país que no ha reaccionado eficazmente frente al abuso por parte de cómplices y títeres de las mafias.

Del proceso contra Claudia López se desprenden dos temas que reclaman un cuidadoso análisis por parte de las organizaciones que promueven la libertad de prensa.

El primero es la conveniencia de promover la despenalización de los delitos de injuria y calumnia. Actualmente cursa una acción de inconstitucionalidad contra estos delitos, promovida por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

El segundo tema es la posibilidad de cuestionar las decisiones judiciales, como manifestación legítima de la libertad de expresión. En el proceso contra Claudia López, uno de los argumentos para descalificar las opiniones de la columnista parte de la preclusión de la investigación dictada por el Congreso a favor de Ernesto Samper en el conocido proceso 8.000. La Corte Constitucional ha manifestado que “en ejercicio de la libertad de expresión, los particulares pueden analizar y controvertir públicamente las decisiones de los jueces, no sólo por su aspecto estrictamente jurídico, sino por la estimación que se haga de los hechos pertinentes en la providencia”.

Las alertas deben permanecer encendidas. Muchos periodistas y columnistas han pasado por los estrados judiciales, defendiendo nuestro derecho a estar informados y a conocer opiniones válidas sobre la realidad nacional. Ahora quieren silenciar a Claudia López por sus reflexiones sobre Ernesto Samper quien, para muchos, aún tiene una enorme deuda con la verdad de este país. Hay más ex presidentes, también con saldos en rojo frente a la historia colombiana. ¿Cada vez que alguien opine sobre ellos o cuestione su desempeño será llevado a los estrados judiciales? Pues bien, allá estaremos, hoy con Claudia López y mañana, uno por uno desfilaremos en el banquillo de los culpables de opinar con libertad.

* Por Andrés Monroy Gómez

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De acuerdo al principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”. Por otra parte, la Corte Interamericana ha señalado que la protección a la libertad de expresión comprende la información o ideas favorables y también aquellas que "ofenden, resultan chocantes o perturban", porque "tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática".

Enlaces de interés
 

1. Artículo “La reinserción uribista: del 8.000 al 64.000", publicada en el periódico El Tiempo el 11 de junio de 2006.

2. #ApoyoaClaudiaLópez en Sentipensantes. Por Gloria Ortega Pérez

El Espectador: las investigaciones que incomodan

Los mensajes del ex presidente Álvaro Uribe y del director del periódico El Espectador, Fidel Cano, dan cuenta del malestar que causa en ciertos círculos la labor investigativa de este medio de comunicación, especialmente en el tema de los seguimientos ilegales realizados por la policía secreta (DAS).

Luego de la publicación de un informe relacionado con la ex funcionaria del DAS, Martha Leal, vino por parte de Uribe una fuerte arremetida el pasado 4 de noviembre, a la cual respondió Cano: “Que el doctor Uribe no se equivoque, somos periodistas no políticos. Aquí no manejamos odios sino información y opiniones libres”.

Ahora, El Espectador publica el video de las declaraciones de  Martha Leal, por  "la interpretación que algunos colegas y seguidores del ex presidente Uribe han difundido de las referencias que la ex subdirectora de operaciones del DAS Martha Leal, hoy detenida por el caso de las llamadas ‘chuzadas', hizo de El Espectador en su reciente declaración ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes". Este video es publicado "para que el debate se dé con base en hechos y no en interpretaciones amañadas".

Por si no fuera poco, en su cuenta de twitter, Fidel Cano - director de El Espectador – anunció el 17 de noviembre que un juez de Granada (Meta) le ordenó retirar unos artículos sobre Ascencio Reyes y Consuelo Collazos Ceballos. Se abre un nuevo capítulo del extenso expediente del acoso judicial contra la prensa. Ayer fue conocido el llamamiento a juicio contra la columnista Claudia López, acusada de injuriar y calumniar al ex presidente Ernesto Samper.

No sobran las palabras… nos faltan… y las que tenemos, nos las quieren silenciar.

Andrés Monroy Gómez

Grupo “Derecho Ciudadano a la Información”

*La imagen 1 fue editada.
Las imagenes de las cuentas twitter de Álvaro Uribe y Fidel Cano no fueron editadas.

¿Cómo evitar que el periodista perro guardián acabe convertido en perro faldero?

Discurso de María Elvira Samper al recibir el premio a la vida y obra de un periodista.

"Antes que yo, por aquí debería haber pasado mi mamá, Lucy Nieto de Samper, con más de 50 años en el oficio y quien a punta de teclear en una máquina de escribir Olivetti nos educó a sus cinco hijos, huérfanos de padre muy temprano en la vida.

A ella, heredera de una tradición que lleva el periodismo en la sangre, y a mi hijo Andrés, a quien mi necesidad de trabajar lo privó muchas veces de mi presencia, les dedico este reconocimiento.

Llegué al periodismo sin proponérmelo. Rebelde sin causa, no quería ser ni la hija de Lucy, ni la nieta de LENC, Luis Eduardo Nieto Caballero, un nombre que nada dice a las nuevas generaciones pero que hace parte de la historia del periodismo colombiano, un hombre que en la defensa de la democracia, de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa, sufrió la cárcel y la censura. Fue codirector de El Espectador al lado de don Luis Cano y fue también columnista y colaborador de El Tiempo durante 40 años, hasta su muerte un mes antes de la caída de la dictadura del general Rojas Pinilla.

Cuando en 1955 el régimen militar ordenó cerrar El Tiempo porque su director, don Roberto García-Peña, abuelo de mi colega Rodrigo Pardo, rehusó hacer una rectificación que no consideró pertinente, el mío se negó a callar y acudió a las cartas para denunciar la corrupción y los abusos de la dictadura, exigir justicia y protestar por la censura. Dirigidas al General, las entregaba personalmente en las puertas de Palacio y, mimeografiadas, circulaban luego de mano en mano. Sus luchas políticas, basadas en sus profundas convicciones de librepensador e inspiradas en su vocación de servicio al país, las libró siempre con la más noble y limpia de las armas: la pluma.

Hago esta introducción con sabor a nostalgia para honrar esa herencia que me enorgullece y que me dejó la lección de mi vida personal y profesional: los principios no se negocian ni por poder, ni por círculo político, ni mucho menos por dinero. Esta ha sido mi carta de navegación en un oficio en el que maduré y estoy envejeciendo gracias a todos aquellos que alguna vez me dieron oportunidades y abrieron espacios: Jaime Soto, Felipe López, Plinio Mendoza, Fernando Gómez Agudelo, Juan Gossaín…También a las decenas de periodistas con los que he trabajado en prensa, radio y televisión, y a ese puñado de colegas amigos con quienes, no hace muchos años, emprendimos quijotescas aventuras periodísticas: María Isabel Rueda, Ricardo Ivila, Pilar Calderón, Roberto Pombo, Enrique Santos, Mauricio Vargas, Édgar Téllez y, ni más ni menos, que Gabriel García Márquez, inspiración y aliento en el noticiero QAP y en los años en que hizo parte de la revista Cambio.

 

Han sido décadas turbulentas y los periodistas, no siempre bien preparados, no siempre con tiempo para profundizar, para estudiar nuestra propia historia y entender por qué somos como somos y nos pasa lo que nos pasa, nos hemos visto enfrentados a múltiples violencias, a complejos procesos de negociación con organizaciones armadas, al ingreso de los grupos económicos a los medios de comunicación, a enormes escándalos de corrupción pública y privada, rodeados de trampas, amenazas, presiones y talanqueras a la libertad de prensa... Difícil, entonces, no mirar atrás ahora que este premio me obliga a reflexionar sobre mi vida en los medios. Difícil no describir, aunque sea a grandes brochazos, las distintas encrucijadas que hemos enfrentado y en las que los periodistas han dejado una alta cuota de sangre.

En los albores de los años 80, consciente de que si bien el Frente Nacional había puesto fin a la violencia entre liberales y conservadores también había creado dos monstruos, las guerrillas y la represión militar. Belisario Betancur promovió el diálogo con la subversión. La actitud de total respeto por la libertad de prensa que asumió el Presidente, quien llegó a decir que prefería una prensa desbordada a una prensa censurada, significó un punto de quiebre para el periodismo que, sobre todo en radio y televisión, había estado sometido al control de la información sobre el conflicto que ejercía el gobierno del “estatuto de seguridad” de Turbay Ayala.

Sentimos que nos habían soltado la rienda y en parte por falta de preparación, en parte por ingenuidad y exceso de optimismo, caímos en la tentación de conceder demasiado protagonismo a los jefes guerrilleros que aún conservaban cierto aire de romanticismo revolucionario.

Tanta visibilidad irritó a los enemigos de los diálogos y desató una polémica sobre los límites y responsabilidades de la prensa, y los peligros que entrañaba para el equilibrio informativo el llamado “síndrome de la chiva”. García Márquez terció en la controversia y en el prólogo del libro La guerra por la paz, un compendio de columnas que Enrique Santos Calderón había escrito sobre el proceso, dijo que la opinión pública, que debía ser el árbitro final del debate, “había quedado reducida a la condición de pobre señora sentada en medio de un ventisquero de informaciones contradictorias, en el cual era imposible saber, sin lugar a dudas, dónde estaba la verdad”.

Fuimos los periodistas idiotas útiles, chivos expiatorios o víctimas del doble discurso oficial, que desde el ejecutivo concedía estatus político a los guerrilleros y desde la cúpula militar hablaba de bandoleros.

Los interrogantes quedaron abiertos y volvieron a surgir durante las conversaciones de Caracas y Tlaxcala en el gobierno de César Gaviria, y en las negociaciones del Caguan durante la administración de Andrés Pastrana. Para ese momento, al menos la prensa escrita había aprendido algunas lecciones: varios medios crearon Unidades de Paz o abrieron espacios de discusión con expertos, en un esfuerzo para comprender los hechos más allá de la coyuntura, para mirar la negociación a la luz de otras negociaciones de conflictos internos y aportar elementos de juicio a los lectores.

No hicieron lo mismo los noticieros de radio y televisión que, sometidos al rating, impusieron un periodismo sensacionalista que daba prioridad a situaciones dramáticas -tomas de pueblos, cilindros-bombas contra alcaldías y estaciones de Policía, enfrentamientos, expresiones de dolor de las víctimas-, sin duda hechos noticiosos que no podían dejar de ser cubiertos, pero que terminaron por hacer mucho ruido y desviaron la atención de avances, apenas visibles para los analistas del conflicto.

No hemos salido en general bien librados en el cubrimiento de los diálogos con la subversión, y por varias razones: por falta de más análisis y crítica, y de más independencia de las voces oficiales, y por la dificultad para superar la condena visceral de la barbarie de la guerrilla, de todas maneras lógica, que nos impidió ver más allá y entender que los caminos de la paz son terreno minado. Contribuimos a crear falsas expectativas y confusión en la opinión. Ayudamos, sin proponérnoslo, a impulsar el péndulo que, según la coyuntura, se ha movido del entusiasmo por la paz al entusiasmo por la guerra.

La época del narcotráfico y su ofensiva violenta contra el Estado durante las administraciones de Virgilio Barco y César Gaviria, nos enfrentaron a una de las más dramáticas situaciones de nuestra historia reciente. Si al comienzo del Gobierno Betancur la lucha contra las drogas no había sido prioridad, el asesinato de su ministro de Justicia Rodrigo Lara, por orden del cartel de Medellín, fue un punto de inflexión definitivo.

 

Los carteles comenzaban a marcar su territorio con sangre y fuego, y convencidos de que por el camino de la violencia podían acorralar al Estado y recuperar la senda de la negociación que había fracasado en el Gobierno Betancur, intensificaron la ola de atentados, amenazas, y asesinatos de magistrados, jueces, policías, funcionarios, periodistas…Fue la dictadura del miedo: la consigna era silenciarnos o corrompernos. Algunos sucumbieron a la tentación, pero en general los periodistas nos convertimos en blanco y en trinchera.

El asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano, nos llevó a convocar una marcha nacional para rechazar el crimen y defender la libertad de prensa. Multitudinaria en todas las ciudades, fue la expresión de un país conmocionado hasta los tuétanos. Hicimos también un paro informativo, 24 horas sin noticias, para crear un espacio de reflexión sobre lo que significaba el silencio de los periodistas.

No estábamos dispuestos a aceptar la mordaza que los carteles pretendían imponernos, y para autoprotegernos organizamos luego un pool de medios que aportaron sus unidades investigativas y designaron a un puñado de periodistas, del cual hice parte, para preparar informes sobre esas organizaciones criminales. Adaptados a radio, prensa y televisión fueron divulgados en forma simultánea durante tres meses cada 15 días. Nos reuníamos en diferentes lugares, en distintos días y horas de la semana, pero nos descubrieron y las reiteradas amenazas nos obligaron a suspender las reuniones.

No obstante, la campaña causó gran impacto y permitió que la opinión conociera las dimensiones del monstruo. La sociedad empezó a darse cuenta de que la violencia no solo era de la guerrilla, que también era del narcotráfico y de los paramilitares, que escalaban la guerra sucia contra la UP, financiados por la droga y apoyados por miembros de la fuerza pública y sectores políticos de extrema derecha.

Fue la época de las peores masacres, de los secuestros de Andrés Pastrana y Álvaro Gómez, de una nueva iniciativa de paz, de esa ofensiva violenta que alcanzó su máxima expresión con el magnicidio de Luis Carlos Galán, del restablecimiento de la extradición por vía administrativa, del narcoterrorismo en las ciudades, del asesinato de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Los periodistas nos debatíamos entre el miedo y la incertidumbre, nunca sabíamos si íbamos a volver vivos a nuestras casas.

La campaña presidencial había sido la más violenta y trágica de la historia. Todo parecía excluir cualquier posibilidad de un acuerdo con los narcotraficantes. Sin embargo, César Gaviria aprovechó la crisis para dar una vuelta de tuerca y retomar el camino de la negociación, imposible tras el asesinato de Galán. Propuso abrir espacios jurídicos con instrumentos diferentes a la amnistía y el indulto para lograr la entrega de los llamados “Extraditables” a cambio de la no extradición.

Negociar con las mafias no era claudicar, reconocer que el Estado estaba derrotado. ¿Había otra salida para poner fin al baño de sangre? Como siempre en este oficio, eran más las dudas que las certezas.

Para presionar al Gobierno, los capos, que buscaban tratamiento político y no de delincuentes comunes, acudieron al secuestro de periodistas, Diana Turbay y Francisco Santos entre ellos. En el entretanto, el equipo de Gaviria daba las puntadas finales a la política de sometimiento, y se abría paso la Asamblea Constituyente que en junio del 91 proclamaría la nueva Constitución que prohibía la extradición. Ese mismo día, se entregó Pablo Escobar a la Justicia. Respiramos aliviados. Lejos estábamos de imaginar que un año después registraríamos su fuga, y año y medio más tarde su muerte en un operativo del bloque de búsqueda.

 

La muerte del capo significó el final del narcoterrorismo pero no del narcotráfico y el crimen organizado. El paramilitarismo con su maquinaria criminal surgiría como el nuevo enemigo. Sus jefes acudirían a las formas más infames para acallar a la prensa. Muchos periodistas, sobre todo de los medios regionales, más vulnerables, pagaron con su vida la osadía de denunciar. No obstante, gracias a esas denuncias y sobre todo a las investigaciones periodísticas de algunos medios capitalinos, la opinión empezó a descubrir la dimensión del poder que habían alcanzado los paramilitares en las administraciones locales y regionales, y en el Congreso, donde lograron el 34 por ciento de las curules en la campaña de 2002, todas de la coalición uribista. Reelegidos la mayoría en 2006, las investigaciones de la llamada parapolítica no solo llevaron a muchos de congresistas aliados del Gobierno a la cárcel, sino que derivaron en el escandaloso espionaje del DAS a opositores, magistrados de la Corte Suprema y periodistas.

El uso de prácticas perversas y de dineros oscuros para conseguir resultados políticos y electorales ya tenía antecedentes: la campaña que llevó a Ernesto Samper a la Presidencia y que derivó en el llamado proceso 8.000. Entonces quedó claro que las mafias habían aprendido que mejor que enfrentar a las instituciones, era infiltrarlas y corromperlas, y que más rentable que asesinar policías, jueces, políticos y periodistas, era comprarlos.

Fue entonces cuando se rompió una constante histórica: el periodismo cortó su cordón umbilical con los políticos. Fue un proceso por etapas: tímido al comienzo, se radicalizó a medida que conocíamos declaraciones, documentos, testimonios, grabaciones e indagatorias que comprometían a congresistas, altos funcionarios y al propio Presidente de la República. Repugnancia y rechazo por la corrupción de la clase política se respiraba en las salas de redacción.

Los congresistas no ahorraron esfuerzos para imponernos controles y estatutos, precisamente cuando 173 parlamentarios empezaban a ser investigados por recibir plata del narcotráfico. El Gobierno acudió al chantaje para arrodillar a periodistas y medios mediante licitaciones de TV y frecuencias de FM, y con ayuda de sus amigos en el Congreso sacó una ley que cambiaba las reglas del juego y cuyo propósito era castigar a los noticieros que cuestionábamos su gestión. Entonces el DAS también interceptaba teléfonos y hacía seguimientos a los periodistas críticos del Gobierno.

La crisis del 8.000 significó un nuevo debate sobre el papel de los medios. Nos acusaron de haber ignorado las reglas del oficio, de haber servido de correa de transmisión de fuentes interesadas, de no haber investigado suficiente. En resumen, de tomar partido, de hacer parte de la crisis. Ante el vacío y el fraccionamiento de los partidos, ante la usencia de una oposición política organizada, la prensa ocupó parte de ese espacio y sí, tomo posición, y cavó trincheras. Ese fue, paradójicamente, su mayor acierto y su más grave error. Se jugó sus restos, su prestigio, su credibilidad pero no pudo salvarse del diluvio. Pero qué habría pasado, entonces, de no haber sido por ese periodismo que, incluso con sus fallas y excesos, hizo de cancerbero ¿La opinión habría sabido que el narcotráfico había penetrado hasta las más altas esferas del poder, que innumerables miembros de la clase política habían vendido su alma al diablo? No estoy segura.

La encrucijada más reciente pero no la última fue la que crea el gobierno de Álvaro Uribe. Por esa la ley del péndulo que antes mencioné, el país pasó del desencanto por la paz al entusiasmo por la guerra. Seducidos por el fuerte liderazgo del Presidente, que concentró la información sobre el conflicto en cabeza suya y unificó el mensaje, único mensaje, la lucha contra el narcoterrorismo de las Farc, la casi totalidad de los medios se contagiaron del clima de unanimismo que reinaba en la opinión.

Una tras otra, las encuestas reflejaban el decidido apoyo al presidente Uribe y, hábilmente manipuladas por el Gobierno, acabaron por incidir en las líneas editoriales y en los titulares de las noticias a la hora de informar sobre las políticas y acciones oficiales. Ese ambiente perversamente acrítico, alimentado por el discurso macartizador del Presidente que asociaba crítica y oposición con subversión, creó un peligroso ambiente de intolerancia y polarización.

Nunca como en los gobiernos de Uribe se había presentado un divorcio tan grande entre la opinión mayoritaria reflejada en las encuestas y la de la mayoría de los columnistas de la prensa escrita. El Presidente logró establecer una conexión directa con la gente y nos ganó de mano en nuestro propio terreno.

Pero habrían de presentarse nubes en el paraíso de la seguridad democrática con las investigaciones periodísticas sobre el fenómeno paramilitar, sus tentáculos en la política, la economía y las instituciones del Estado, y su influencia en la campaña del 2006. Sin embargo, el destape de las cartas de la reelección y la intención del Presidente de modificar la Constitución en beneficio propio, fueron el punto de quiebre: Uribe estaba yendo demasiado lejos. Así se lo hicieron saber desde sus editoriales, diarios que habían apoyado la primera reelección, y buena parte de los columnistas que hasta ese momento lo habían apoyado. Y así lo interpretó la Corte Constitucional que le cerró el paso a la segunda reelección.

Un lección fundamental dejó el “uribato” al periodismo y es que el exceso de concesiones y benevolencia con los gobiernos, da pie para grandes abusos y contribuye a banalizar opiniones periodísticas analíticas y críticas de las políticas y acciones oficiales.

El cubrimiento del nuevo gobierno nos abre muchos interrogantes y tienen que ver con sus conexiones con los más importantes medios de comunicación. Pero más preocupante es el reto que nos plantean las nuevas realidades de los medios, sobre todo de los escritos, antes de gran relevancia para la opinión y hoy con influencia muy debilitada. Y es que la prensa dejó de ser lo que era y no solo por la proliferación de otros canales de comunicación y el avance de nuevas tecnologías, sino porque los viejos periódicos propiedad de una familia han pasado a la historia y hoy forman parte de poderosos conglomerados multimedia dentro de los cuales juegan un papel funcional al grupo.

Pese a que esos grupos tienen gran solvencia económica para resistir chantajes o presiones económicas y políticas, para influir en la agenda pública, para defender el bien común, sus dueños están más interesados en la rentabilidad que en su responsabilidad con los ciudadanos o en la fiscalización del poder, bien porque comparten sus mismos intereses, bien porque persiguen negocios que dependen de él. Esa es la razón, por ejemplo, de la muerte de la revista Cambio, víctima de la segunda conquista española.

 

El negocio es el nuevo nombre del juego. Como dice el analista de medios Germán Rey, “la ideología es hoy la de los libros de contabilidad”. Las noticias han entrado en el mercado de la comunicación y su valor no es propiamente periodístico-noticioso, es económico. El criterio informativo ha pasado a ser también criterio financiero y eso está llevando a la prensa escrita, en especial a los periódicos, a una visión más restringida de su papel. De ahí la preferencia por contenidos que aseguren mayores ventas, de ahí que la información esté cada vez más arrinconada por el entretenimiento, de ahí que se decante preferencialmente por las llamadas “noticias útiles”. Cada vez hay menos análisis, menos investigación y menos historias relevantes.

¿Qué nos depara el futuro a los periodistas? Ante la marginación o extinción de medios alternativos, ante la evidente disminución de la independencia de los medios y las reducidas fuentes de trabajo, cada vez hay más limitaciones para informar con talante crítico, para meter las narices en las entrañas del poder. Debo reconocer que no es mi caso, pues los medios que me acogieron tras el despido de Cambio, RCN Radio y El Espectador, me dejan expresar con total libertad. ¿Pero pueden todos los periodistas decir lo mismo? No creo. Para buena parte de ellos la opción es la autocensura, el silencio cómplice o la neutralidad pasiva. Y en el caso de los llamados cargaladrillos, se ven obligados a informar sobre el lanzamiento de productos de los grupos donde trabajan –libros, revistas, telenovelas, concursos, realities-, y a convertirse en periodistas multifuncionales que deben producir, por el mismo sueldo, para los distintos medios que convergen en su empresa -televisión, diarios, revistas, emisoras…-, con las implicaciones que eso tiene para la calidad de la información y su consecuente homogeneidad.

Acepto, pertenezco a la vieja guardia, soy de la generación de los tubos, no de los chips; de la máquina de escribir, no del computador; del teléfono fijo, no del celular; del predominio de la prensa escrita, no de Internet. Soy un dinosaurio. Pero aun así, y reconociendo el valor de las nuevas tecnologías y la utilidad de la red como fuente de información, creo que hasta ahora poco han servido para mejorar la calidad del periodismo. La concentración de medios en conglomerados conspira contra ello.

En estas circunstancias, el peligro no es solo que haya más espacio para la corrupción porque donde los medios independientes mueren, la corrupción tiene más probabilidades de prosperar. El peligro es también para el propio periodismo que como función social pierde cada vez más oxígeno.

¿Cómo llenar el vacío que dejan la disminución del número de periódicos y revistas, y la precariedad y mediocridad que hoy predominan en el cubrimiento periodístico? ¿Cómo crear o mantener empresas independientes que cumplan con el papel de auténtico servicio público que han ido dejando los grupos multimedia en aras del negocio? ¿Cómo hacer para que el buen periodismo, el que investiga, el que analiza, el que hace de contrapoder, encuentre apoyo entre los anunciantes? ¿Cómo evitar que el periodista perro guardián acabe convertido en perro faldero? Estos son apenas algunos de los interrogantes que hoy nos hacemos los periodistas de ayer. Muchas gracias...".

Tomado de: http://www.rcnradio.com/node/51540

Colombia: Nuevas restricciones a la libertad de expresión previas a la elección del presidente de la república

Por: Andrés Monroy Gómez

Cuenta de caricaturista colombiano bloqueada en Facebook

En la columna editorial del 24 de mayo titulada “¿Censura en la red?, el periódico El Espectador denunció la clausura de la cuenta en la red social “Facebook” del caricaturista “Bacteria”. Esta acción fue tomada luego de publicar un dibujo titulado “Acomodando las encuestas”, con el  se expresaba una “crítica de los filtros que muchos suponen han sido utilizados por los medios de comunicación para favorecer en las encuestas a determinados candidatos presidenciales”.

La última publicación del caricaturista “Bacteria” fue reportada como “material ofensivo” en Facebook, siendo esta una herramienta de denuncia contra fotos o grupos con contenido sangriento, pornográfico o violento. El editorialista de El Espectador considera necesario preguntarse: “¿Cabe la caricatura, que nuevamente publicamos, en alguna de estas clasificaciones? Y, lo que es peor: ¿Debe deshabilitársele la cuenta de Facebook a Bacteria, como en efecto ocurrió en el día de ayer, para que no insista en opinar?”

Renuncia dirigente gremial para defender su libertad de opinión

Juan Camilo Restrepo, destacado político del partido Conservador, ex ministro de Hacienda y columnista de varios medios, renunció a su cargo de representante por Antioquia ante el Comité Nacional de Cafeteros, cargo que desempeñaba desde el 2002.

Restrepo señaló en su columna publicada en el periódico El Colombiano, que su renuncia “tiene que ver con el derecho que muchos pensamos debe respetársele a todo dirigente gremial para consignar en público y con independencia sus opiniones sobre temas del acontecer nacional. En síntesis: sobre la importancia que en la democracia gremial debe dársele al poder ejercer, de manera respetuosa pero firme, la autonomía crítica. Así algunos se molesten”.

Más adelante agregó que su renuncia es presentada “después de haber constatado que existen sectores entre la dirigencia cafetera que consideran incompatibles mis responsabilidades como miembro del Comité Directivo de la Federación y las de escritor de público que siempre he sido. Estos sectores piensan que las opiniones independientes y respetuosas, pero francas, que sobre temas de interés general suelo consignar en los medios de comunicación resultan incompatibles con la condición de dirigente gremial”.

Candidato presidencial del partido oficialista se molestó con preguntas de un periodista

El candidato Juan Manuel Santos, aspirante a la presidencia de la república por el oficialista “partido de la U”, reaccionó de manera inapropiada frente a la pregunta de un periodista del Canal CMG en el municipio de Magangué. La pregunta iba dirigida a aclarar las presuntas presiones contra personas beneficiarias de un programa de ayuda estatal denominado “Familias en Acción” para que asistieran a las concentraciones públicas del candidato.

Es necesario recordar que el propio Juan Manuel Santos, ha señalado que “los gobiernos necesitan las críticas y prefiere el exceso de éstas a que no existan”.

Video tomado de http://www.youtube.com/watch?v=zaxtr-Eysvc&feature=player_embedded

Campaña de candidato del Partido Verde restringe la labor de periodistas locales.

"Si hablamos de símbolos, la barrera de sillas que pusieron para separar al candidato de los periodistas fue deplorable"
Margarita Velázquez

Margarita Velázquez, periodista y conductora del programa “En directo con Margarita” que se transmite en la ciudad de Tunja (Boyacá) denunció a través de la red social “Facebook” las restricciones a las que fue sometida la prensa local durante la visita del candidato presidencial Antanas Mockus a esa ciudad la semana pasada.

Según la comunicadora “Los periodistas “rasos” que diariamente cubren todo lo que pasa en la región fueron aislados, y otros, como mi programa de opinión en el que preguntamos de todo, fuimos discriminados.”

Luego de la protestas de los periodistas, los organizadores de la visita del candidato decidieron que habría un momento para que Mockus dialogara con la prensa local y regional. “Sin embargo, pusieron una barrera de sillas, nos pidieron los nombres y las preguntas, y al final, trajeron al candidato quien ignoraba lo que estaba pasando, filtraron las preguntas y no permitieron las de carácter de política regional respecto a Londoño, ni la mía que se refería a la libertad de prensa, es decir, filtraron las preguntas”.

Agregó la periodista: “Si hablamos de símbolos, la barrera de sillas que pusieron para separar al candidato de los periodistas fue deplorable: de un lado los reporteros apretados unos con otros intentando acercar micrófonos y cámaras, estirándose como mendigando información, y del otro lado de las sillas, el candidato contrario a la comodidad con la que atendieron a la prensa de afuera, en la que no había ningún tipo de barreras y sí todas las facilidades para hacer bien el trabajo. Pregunto ¿es más importante el cubrimiento internacional que lo regional, acaso quiénes van a votar, los extranjeros o nosotros? ¿Para qué nos invitan si van a discriminar de tal forma?”.

Video tomado de http://www.youtube.com/user/endirectoconmargarit

Grupo de trabajo

“Derecho ciudadano a la información”

http://www.ddhhenlasnoticias.blogspot.com/

http://www.facebook.com/Informacion.Derecho.Ciudadano

Molano et. al.: absolución a favor del periodismo y de la libertad de expresión

Por: Comisión Colombiana de Juristas

En una acertada decisión, el Juez Cuarto Penal Municipal de Bogotá absolvió al sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano, enjuiciado por la presunta comisión de los delitos de injuria y calumnia. La Fiscalía había acusado a Molano por considerar que incurrió en estos delitos al publicar una columna de opinión en la que hizo un llamado de atención sobre graves problemas políticos y sociales que aquejan a la provincia de Valledupar y a la Costa Atlántica colombiana y relacionó estos hechos con algunas familias de notables de esa región[1]. Según el ente acusador, las opiniones vertidas en esta columna constituían una afrenta a la honra de cuatro personas que se sintieron aludidas por ella, las cuales habían formulado querella penal en contra de Molano por tal razón.

El sentido del fallo, leído en la tarde del 9 de febrero, desestimó la acusación de la Fiscalía, al concluir que no existen pruebas suficientes que permitan aducir que Molano excedió los límites de su derecho a la expresión, pues su columna no tuvo la intención ni el efecto de agredir la honra de los cuatro querellantes.

Esta decisión marca un importante precedente a favor de la libertad de expresión, en tiempos en los que el respeto y la garantía de este derecho han sido amenazados por la utilización de procesos penales como mecanismo a través del cual se pretende acallar la crítica y el control que ejerce el periodismo, de los que el de Alfredo Molano es un elocuente ejemplo, entre otros. Es obligación del Estado evitar que por medio de delitos (como los de injuria y calumnia) se inhiba y ahogue el debate público, piedra angular de la existencia y el fortalecimiento de la democracia. Al respecto, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) pone de presente que según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Estado debe garantizar que tales delitos sólo podrán aplicarse en circunstancias excepcionales, cuando no haya duda de la real malicia de quien ejerció su libertad de expresión[2].

La CCJ aprovecha esta oportunidad para recordar que, a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Constitución Política, la libertad de expresión no sólo cobija bajo su manto de protección a aquellas ideas que son benignas o inofensivas, sino también las que pueden incluso resultar molestas, irritantes o chocantes. Penalizar esta clase de ideas significaría desconocer no sólo el derecho a la expresión, sino también la tolerancia y el pluralismo, características que debe proteger y promover todo régimen que se precie de llamarse democrático[3], como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Bogotá, 10 de febrero de 2010

Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, director de la CCJ

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[1] La columna se tituló “Los Araújo et. al.”, fue publicada el 24 de febrero de 2007 en el diario El Espectador. Puede ser consultada en el siguiente link: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo184553-nuevo-capitulo-de-pelea-entre-alfredo-molano-y-los-araujo

[2] Ver Principio 10 de la Declaración de principios para la libertad de expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108º periodo de sesiones celebrado en octubre de 2000.

[3] Órgano que interpreta y aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es parte. Entre otros, ver Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 88.

Alfredo Molano absuelto por juez penal

http://www.youtube.com/watch?v=ElLunafUKeQ

Febrero 9 de 2010.

Por: Andrés Monroy Gómez

En el juzgado 4 Penal Municipal de Bogotá, el columnista y sociólogo colombiano Alfredo Molano fue absuelto, dentro del proceso que por injuria y calumnia iniciaron en su contra algunos miembros de la familia Araújo de Valledupar.  Esta sentencia es un importante precedente para la libertad de opinión en Colombia.

 

Grupo de trabajo "Derecho Ciudadano a la Información".

Epílogo de un juicio a la libertad de opinión

Epílogo de un juicio a la libertad de opinión

Por: Andrés Monroy Gómez

Febrero 2 de 2010

El  alarmante aumento de casos de periodistas y columnistas de opinión llamados a los estrados judiciales, acusados de atentar contra el honor de destacadas o cuestionadas personalidades de la realidad colombiana, ha llevado a que se acuñe la expresión “acoso judicial” para referirse a este complejo panorama (1).

 

El más reciente episodio de querellas contra columnistas se desarrolló durante el juicio contra Alfredo Molano. Aproximadamente 16 horas, distribuidas entre el viernes 29 de enero y el lunes 1 de febrero, fueron necesarias para escuchar a los testigos y expertos citados a la audiencia de juzgamiento contra Molano Bravo, por los delitos de injuria y calumnia. Este proceso penal fue iniciado por cuatro miembros de la familia Araújo, de Valledupar, por la columna “Araújos et al” publicada en el periódico El Espectador en febrero de 2007 (2).  Algunos intervinientes en la diligencia judicial demostraron su lamentable desconocimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección a la libertad de expresión. Por otra parte, el ritualismo procesal acaparó la atención que debía darse al debate de fondo: la judicialización y los límites constitucionales a la libertad de opinión.

 

Luego de los alegatos finales de la fiscalía y acusadores, quienes pidieron la condena de Molano, y del defensor del acusado y del representante del Ministerio Público, quienes pidieron la absolución, el juez cuarto penal municipal señaló que el próximo 9 de febrero – fecha que coincide con la celebración del día del periodista - dictará sentencia en este caso.

 

Esta audiencia de juzgamiento fácilmente puede ser la inspiración de una columna de opinión de Molano, donde describe los comportamientos, carencias, vicios y virtudes de diferentes sectores de la sociedad colombiana.

 

Uno de estos comportamientos se ve en la cada vez más frecuente reacción de algunos “notables” regionales y nacionales frente a las expresiones críticas sobre su comportamiento “especulativo”, como lo señaló Molano en su columna. Pero, una interpretación muy subjetiva del comportamiento especulativo puede ir más allá del significado económico. Muchos “notables” especulan frente a la justicia, buscando lucrarse en desmedro de los derechos fundamentales de los colombianos.

 

Otro comportamiento que se afianza en esta sociedad propensa al maniqueísmo, es el de la deslegitimación de la solidaridad.

Uno de los denunciantes calificó como “inexplicable” la “solidaridad de cuerpo” de los colegas de Molano. Agregó posteriormente que la presencia de las cámaras de diferentes medios de comunicación y la convocatoria hecha a periodistas y organizaciones internacionales hacía parte de una “estrategia calculada”.

Pasando por alto que el denunciante desconociera el derecho que tienen los medios de comunicación a presenciar las audiencias penales,  los periodistas, en solidaridad o en el cubrimiento de un hecho noticioso, debían estar presentes en esa sala de audiencias. La denuncia contra Molano y la propuesta de conciliación consistente en que el columnista publicara una rectificación, previa aprobación de su texto por parte de los querellantes, no sólo es un intento de ultrajar el derecho a la libre expresión de las opiniones propias. También es una amenaza al derecho que tenemos todos los habitantes a conocer la opinión de los demás, el derecho a estar informados y acceder a la interpretación que una persona experta en determinado tema pueda hacer al respecto.

 

Me atrevo a afirmar que los valientes que expresaron en las puertas del complejo judicial su rechazo a las prácticas intimidatorias contra la libre opinión en Colombia, no contaron con el suficiente respaldo que su causa merece. Es tan legítima esta solidaridad, como la que podían invocar los denunciantes a los otros “notables” Araújo… de Valledupar.

El 9 de febrero – día del periodista – se conocerá la sentencia con la que termina esta instancia judicial. Existe una extensa jurisprudencia colombiana sobre libertad de expresión, y específicamente sobre la libertad de opinión, a disposición del Juez 4 Penal Municipal. También existe una extensa cadena de solidaridad con Alfredo Molano, porque su derecho a opinar es nuestro derecho a conocer su opinión, y porque el derecho que tienen todos los periodistas a informar, es nuestro derecho fundamental a estar informados.

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

NOTAS

(1) Como ejemplo de estas publicaciones cito algunas:

Eurodiputados denuncian acoso judicial contra periodistas en Colombia.

En: http://www.p-es.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3920:eurodiputados-denuncian-acoso-judicial-a-periodistas-en-colombia&catid=37:libertad-expresion&Itemid=61  

Periodismo bajo acoso judicial. En http://www.voltairenet.org/article162197.html  

Varios periodistas víctimas de procesos judiciales que violan el secreto profesional o son dirigidos a silenciar críticas. En http://www.ifex.org/colombia/2008/08/28/several_journalists_victims_of/es/  

Caso Molano: La limitación del libre flujo de ideas es incompatible con la libertad de expresión. En http://www.fipcolombia.com/noticiaAmpliar.php?noticia=2294  

Aumentan las demandas de políticos y parapolíticos contra columnistas. En: http://www.cambio.com.co/panoramacambio/782/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4347348.html  

FEPALC ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

En http://americalatina.ifj.org/es/articles/fepalc-ante-comisin-interamericana-de-derechos-humanos-de-la-oea

(2) http://molanosomostodos.blogspot.com/2008/08/arajos-et-al.html  

(3) Acceso de medios de comunicación a audiencias penales. En http://www.fipcolombia.com/noticiaAmpliar.php?noticia=3558

JUICIO CONTRA ALFREDO MOLANO BRAVO

El próximo 29 de enero se realizará la audiencia de juzgamiento contra el sociólogo y columnista de opinión Alfredo Molano.  Este caso significa la creciente tendencia que se presenta en la muy polarizada sociedad colombiana a penalizar la opinión crítica y en silenciar las denuncias para manipular las decisiones de los ciudadanos. 

La audiencia pública será el próximo 29 de enero a las 9:00 a.m. en el Juzgado Cuarto Penal Municipal (Carrera 29 No. 18 A – 67, Bloque C, Piso 4, sala 2, Bogotá D.C)

A continuación transcribirmos el último artículo publicado en el blog "Todos somos Molano" (enero 24 de 2010), y al final del texto, está la referencia de un artículo de análisis publicado por el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (Ceso-FIP) el 11 de agosto de 2008.

Los inconvenientes de la verdad dolorosa
Enero 24 de 2010

Artículo tomado de: "Todos somos Molano"
http://todossomosmolano.blogspot.com/2010/01/los-inconvenientes-de-la-verdad.html

El 25 de febrero de 2007 –va a hacer tres años- mi amigo Alfredo Molano Bravo, sociólogo, escritor y periodista, escribió una columna para el periódico bogotano El Espectador.

Era una columna como todo lo que él escribe cotidianamente: señalando orígenes, situando historias, proporcionando luces de entendimiento y líneas premonitorias. La columna de Molano hablaba de aquellas familias de la farándula económica, política y paramilitar que hace tiempo gobierna a Colombia a punta de combinar colectivamente elecciones con negocios, corrupción, crímenes y despojo. El término “colectivamente” es importante en esta historia, mientras el verbo “combinar” ha caracterizado siempre la historia del poder en este mi país (y lo sigue haciendo).

Llamándolos “notables” y “nobles”, Molano se refirió como ejemplo a varios apellidos de la Costa Atlántica que han hecho y deshecho, generación tras generación (y que siguen haciendo), así ahora pongan cara de santurrones.

En ese febrero de 2007, cuando Molano escribió su columna Araújos et al en El Espectador, sucedía que el padre y el hermano senador de la Canciller, “La Conchi” Araújo, estaban en la mira de la justicia por paramilitarismo.

Ante la presión de Estados Unidos había rodado la cabeza de “La Conchi” y el presidente Uribe había nombrado a otro Araújo como Canciller.

El nuevo ministro de Exteriores, Fernando Araújo, se había liberado hacía muy poco tiempo de un secuestro de seis años de las FARC. Las FARC, con ese secuestro, a su vez habían librado a Fernando Araújo de un enjuiciamiento por corrupción, relacionado con un caso cuyos términos judiciales acababan de prescribir cuando éste se le voló a la guerrilla en medio de un ataque de la fuerza aérea.

La columna de Molano comenzaba diciendo que unos Araújo no tenían que ver con otros como familia consanguínea, pero tenían, sin embargo, las mismas mañas al hacer sus negocios. Las mismas formas de nombrar parientes en puestos claves del Estado, ese gran ponqué para repartir entre todos ellos.

En su escrito, Molano mostraba que las élites regionales son muy poderosas en Colombia; que mantienen una fuerte injerencia política y que se sostienen gracias a un conjunto de arbitrariedades que los gobiernos, como es natural, no ven.

A pesar de que por ahora no se les conoce ninguna ejecutoria, ni buena ni mala, unos jóvenes pertenecientes a la familia de “La Conchi” se sintieron aludidos con aquello de “notables”.

Son cuatro, el menor de ellos de 25 años. Son primos de los Araújo, o primos de los Molina o de los Castro, o sobrinos de los Araújo, o tíos de los Molina, o de los Castro, o todos los anteriores: vaya usted a saber. En todo caso su destino, si a bien lo tienen, es ser los dueños en su región –repito que por herencia, y no necesariamente por méritos- de eso que aquella farándula denomina “la política”.

Estos jóvenes Araújo, o Molina, o Castro quieren hacer, parece, su debut profesional para darse a conocer nacionalmente y entrar por puerta grande a los salones festivos y a los asados domingueros donde se reparte el presupuesto nacional.

Han escogido un blanco fácil, cómo no.

Molano es vulnerable porque es toda una rareza. De esa gentuza, you know, que pone sus principios por encima de las conveniencias personales. Quizá es culpa de su maestro, el principal sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, que en agosto de 2008 nos dejó sin él. Fals decía que Colombia “necesita que se diga la verdad, así sea dolorosa, y aunque produzca serios inconvenientes a aquellos que se atreven a decirla”.

Eso lo escribió Fals en el prólogo de “La Violencia en Colombia – Estudio de un proceso social”, investigación conjunta con el obispo Germán Guzmán y el jurista Eduardo Umaña Luna, que recoge la memoria histórica de la raíz de esta guerra nacida en 1946. Cuando ese libro salió a circulación en 1962 Valencia, el presidente de entonces -muy admirado hoy por el fascismo colombiano- ordenó apostar tanques de guerra en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Todo indica que Molano le aprendió a Fals Borda. Detrás de su nombre hay un prestigio merecido. Hoy, Molano es un icono de la intelectualidad colombiana de izquierda.

Los niños Araújo, como los llamamos, entablaron una querella contra Molano, por cuenta de su columna Araújos et al.

Primero le propusieron una conciliación, que consistía en que Molano escribiera una columna que a ellos les gustara. Ellos le iban a introducir correcciones hasta aprobarla, Molano debía publicarla con su firma en El Espectador y asunto concluido.

Pero Molano, autor de más de 15 libros, cronista apetecido, el sexto columnista más influyente del país según la encuesta Panel de Opinión (enero 2010), se negó a jugar con su principal patrimonio que es precisamente su firma. No aceptó a los Araújo como censores de su trabajo. No aceptó la mordaza y nos dio prioridad a sus lectores, cómo les parece.

A los niños Araújo les ofreció ir a la región, hacer una investigación y precisar –no negar- lo afirmado en la columna. En esa labor, Molano hablaría con ellos. Los jóvenes rechazaron el trato tan riesgoso, y el juicio contra Molano por calumnia e injuria comenzó.

¿Por qué Molano no consideró la posibilidad de negar sus afirmaciones? Pues porque es que cuando uno viaja por allá -a la deslumbrante tierra vallenata, territorio garciamarquiano en el departamento del Cesar, al sur del desierto de La Guajira y de la Sierra Nevada de Santa Marta y pegado a Venezuela- la gente lo que le dice a uno es que todo lo que se diga sobre todas esas familias que mandan en la región es verdad. Que Alfredo Molano se quedó corto. Lo sostienen, pero sólo si se les resguarda la identidad. No hay garantías para los testigos.

Fue así como Molano conoció el mundillo kafkiano y cuasi incomprensible del código procesal, los pasos, las mediaciones, los términos, las instancias.

En el juicio, Molano es el “victimario”. Lleva desde mayo de 2007 sometido periódicamente a sentarse en la misma silla donde minutos antes –por ejemplo- se sentó un hombre que violó a la hija o mató a la mamá.

Él dice que se siente disminuido por ese sólo hecho. Yo lloro desde que comienza la audiencia hasta que termina, sentada tomando apuntes en primera fila en los asientos destinados al público en el juzgado. “Es que ella llora por todo”, dice Molano, y es cierto. Lo que llama la atención es la propiedad con que manejan el escenario los niños Araújo. Se perciben como que fueran ellos quienes le dieran empleo al juez.

El apoyo nacional e internacional que se le ha dado a Molano ha sido crucial para él.

Ahora se anuncia nuevamente que el 29 de enero será la audiencia pública de juzgamiento en su proceso, el veredicto final.

Fuera del drama personal, están en juego en este juicio cuatro penas duras contra Molano: una multa, una indemnización a las “víctimas”, que son los herederos de los clanes Araújo y Molina, y la cárcel.

La cuarta pena es más grave que todo eso junto: la prohibición y la mordaza. La prohibición de escribir.

Para gente como Molano (o como yo), “dejar de escribir es un poco dejar de vivir”, en sus palabras. Escribir (contando encuentros y descubrimientos) es nuestra forma de vida económicamente y emocionalmente; es nuestra ciudadanía.

Pero lo que se está jugando la sociedad colombiana en el juicio contra Molano no es menos costoso.

Ha quedado probado que al gobierno de Álvaro Uribe le incomodan, le fastidian y le irritan no sólo las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, sino también las denuncias de defensores de derechos humanos y de periodistas y los señalamientos de la oposición.

Esa viscosidad incalificable que está detrás del gobierno colombiano actual, y que se ha tomado el parlamento y otras cosillas, anda buscando en este, y en otros numerosos casos, una jurisprudencia que restablezca el delito de opinión, en contra de la libertad de opinión y de la libertad de prensa.

La viscosidad quiere cobrarse una pieza, el valioso Molano. Y sentar un precedente; conseguir una herramienta jurídica para poder intimidar a los columnistas. La viscosidad necesita poder actuar legalmente sobre la gente que opina, esa gente peligrosa cuya voz circula e influye.

La opinión no necesita pruebas. El periodismo investigativo está obligado a mostrarlas, asunto complicado cuando no hay garantías para las fuentes y los investigados combinan todo lo que dije arriba. En Colombia la información investigada está en las principales columnas de opinión -menos reguladas incluso desde el punto de vista periodístico- y en los libros. La opinión y los libros siguen siendo vistos en el mundo como altares de libertad, y por eso en Colombia se habían atrevido menos contra ellos.

Ya han sido aplazadas cinco audiencias finales en el juicio contra Molano. Quizá haya fallo adverso el día que los lectores de Molano se cansen de ir al juzgado para estar ahí, presentes con su apoyo. Pero tal vez la justicia considere que su deber es preservar la libertad de opinión, y por esa vía ayudar a cuidar “la verdad, así sea dolorosa”.

Para quienes estén ese día por acá en Bogotá:

La audiencia pública es el viernes 29 a las 9:00 a.m.

Juzgado Cuarto Penal Municipal

Paloquemao

Carrera 29 No. 18 A – 67

Bloque C

Piso 4, sala 2

Caso Molano: La limitación del libre flujo de ideas es incompatible con la libertad de expresión

11/8/2008
Artículo tomado de: http://fipcolombia.com/noticiaAmpliar.php?noticia=2294

Por: Andrés Monroy Gómez

En febrero de 2007 el sociólogo y periodista Alfredo Molano publicó en el diario El Espectador una columna titulada Araújos et al. Por esta columna de opinión, Alfredo Molano Bravo fue denunciado ante la Fiscalía, donde le formularon cargos por injuria y calumnia.

Los querellantes son Andrés Alfredo Araujo Ariza y Andrés Alfredo Rafael Molina Araujo. Ellos, además, exhiben poderes de Hernán Felipe Araujo Ariza y Maria Mercedes Molina Araujo.

El artículo 20 de la Constitución Política señala que ”Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Bajo este parámetro, la Corte Constitucional ha dicho que “La materialización del derecho a la libertad de opinión comprende la manifestación tanto de señalamientos positivos como de opiniones negativas sobre las personas o sus actuaciones. Sin embargo son inadmisibles las expresiones que alcancen niveles de insulto o aquellas que estén dirigidas a personas específicas y que resulten absolutamente desproporcionadas frente a los hechos, comportamientos o actuaciones que soportan la opinión, de tal manera que, más que una generación del debate, demuestre la intención clara de ofender sin razón alguna o un ánimo de persecución desprovisto de toda razonabilidad”[1].

Molano afirmó en una carta enviada a diferentes organizaciones sociales, que los denunciantes exigieron que la única conciliación posible consistía en la publicación de una rectificación en el diario El Espectador, previa aprobación de su texto por parte de ellos. Molano se negó por considerar esta propuesta un atentado a la libre expresión.

En la diligencia de conciliación, Molano declaró que solo estaba dispuesto a precisar su opinión consultando a ciudadanos de Valledupar sobre la conducta histórica de los notables de la región. Los abogados querellantes no aceptaron la propuesta.

En la audiencia pública de formulación de imputación realizada el 6 de mayo, uno de los argumentos de la defensa del columnista, es que los notables de Valledupar no son solamente los Araujo y por tanto los señalamientos hechos no necesariamente implican a los Araujo. Según la defensa la intención de Molano fue la de pintar un clima social y político donde los Araujo viven y actúan.

Ceso-FIP viene denunciando una perversa modalidad de restricción a la libertad de expresión y de información: el acoso judicial. Así lo manifestó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en audiencia celebrada en el 2007 y en su informe presentado para el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas en julio de este año.

Recientemente en Colombia se ha incrementado la práctica de intimidación a los periodistas por medio de acciones judiciales que da origen al debate sobre el acoso judicial y la necesidad de despenalizar los que comúnmente se conocen como “delitos de prensa”[2].

El clima de polarización e intolerancia se traslada ahora a los estrados judiciales donde se busca restringir la libertad de opinión. Esta restricción no sólo se afecta el derecho de quien ahora está siendo procesado, sino también el derecho de toda la sociedad a conocer las opiniones de una persona que ha estudiado sobre el terreno la realidad de muchas regiones de Colombia. Estas opiniones que pretender castigarse pueden servir para que los ciudadanos se construyan su propio criterio sobre lo que sucede en el país.

Esta modalidad de presión ,el acoso judicial, busca cerrar el camino a quienes se han resistido a ceder ante la autocensura.

El acoso judicial con el que se pretende restringir la libertad de expresión y opinión es un arma contra la democracia. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública (…) Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre”[3].

Si se pierde ese derecho fundamental a la libertad de expresión, se pone en peligro la vigencia de todos los demás valores y principios imperantes en una sociedad democrática[4].

El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre Libertad de Pensamiento y de Expresión, dispone que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

(…)

Otro documento importante en el Sistema Americano de protección de los derechos humanos, es la “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”[5].

El Principio No. 5 señala que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

En la interpretación a este Principio, la Relatoría ha manifestado que “ la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la libertad de expresión engloba dos aspectos: el derecho de expresar pensamientos e ideas y el derecho de recibirlas. Por lo tanto, cuando este derecho es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo el derecho individual de expresar información e ideas, sino también el derecho de la comunidad en general de recibir todo tipo de información y opiniones (…)

Haciendo mención a una decisión de la Corte Europea , la Corte Interamericana ha declarado que la protección a la libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino también a aquellas que “ofenden, resultan chocantes o perturban”, porque ”tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática.”

Asimismo, este principio establece que es inadmisible la imposición de presiones económicas o políticas por parte de sectores de poder económico y/o del Estado con el objetivo de influenciar o limitar tanto la expresión de las personas como de los medios de comunicación. La Comisión Interamericana ha expresado al respecto que el uso de poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, ya que al acallar ideas y opiniones impopulares o críticas se restringe el debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas. La limitación en el libre flujo de ideas que no incitan a la violencia anárquica es incompatible con la libertad de expresión y con los principios básicos que sostienen las formas pluralistas y democrática de las sociedades actuales”.

Notas

1] Al respecto ver sentencias de la Corte Constitucional T-263 /98, T-213/04 y T-437/04. Tomado de: Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992 – 2005)- Uprimny, Rodrigo; Fuentes, Adriana; Botero, Catalina y Jaramillo, Juan Fernando. DeJusticia, Fundación Konrad Adenauer y Andiarios. Bogotá D.C, 2006. Página 129.

[2] Código Penal, Delitos contra la integridad moral. Artículos 220 a 223.

[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 05 de 1985. Tomado de: Bertoni, Eduardo Andrés. Libertad de expresión en el Estado de Derecho. Segunda edición. Editoriales del Puerto. Buenos Aires. 2007. Página 111.

[4] Ídem. Pg. 112.

[5] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante su 108° período ordinario de sesiones en octubre del año 2000. Dicha declaración, constituye un documento fundamental para la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas sino que además incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho. Fuente: http://www.cidh.org/relatoria