Declaraciones del Vicepresidente de la FIP sobre periódico La Nación (Chile)

Campaña mundial de solidaridad con periodistas y trabajadores del Diario La Nación en Chile from FEPALC on Vimeo.

¿Cómo evitar que el periodista perro guardián acabe convertido en perro faldero?

Discurso de María Elvira Samper al recibir el premio a la vida y obra de un periodista.

"Antes que yo, por aquí debería haber pasado mi mamá, Lucy Nieto de Samper, con más de 50 años en el oficio y quien a punta de teclear en una máquina de escribir Olivetti nos educó a sus cinco hijos, huérfanos de padre muy temprano en la vida.

A ella, heredera de una tradición que lleva el periodismo en la sangre, y a mi hijo Andrés, a quien mi necesidad de trabajar lo privó muchas veces de mi presencia, les dedico este reconocimiento.

Llegué al periodismo sin proponérmelo. Rebelde sin causa, no quería ser ni la hija de Lucy, ni la nieta de LENC, Luis Eduardo Nieto Caballero, un nombre que nada dice a las nuevas generaciones pero que hace parte de la historia del periodismo colombiano, un hombre que en la defensa de la democracia, de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa, sufrió la cárcel y la censura. Fue codirector de El Espectador al lado de don Luis Cano y fue también columnista y colaborador de El Tiempo durante 40 años, hasta su muerte un mes antes de la caída de la dictadura del general Rojas Pinilla.

Cuando en 1955 el régimen militar ordenó cerrar El Tiempo porque su director, don Roberto García-Peña, abuelo de mi colega Rodrigo Pardo, rehusó hacer una rectificación que no consideró pertinente, el mío se negó a callar y acudió a las cartas para denunciar la corrupción y los abusos de la dictadura, exigir justicia y protestar por la censura. Dirigidas al General, las entregaba personalmente en las puertas de Palacio y, mimeografiadas, circulaban luego de mano en mano. Sus luchas políticas, basadas en sus profundas convicciones de librepensador e inspiradas en su vocación de servicio al país, las libró siempre con la más noble y limpia de las armas: la pluma.

Hago esta introducción con sabor a nostalgia para honrar esa herencia que me enorgullece y que me dejó la lección de mi vida personal y profesional: los principios no se negocian ni por poder, ni por círculo político, ni mucho menos por dinero. Esta ha sido mi carta de navegación en un oficio en el que maduré y estoy envejeciendo gracias a todos aquellos que alguna vez me dieron oportunidades y abrieron espacios: Jaime Soto, Felipe López, Plinio Mendoza, Fernando Gómez Agudelo, Juan Gossaín…También a las decenas de periodistas con los que he trabajado en prensa, radio y televisión, y a ese puñado de colegas amigos con quienes, no hace muchos años, emprendimos quijotescas aventuras periodísticas: María Isabel Rueda, Ricardo Ivila, Pilar Calderón, Roberto Pombo, Enrique Santos, Mauricio Vargas, Édgar Téllez y, ni más ni menos, que Gabriel García Márquez, inspiración y aliento en el noticiero QAP y en los años en que hizo parte de la revista Cambio.

 

Han sido décadas turbulentas y los periodistas, no siempre bien preparados, no siempre con tiempo para profundizar, para estudiar nuestra propia historia y entender por qué somos como somos y nos pasa lo que nos pasa, nos hemos visto enfrentados a múltiples violencias, a complejos procesos de negociación con organizaciones armadas, al ingreso de los grupos económicos a los medios de comunicación, a enormes escándalos de corrupción pública y privada, rodeados de trampas, amenazas, presiones y talanqueras a la libertad de prensa... Difícil, entonces, no mirar atrás ahora que este premio me obliga a reflexionar sobre mi vida en los medios. Difícil no describir, aunque sea a grandes brochazos, las distintas encrucijadas que hemos enfrentado y en las que los periodistas han dejado una alta cuota de sangre.

En los albores de los años 80, consciente de que si bien el Frente Nacional había puesto fin a la violencia entre liberales y conservadores también había creado dos monstruos, las guerrillas y la represión militar. Belisario Betancur promovió el diálogo con la subversión. La actitud de total respeto por la libertad de prensa que asumió el Presidente, quien llegó a decir que prefería una prensa desbordada a una prensa censurada, significó un punto de quiebre para el periodismo que, sobre todo en radio y televisión, había estado sometido al control de la información sobre el conflicto que ejercía el gobierno del “estatuto de seguridad” de Turbay Ayala.

Sentimos que nos habían soltado la rienda y en parte por falta de preparación, en parte por ingenuidad y exceso de optimismo, caímos en la tentación de conceder demasiado protagonismo a los jefes guerrilleros que aún conservaban cierto aire de romanticismo revolucionario.

Tanta visibilidad irritó a los enemigos de los diálogos y desató una polémica sobre los límites y responsabilidades de la prensa, y los peligros que entrañaba para el equilibrio informativo el llamado “síndrome de la chiva”. García Márquez terció en la controversia y en el prólogo del libro La guerra por la paz, un compendio de columnas que Enrique Santos Calderón había escrito sobre el proceso, dijo que la opinión pública, que debía ser el árbitro final del debate, “había quedado reducida a la condición de pobre señora sentada en medio de un ventisquero de informaciones contradictorias, en el cual era imposible saber, sin lugar a dudas, dónde estaba la verdad”.

Fuimos los periodistas idiotas útiles, chivos expiatorios o víctimas del doble discurso oficial, que desde el ejecutivo concedía estatus político a los guerrilleros y desde la cúpula militar hablaba de bandoleros.

Los interrogantes quedaron abiertos y volvieron a surgir durante las conversaciones de Caracas y Tlaxcala en el gobierno de César Gaviria, y en las negociaciones del Caguan durante la administración de Andrés Pastrana. Para ese momento, al menos la prensa escrita había aprendido algunas lecciones: varios medios crearon Unidades de Paz o abrieron espacios de discusión con expertos, en un esfuerzo para comprender los hechos más allá de la coyuntura, para mirar la negociación a la luz de otras negociaciones de conflictos internos y aportar elementos de juicio a los lectores.

No hicieron lo mismo los noticieros de radio y televisión que, sometidos al rating, impusieron un periodismo sensacionalista que daba prioridad a situaciones dramáticas -tomas de pueblos, cilindros-bombas contra alcaldías y estaciones de Policía, enfrentamientos, expresiones de dolor de las víctimas-, sin duda hechos noticiosos que no podían dejar de ser cubiertos, pero que terminaron por hacer mucho ruido y desviaron la atención de avances, apenas visibles para los analistas del conflicto.

No hemos salido en general bien librados en el cubrimiento de los diálogos con la subversión, y por varias razones: por falta de más análisis y crítica, y de más independencia de las voces oficiales, y por la dificultad para superar la condena visceral de la barbarie de la guerrilla, de todas maneras lógica, que nos impidió ver más allá y entender que los caminos de la paz son terreno minado. Contribuimos a crear falsas expectativas y confusión en la opinión. Ayudamos, sin proponérnoslo, a impulsar el péndulo que, según la coyuntura, se ha movido del entusiasmo por la paz al entusiasmo por la guerra.

La época del narcotráfico y su ofensiva violenta contra el Estado durante las administraciones de Virgilio Barco y César Gaviria, nos enfrentaron a una de las más dramáticas situaciones de nuestra historia reciente. Si al comienzo del Gobierno Betancur la lucha contra las drogas no había sido prioridad, el asesinato de su ministro de Justicia Rodrigo Lara, por orden del cartel de Medellín, fue un punto de inflexión definitivo.

 

Los carteles comenzaban a marcar su territorio con sangre y fuego, y convencidos de que por el camino de la violencia podían acorralar al Estado y recuperar la senda de la negociación que había fracasado en el Gobierno Betancur, intensificaron la ola de atentados, amenazas, y asesinatos de magistrados, jueces, policías, funcionarios, periodistas…Fue la dictadura del miedo: la consigna era silenciarnos o corrompernos. Algunos sucumbieron a la tentación, pero en general los periodistas nos convertimos en blanco y en trinchera.

El asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano, nos llevó a convocar una marcha nacional para rechazar el crimen y defender la libertad de prensa. Multitudinaria en todas las ciudades, fue la expresión de un país conmocionado hasta los tuétanos. Hicimos también un paro informativo, 24 horas sin noticias, para crear un espacio de reflexión sobre lo que significaba el silencio de los periodistas.

No estábamos dispuestos a aceptar la mordaza que los carteles pretendían imponernos, y para autoprotegernos organizamos luego un pool de medios que aportaron sus unidades investigativas y designaron a un puñado de periodistas, del cual hice parte, para preparar informes sobre esas organizaciones criminales. Adaptados a radio, prensa y televisión fueron divulgados en forma simultánea durante tres meses cada 15 días. Nos reuníamos en diferentes lugares, en distintos días y horas de la semana, pero nos descubrieron y las reiteradas amenazas nos obligaron a suspender las reuniones.

No obstante, la campaña causó gran impacto y permitió que la opinión conociera las dimensiones del monstruo. La sociedad empezó a darse cuenta de que la violencia no solo era de la guerrilla, que también era del narcotráfico y de los paramilitares, que escalaban la guerra sucia contra la UP, financiados por la droga y apoyados por miembros de la fuerza pública y sectores políticos de extrema derecha.

Fue la época de las peores masacres, de los secuestros de Andrés Pastrana y Álvaro Gómez, de una nueva iniciativa de paz, de esa ofensiva violenta que alcanzó su máxima expresión con el magnicidio de Luis Carlos Galán, del restablecimiento de la extradición por vía administrativa, del narcoterrorismo en las ciudades, del asesinato de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Los periodistas nos debatíamos entre el miedo y la incertidumbre, nunca sabíamos si íbamos a volver vivos a nuestras casas.

La campaña presidencial había sido la más violenta y trágica de la historia. Todo parecía excluir cualquier posibilidad de un acuerdo con los narcotraficantes. Sin embargo, César Gaviria aprovechó la crisis para dar una vuelta de tuerca y retomar el camino de la negociación, imposible tras el asesinato de Galán. Propuso abrir espacios jurídicos con instrumentos diferentes a la amnistía y el indulto para lograr la entrega de los llamados “Extraditables” a cambio de la no extradición.

Negociar con las mafias no era claudicar, reconocer que el Estado estaba derrotado. ¿Había otra salida para poner fin al baño de sangre? Como siempre en este oficio, eran más las dudas que las certezas.

Para presionar al Gobierno, los capos, que buscaban tratamiento político y no de delincuentes comunes, acudieron al secuestro de periodistas, Diana Turbay y Francisco Santos entre ellos. En el entretanto, el equipo de Gaviria daba las puntadas finales a la política de sometimiento, y se abría paso la Asamblea Constituyente que en junio del 91 proclamaría la nueva Constitución que prohibía la extradición. Ese mismo día, se entregó Pablo Escobar a la Justicia. Respiramos aliviados. Lejos estábamos de imaginar que un año después registraríamos su fuga, y año y medio más tarde su muerte en un operativo del bloque de búsqueda.

 

La muerte del capo significó el final del narcoterrorismo pero no del narcotráfico y el crimen organizado. El paramilitarismo con su maquinaria criminal surgiría como el nuevo enemigo. Sus jefes acudirían a las formas más infames para acallar a la prensa. Muchos periodistas, sobre todo de los medios regionales, más vulnerables, pagaron con su vida la osadía de denunciar. No obstante, gracias a esas denuncias y sobre todo a las investigaciones periodísticas de algunos medios capitalinos, la opinión empezó a descubrir la dimensión del poder que habían alcanzado los paramilitares en las administraciones locales y regionales, y en el Congreso, donde lograron el 34 por ciento de las curules en la campaña de 2002, todas de la coalición uribista. Reelegidos la mayoría en 2006, las investigaciones de la llamada parapolítica no solo llevaron a muchos de congresistas aliados del Gobierno a la cárcel, sino que derivaron en el escandaloso espionaje del DAS a opositores, magistrados de la Corte Suprema y periodistas.

El uso de prácticas perversas y de dineros oscuros para conseguir resultados políticos y electorales ya tenía antecedentes: la campaña que llevó a Ernesto Samper a la Presidencia y que derivó en el llamado proceso 8.000. Entonces quedó claro que las mafias habían aprendido que mejor que enfrentar a las instituciones, era infiltrarlas y corromperlas, y que más rentable que asesinar policías, jueces, políticos y periodistas, era comprarlos.

Fue entonces cuando se rompió una constante histórica: el periodismo cortó su cordón umbilical con los políticos. Fue un proceso por etapas: tímido al comienzo, se radicalizó a medida que conocíamos declaraciones, documentos, testimonios, grabaciones e indagatorias que comprometían a congresistas, altos funcionarios y al propio Presidente de la República. Repugnancia y rechazo por la corrupción de la clase política se respiraba en las salas de redacción.

Los congresistas no ahorraron esfuerzos para imponernos controles y estatutos, precisamente cuando 173 parlamentarios empezaban a ser investigados por recibir plata del narcotráfico. El Gobierno acudió al chantaje para arrodillar a periodistas y medios mediante licitaciones de TV y frecuencias de FM, y con ayuda de sus amigos en el Congreso sacó una ley que cambiaba las reglas del juego y cuyo propósito era castigar a los noticieros que cuestionábamos su gestión. Entonces el DAS también interceptaba teléfonos y hacía seguimientos a los periodistas críticos del Gobierno.

La crisis del 8.000 significó un nuevo debate sobre el papel de los medios. Nos acusaron de haber ignorado las reglas del oficio, de haber servido de correa de transmisión de fuentes interesadas, de no haber investigado suficiente. En resumen, de tomar partido, de hacer parte de la crisis. Ante el vacío y el fraccionamiento de los partidos, ante la usencia de una oposición política organizada, la prensa ocupó parte de ese espacio y sí, tomo posición, y cavó trincheras. Ese fue, paradójicamente, su mayor acierto y su más grave error. Se jugó sus restos, su prestigio, su credibilidad pero no pudo salvarse del diluvio. Pero qué habría pasado, entonces, de no haber sido por ese periodismo que, incluso con sus fallas y excesos, hizo de cancerbero ¿La opinión habría sabido que el narcotráfico había penetrado hasta las más altas esferas del poder, que innumerables miembros de la clase política habían vendido su alma al diablo? No estoy segura.

La encrucijada más reciente pero no la última fue la que crea el gobierno de Álvaro Uribe. Por esa la ley del péndulo que antes mencioné, el país pasó del desencanto por la paz al entusiasmo por la guerra. Seducidos por el fuerte liderazgo del Presidente, que concentró la información sobre el conflicto en cabeza suya y unificó el mensaje, único mensaje, la lucha contra el narcoterrorismo de las Farc, la casi totalidad de los medios se contagiaron del clima de unanimismo que reinaba en la opinión.

Una tras otra, las encuestas reflejaban el decidido apoyo al presidente Uribe y, hábilmente manipuladas por el Gobierno, acabaron por incidir en las líneas editoriales y en los titulares de las noticias a la hora de informar sobre las políticas y acciones oficiales. Ese ambiente perversamente acrítico, alimentado por el discurso macartizador del Presidente que asociaba crítica y oposición con subversión, creó un peligroso ambiente de intolerancia y polarización.

Nunca como en los gobiernos de Uribe se había presentado un divorcio tan grande entre la opinión mayoritaria reflejada en las encuestas y la de la mayoría de los columnistas de la prensa escrita. El Presidente logró establecer una conexión directa con la gente y nos ganó de mano en nuestro propio terreno.

Pero habrían de presentarse nubes en el paraíso de la seguridad democrática con las investigaciones periodísticas sobre el fenómeno paramilitar, sus tentáculos en la política, la economía y las instituciones del Estado, y su influencia en la campaña del 2006. Sin embargo, el destape de las cartas de la reelección y la intención del Presidente de modificar la Constitución en beneficio propio, fueron el punto de quiebre: Uribe estaba yendo demasiado lejos. Así se lo hicieron saber desde sus editoriales, diarios que habían apoyado la primera reelección, y buena parte de los columnistas que hasta ese momento lo habían apoyado. Y así lo interpretó la Corte Constitucional que le cerró el paso a la segunda reelección.

Un lección fundamental dejó el “uribato” al periodismo y es que el exceso de concesiones y benevolencia con los gobiernos, da pie para grandes abusos y contribuye a banalizar opiniones periodísticas analíticas y críticas de las políticas y acciones oficiales.

El cubrimiento del nuevo gobierno nos abre muchos interrogantes y tienen que ver con sus conexiones con los más importantes medios de comunicación. Pero más preocupante es el reto que nos plantean las nuevas realidades de los medios, sobre todo de los escritos, antes de gran relevancia para la opinión y hoy con influencia muy debilitada. Y es que la prensa dejó de ser lo que era y no solo por la proliferación de otros canales de comunicación y el avance de nuevas tecnologías, sino porque los viejos periódicos propiedad de una familia han pasado a la historia y hoy forman parte de poderosos conglomerados multimedia dentro de los cuales juegan un papel funcional al grupo.

Pese a que esos grupos tienen gran solvencia económica para resistir chantajes o presiones económicas y políticas, para influir en la agenda pública, para defender el bien común, sus dueños están más interesados en la rentabilidad que en su responsabilidad con los ciudadanos o en la fiscalización del poder, bien porque comparten sus mismos intereses, bien porque persiguen negocios que dependen de él. Esa es la razón, por ejemplo, de la muerte de la revista Cambio, víctima de la segunda conquista española.

 

El negocio es el nuevo nombre del juego. Como dice el analista de medios Germán Rey, “la ideología es hoy la de los libros de contabilidad”. Las noticias han entrado en el mercado de la comunicación y su valor no es propiamente periodístico-noticioso, es económico. El criterio informativo ha pasado a ser también criterio financiero y eso está llevando a la prensa escrita, en especial a los periódicos, a una visión más restringida de su papel. De ahí la preferencia por contenidos que aseguren mayores ventas, de ahí que la información esté cada vez más arrinconada por el entretenimiento, de ahí que se decante preferencialmente por las llamadas “noticias útiles”. Cada vez hay menos análisis, menos investigación y menos historias relevantes.

¿Qué nos depara el futuro a los periodistas? Ante la marginación o extinción de medios alternativos, ante la evidente disminución de la independencia de los medios y las reducidas fuentes de trabajo, cada vez hay más limitaciones para informar con talante crítico, para meter las narices en las entrañas del poder. Debo reconocer que no es mi caso, pues los medios que me acogieron tras el despido de Cambio, RCN Radio y El Espectador, me dejan expresar con total libertad. ¿Pero pueden todos los periodistas decir lo mismo? No creo. Para buena parte de ellos la opción es la autocensura, el silencio cómplice o la neutralidad pasiva. Y en el caso de los llamados cargaladrillos, se ven obligados a informar sobre el lanzamiento de productos de los grupos donde trabajan –libros, revistas, telenovelas, concursos, realities-, y a convertirse en periodistas multifuncionales que deben producir, por el mismo sueldo, para los distintos medios que convergen en su empresa -televisión, diarios, revistas, emisoras…-, con las implicaciones que eso tiene para la calidad de la información y su consecuente homogeneidad.

Acepto, pertenezco a la vieja guardia, soy de la generación de los tubos, no de los chips; de la máquina de escribir, no del computador; del teléfono fijo, no del celular; del predominio de la prensa escrita, no de Internet. Soy un dinosaurio. Pero aun así, y reconociendo el valor de las nuevas tecnologías y la utilidad de la red como fuente de información, creo que hasta ahora poco han servido para mejorar la calidad del periodismo. La concentración de medios en conglomerados conspira contra ello.

En estas circunstancias, el peligro no es solo que haya más espacio para la corrupción porque donde los medios independientes mueren, la corrupción tiene más probabilidades de prosperar. El peligro es también para el propio periodismo que como función social pierde cada vez más oxígeno.

¿Cómo llenar el vacío que dejan la disminución del número de periódicos y revistas, y la precariedad y mediocridad que hoy predominan en el cubrimiento periodístico? ¿Cómo crear o mantener empresas independientes que cumplan con el papel de auténtico servicio público que han ido dejando los grupos multimedia en aras del negocio? ¿Cómo hacer para que el buen periodismo, el que investiga, el que analiza, el que hace de contrapoder, encuentre apoyo entre los anunciantes? ¿Cómo evitar que el periodista perro guardián acabe convertido en perro faldero? Estos son apenas algunos de los interrogantes que hoy nos hacemos los periodistas de ayer. Muchas gracias...".

Tomado de: http://www.rcnradio.com/node/51540

Bicentenario de la abolición de la censura

Artículo tomado de http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2010/11/10/bicentenario-de-la-abolicion-de-la-censura/

Miércoles, 10 de Noviembre de 2010

Retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos,
por Francisco de Goya (Museo del Prado). / Wikimedia

Se cumple este 10 de noviembre el bicentenario del reconocimiento de la libertad de prensa por parte de los legisladores reunidos en las Cortes de Cádiz. Para algunos autores, aquella decisión marcó el nacimiento del periodismo político. El último censor omnímodo, el presbítero latinista Juan Antonio Melón, perdió sus atribuciones hasta el regreso de Fernando VII El deseado y El rey felón.

 

La efemérides de aquel precepto adelantado a la Constitución de 1812 es una buena percha para evocar el esfuerzo de los liberales ilustrados. Mientras en las calles se luchaba contra las tropas de Napoleón –“Napoladrón” le llamó Galdós–, ellos se enfrentaban al oscurantismo beligerante de la monarquía y el clero y reconocían legalmente por primera vez el derecho a la libre circulación de las ideas y los conocimientos. “Donde falta instrucción no hay opinión pública”, había escrito Gaspar Melchor de Jovellanos. Y la opinión pública tenía para él una doble dimensión: guía la conducta de los gobernantes y los somete a la crítica y a la exigencia de responsabilidad por su gestión. Jovellanos acabó en la cárcel hasta 1808.

 

La invasión napoleónica dejó en suspenso los poderes reales, y consiguientemente, la censura de imprenta. Según Agustín Argüelles, la imprenta adquirió en pocos meses la libertad que no había tenido nunca y ejerció una influencia decisiva en la exaltación de los ánimos sin que ninguna autoridad consiguiera reprimirla. Según los profesores José Álvarez Junco y Gregorio de la Fuente Monje, se puede decir que en ese tiempo nació el periodismo político. Los legisladores que se reunieron en Cádiz acabaron reconociendo el fenómeno. El presidente de la Junta Central, el conde de Floridablanca, no se decidía a reconocer el derecho a imprimir libremente. Según Jovellanos, “miraba los periódicos con desagrado y susto”. Sobre todo, al Semanario Patriótico de Manuel José de Quintana y sus compañeros, los juristas Eugenio Tapia y Juan Álvarez Guerra y el matemático Juan Rebollo. Pero su sustituto, el marqués de Astorga, aceptó en abril de 1809 la propuesta de convocar las Cortes constituyentes para elaborar una Constitución que, como escribió Quintana, dejara atrás “tres siglos de desastres” y recompensara el sacrificio del pueblo español con un cambio político tras el cual pudieran decir con orgullo: “Mis padres me dejaron por herencia la esclavitud y la miseria; yo dejo a mis descendientes la libertad”.

 

El vizconde Quintanilla, vocal por León, emitió un dictamen el 31 de agosto de 1809 afirmando que era urgentísimo conceder la “libertad de prensa bajo justas condiciones”. El aragonés Lorenzo Calvo de Rozas, elevó una larga proposición en pro del reconocimiento legal. Su propuesta se resumía en una línea: “Que sea libre la facultad de escribir y comunicar por medio de la prensa”.

 

Los principales argumentos políticos a favor de la libertad de expresión fueron los siguientes: 1) a la patria le interesa tener una opinión pública instruida y vigorosa, lo cual se consigue cuando se cría libremente, 2) la libre comunicación de las ideas permitirán ilustrar al país sobre cuanto pueda conducir a la mejora de sus leyes y de sus instituciones, 3) la libertad de imprenta y una opinión pública informada son necesarias para ganar la guerra, 4) la libertad de prensa y el conocimiento y control de la opinión pública sobre los actos del gobierno son necesarios para el mantenimiento de la autoridad de la Junta Central y la victoria en la guerra y, aún más imprescindibles para llevar a buen puerto la labor de las futuras Cortes, 5) la denuncia de los problemas a resolver y el debate público sobre sus soluciones facilita la labor de los diputados, de modo que cuanto más debate previo y conocimiento de los problemas haya por parte de la opinión general, más eficaces y útiles podrán ser las soluciones y sus resultados, y 6) España debe seguir el ejemplo de otras potencias, cuya espíritu público se nos hace envidiable y cuya fortaleza se debe a la libertad de prensa.

 

La votación del decreto se produjo el 10 de noviembre de 1810 y registró 68 votos a favor y 32 en contra. Todos los diputados de América, que eran 25, votaron a favor de la libertad de expresión. De los andaluces, 5 votaron a favor y 2 en contra; los castellanos: 15 a favor y 3 en contra; los catalanes: 1 a favor y 13 en contra; los gallegos: 9 a favor y 11 en contra; los 2 vascos votaron a favor, y también lo hicieron el representante de Navarra, el de Murcia, el de Asturias y 8 de Extremadura. Por profesiones, los obispos, prelados, inquisidores, jueces eclesiásticos, curas y presbíteros se pronunciaron 9 a favor y 14 en contra. Los empleados estatales (militares, cargos públicos, jueces y ex cargos) se pronunciaron a favor por 39 votos frente a 5; los cargos municipales votaron 2 a favor y 4 en contra; los abogados, 10 a favor y 5 en contra; los catedráticos de derecho, 1 a favor y 2 en contra. Además, un profesor, un escritor y 3 comerciantes votaron a favor.

 

La libertad de expresión –siempre una excepción en la historia contemporánea de España– prevalece hoy frente a la mordaza, pero las nuevas formas de censura de los poderes económicos y políticos se han sofisticado tanto que, aparte la negativa del derecho de acceso a la información y la clasificación de materias de interés público como secreto oficial, resulta difícil identificarlas hasta sufrir sus consecuencias.

Fin del artículo *****************************************

REPORTEROS SIN FRONTERAS - Clasificación Mundial 2010

Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló en su informe anual 2010 que Colombia ocupa el lugar 145 de 178 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2010, disminuyendo en la protección que este país otorga a los periodistas.

Según el informe, en Colombia “a los estragos del escándalo del DAS se suman dos asesinatos (en uno de ellos se confirmó el móvil profesional)”.

Descargue el documento completo en

FR  http://www.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2011/FR/CP_GENERAL.pdf

ESP http://www.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2011/ESP/C_GENERAL_ES.pdf
ENG http://www.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2011/GB/C_GENERAL_GB.pdf


Capítulo Américas / Focus on Americas / Chapitre Amériques
ESP http://www.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2011/ESP/C_AMERIQUES_ES.pdf
FR http://www.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2011/FR/CP_AMERIQUES.pdf
ENG http://www.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2011/GB/C_AMERICAS_GB.pdf

«En su novena edición, la clasificación anual de la libertad de prensa revela agradables sorpresas, da cuenta de realidades sombrías y confirma tendencias. Más que nunca, observamos que, desarrollo económico, reformas de instituciones y respeto de los derechos fundamentales, no van forzosamente juntos. La defensa de la libertad de prensa es, y seguirá siendo siempre, un combate, combate de la vigilancia en las democracias de la vieja Europa, combate contra la opresión y en favor de la justicia en los regímenes totalitarios que aún existen en el globo. Por un lado, hay que reconocer los motores de la libertad de prensa, a la cabeza están Finlandia, Islandia, Noruega, los Países Bajos, Suecia y Suiza. Por otro lado, hay que rendir homenaje a la determinación de los defensores de los derechos humanos, periodistas y blogueros que en el mundo defienden con valentía el derecho de denunciar, y cuya suerte siempre ocupa nuestro pensamiento (…).

Américas

“Algunos problemas persistentes –sobreconcentración de medios de comunicación, desigualdades económicas, tensiones locales, persecuciones judiciales en exceso, restricciones de cobertura– se reparten en los otros países. A las progresiones ya observadas en el Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) se suma esta vez la de Brasil. El gigante de América Latina debe su mejor posición a una disminución de los hechos violentos graves que minaban hasta entonces ciertas regiones y a las pruebas de lucha contra la impunidad en ciertos casos. También se la debe a las evoluciones legislativas favorables en materia de acceso a la información y de libertad editorial, como la reafirmación del derecho a la caricatura en periodo electoral. Finalmente, Brasil cuenta con una de las comunidades de internautas más activas del mundo. La situación sería aún mejor si las medidas de censura preventiva no golpearan a ciertos medios de comunicación (...)”.

Datos de contacto Reporteros Sin Fronteras

47 rue Vivienne

75002 Paris, Francia

Tél. : 33 1 44 83 84 56

Fax : 33 1 45 23 11 51

presse@rsf.org

Más noticias http://www.rsf.org/

Secreto Periodístico. Sentencia del Tribunal Europeo de DDHH Septiembre 2010

Artículo tomado del blog DERECHO DE LA COMUNICACIÓN

http://derechodelacomunicacion.blogspot.com/2010/09/secreto-periodistico-sentencia-del.html

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo dictó sentencia el 14/9/10 en autos SANOMA UITGEVERS B.V. v. THE NETHERLANDS en el cual concluyó que la legislación holandesa carecía de un procedimiento independiente destinado a saber si una investigación penal debía primar sobre la protección de una fuente periodística.

Así, la Corte Europea condenó a Holanda a pagar una indemnización de 35 mil euros por costas judiciales al grupo de comunicación Sanoma Uitgevers, propietaria de la revista Autoweek, que había sido obligada a entregar a la Policía de ese país unas imágenes de unas carreras ilegales de coches celebradas en la ciudad holandesa de Hoorn.

Los magistrados europeos estimaron que la legislación holandesa "carecía de un procedimiento que ofreciera garantías para hacer una apreciación independiente" destinada a saber "si el interés de la investigación penal debía primar sobre la protección de las fuentes periodísticas".

Subrayaron que "instar a un medio de comunicación a divulgar sus fuentes puede tener un impacto perjudicial no sólo para éstas, sino también para la publicación, cuya reputación puede quedar en entredicho ante eventuales fuentes futuras o de cara al público".

La Corte puntualizó que puede "estar legitimada la obligación de entregar documentos que permitan revelar fuentes confidenciales", pero eso lo debe decidir "una autoridad de control independiente con criterios claros, en particular si puede bastar una medida menos intrusiva".

Los hechos del caso se remontan a enero de 2002, cuando los organizadores de unas carreras ilegales de coches en una zona industrial de la ciudad holandesa de Hoorn ofrecieron a los periodistas de "Autoweek" la posibilidad de tomar fotos, pero con la condición de que difuminaran los rostros de los participantes para no ser identificados, según consignan medios locales.

Unos días después, la policía exigió las imágenes porque sospechaba que uno de los coches participantes en las carreras había sido utilizado en un robo a un cajero automático.

La decisión de la máxima autoridad para la garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales en toda Europa refuerza el derecho de los profesionales de la información que garantiza la confidencialidad de las fuentes informativas.

El fallo completo puede verse en el sitio del Tribunal Europeo de DDHH en el siguiente link:

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=873705&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

 

 

 

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Gráfica tomada de http://www.fzayas.com/cibercuaderno/wp-content/uploads/2007/02/union-europea.jpg

¿Eres de los que piensa que la mejor formación que puede tener un reportero es la crónica roja?

Próxima película: septiembre 8/2010

Libertad de Prensa,

un derecho de película

Este es un espacio para analizar las situaciones en las que el periodismo se enfrenta a diferentes estructuras del poder, y cómo depende de la calidad del periodismo que la ciudadanía esté bien o mal informada

Lugar: Carrera 7 No. 46 – 55

Miércoles 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre a las 7:00 p.m.

Entrada gratuita. Cupo limitado.

LA UNIDAD MEDIÁTICA (Tomado de lasillavacia.com)

Santos está logrando la Unidad Nacional. Nadie quiere quedarse por fuera. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en esta unidad?

Los medios de comunicación sirven para entretener e informar. Para entretener juegan a la farándula y el humor y el sexo. Para informar optan por serles fieles al poder del gobierno, las empresas, los políticos. “¡El negocio el asunto!”, exclaman. “! Donde esté la pauta, allí estaremos!”

Pero en democracia, los medios de comunicación deben procurar ser anti-poder, controlar al poder, denunciar los abusos de poder, contar la verdad por encima de inconveniencias afectivas y morales, producir una esfera pública diversa en voces y puntos de vista.

En Santos Unidad Nacional –SUN-, el periodismo debería ser de lo poco que podría quedar de independiente y autónomo. Los periodistas y sus medios deberían asumir que, ante la ausencia de disenso público y oposición política,… es a ellos a quienes corresponde vigilar, cuestionar, denunciar y ser los perros guardianes de la democracia.

Por ahora, los medios de comunicación son el propagandista más emocionado de la Unidad.

Quedamos, entonces, a la espera de 4 años de mediática amorosa con el poder.

Lástima que el disenso, la crítica y el buen periodismo son de mala educación en Colombia.

Artículo tomado de http://www.lasillavacia.com/elblogueo/rincon-magrini/16575/la-unidad-mediatica

Apoyo a periodistas como constructores de paz

Rousbeh Legatis, en un artículo para la publicación D+C Development and Cooperation, hace una descripción sobre la contribución de la información de calidad en la consolidación de la paz en zonas de conflicto, tomando como ejemplo el caso colombiano. Legatis llama la atención sobre el necesario apoyo a los periodistas para el cumplimiento de este propósito, frente a los diferentes obstáculos que enfrentan en el ejercicio de su oficio.

Supporting journalists as peace builders

Artículo tomado de http://www.inwent.org/ez/articles/174834/index.en.shtml

“Prensa libre”: people demonstrated in Bogotá for

 freedom of the press in 1957. © picture-alliance/dpa

By brokering quality information, media can decisively contribute to complex peacebuilding processes in conflict areas. Colombia is one such example. Journalists deserve and require support if they are to serve this purpose.

[ By Rousbeh Legatis ]

It is difficult to assess the impact of journalism on social change in conflict countries. However, in Colombia it is quite evident that journalists play a major role in peacebuilding. The country is marked by a conflict that started in the 1960s as an armed insurrection of rural guerrilla organisations against the state. Ever since, Colombia has changed in dynamic ways.

Paramilitaries and the drug economy have contributed significantly to the tensions. Armed clashes take place in an environment of patronage and violence, thus continuing to fragment and polarise a society suffering from extreme inequality. Who contributes or benefits from violence in Colombia is constantly changing, though ordinary people always suffer the most.

The media’s double role

The media is one of the most important ¬actors involved in the conflict that has a say in which direction the peacebuilding process is going. Adam Isacson of the Washington think tank Center for International Policy (CIP) points out that “journalists’ search for exclusive scoops can kill the peace process by sensationalising setbacks and exaggerating every misunderstanding”. On the other hand, the Latin America expert also says that “the independent media are doing the job of a hundred NGOs by exposing human rights’ violations or the infiltration of the state by armed groups”. In his view, the weekly magazine Semana “is a fine current example”.

Without the Colombian media, many scandals would never have been revealed. Links between paramilitaries and the government, secret service support for armed actors (DAS scandal) and the deliberate killing of civilians who, as it turned out, were subsequently dressed as guerrilla fighters by the armed forces (the “false positives“ scandal) – none of this would have been made public. Reporters have covered relevant topics that were long -ignored. The media forced the government to respond.

Given the situation of Colombian media, these journalistic achievements are remarkable. The media landscape is centrally organised and holds enormous economic power. Moreover, it is focused on the big cities.

Political influence

Many media corporations are in private hands. Traditionally, relationships between journalists and the political and economic elite are close. Labour conditions are tough, employees do not enjoy many rights and there is little job security. The agenda of President Álvaro Uribe is thus often reflected in the news coverage, according to Omar Rincón, a professor of journalism. Political pressure and confrontation with armed actors is part of everyday journalism.

The scope for covering other topics and social actors is getting smaller and smaller. Moreover, there is a perverse trend of “rejuvenation” in editorial departments, Rincón says. “Less and less experienced journalists are engaged, which results in less payment and more work for stories that don’t ask hard questions.”

Particularly in rural areas, problems are exacerbated. Nevertheless, besides the radio, newspapers and magazines are especially relevant in Colombia, Rincón argues. “People don’t read much, but the print media is very important because it influences the decisions of economically and politically powerful people.”

The journalistic contribution to peacebuilding in Colombia is hardly talked about. Meanwhile, journalists’ problems haven’t dwindled or become less complex. But there are efforts to support journalists and editors. This is shown by the increase of media-assistance organisations and journalist associations throughout Colombia over the last twenty years. They are trying in many different ways to cope with the problems of Colombian journalism.

“In general, there was no balanced way of dealing with the conflict. Wording was often irresponsible, journalists were taking sides in different ways and the media changed the war into a spectacle – out of commercial interest and to enhance TV viewing figures,” says Eduardo Márquez. For this reason he and others founded the journalists association Medios para la Paz (Media for Peace, MPP) ten years ago. Back then, the media was only aggravating the conflict, not adequately informing about it. Government opinions were reproduced uncritically, sources weren’t questioned and the news was imparted without background information.

The strategy of the “Media for Peace”

Because such problems persist, MPP actively supports responsible, high-quality journalism geared towards managing conflict in a reasonable way by assessing the causes, dynamics and background of events. Responsible journalism thus contributes to a culture of peace and the establishment of democratic deliberation and accountability. Over the last ten years, former MPP director Gloria Moreno considered it most important to sensitise colleagues “to the other war, the one of disinformation, which every soldier has to fight against in order to seize hold of the truth”.

MPP has a methodical and practical approach consisting of three areas:

– vocational training and qualification,

– investigation (primarily as a process of research and reflection) and

– information of the public (through events, internet and publications).

The results include a guidebook of terms and definitions relevant to conflict, in order to “disarm” the journalistic jargon, as well as several manuals for journalistic work with different specific issues. International organisations and donors are interested in vocational training and have provided 95 % of MMPs funds.

The main focus of MPP is on the situation of journalists in rural areas. Eduardo Márquez explains the approach: “We noticed soon that journalists’ situations in other parts of the country were substantially different from the conditions in Bogotá. The more we came to grips with it, the more we realised what the journalists needed. Before, that had not been understood.”

According to MPP, over the last ten years there were workshops in 28 communities with 1,830 journalists from 841 different media or other institutions. MPP activists are particularly proud of the Diplomado, a six-month training programme for journalists working in the “zonas rojas”, the most turbulent conflict regions of the country. The programme was developed in cooperation with the Ponteficia Universidad Javierana and the Centro de Investigación y Educación Popular (Centre for Investigation and Popular Education, CINEP). It is about “responsible journalism in armed conflicts”. More than 280 journalists from seven conflict regions have participated in the Diplomado programme.

In addition, the programme Reporteros de Colombia was established. Journalists can find practical support here to strengthen and improve the quality of their work.

Focus on regional specialities

In every conflict region, local particularities have to be taken into account during project implementation. Freddy González, responsible for organising the Diplomado until 2009, says: “If we are dealing with a region like Nariño or Putomayo, we have to take into account the drug traffic and its impact on the conflict. If we are working in Barrancabermeja, it is impossible not to consider the region’s abundance of natural resources as well as their distribution, as this is exactly the kind of conflict we’re dealing with in that particular region. In la zona norte we have to take into special consideration both the border-relevant topics and the problem of paramilitary control.”

In order to improve support of journalists in the long run, especially in rural areas, MPP relies upon cooperation and coordination with other organisations. The Proyecto Antonio Nariño (PAN) is an alliance of MPP and four other organisations. Besides their main objective of supporting freedom of press and opinion, PAN is working towards a better coordination of journalistic support program¬mes.

Obviously, the media cannot solve all conflicts. But, as the case of Colombia shows, journalism plays a significant role in peacebuilding and deserves to be supported.

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Rousbeh Legatis is a political scientist and a journalist specialising in media, peacebuilding and media assistance.

Censura electoral en Colombia

Artículo tomado de: http://periodismohumano.com/en-conflicto/censura-electoral-en-colombia.html

27.05.2010 · Patricia Simón

En materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales.

Con esta noticia se despertaron los ciudadanos colombianos hace dos días, es decir, seis días antes de las elecciones para la presidencia y vicepresidencia colombiana. El gobierno había expedido el decreto (pdf) protocolario antes de cualquier comicio, pero con la inclusión de éste y otros artículos que desde su propuesta en febrero han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de periodistas así como de derechos humanos y de control electoral.

Según el texto del decreto el objetivo es “garantizar el normal desarrollo del proceso electoral”. En la carta (pdf) que han enviado conjuntamente al Ministerio de Interior y Justicia, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, la Misión de Observación Electoral, Medios para la Paz así como la Fundación para la Libertad de Prensa, todas ellas organizaciones de gran prestigio y reconocimiento internacional, apuntan que “somos conscientes de la necesidad y pertinencia de fijar normas para la conservación del orden público durante los periodos electorales”. Sin embargo, consideran que la normativa “limita desproporcionadamente la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información de los ciudadanos”.

En la carta, de diecinueve folios, explican porque tres de los artículos son, según ellos, inconstitucionales y vulneran los tratados internacionales suscritos por Colombia. Además del artículo reproducido al principio, estos dos son los que han activado las alarmas.

Artículo 7: “Los medios de comunicación citados sólo podrán suministrar información sobre los resultados electorales provenientes de las autoridades electorales”.

Artículo 10: “Los servicios de telecomunicaciones darán prelación a los mensajes emitidos por autoridades electorales“.

Sobre este asunto hablamos con Andrés Monroy, periodista que hasta octubre del pasado año trabajó en la Federación Internacional de Periodistas y en la creación de la Federación de periodistas de Colombia, y que en la actualidad trabaja en el grupo de trabajo “Derecho Ciudadano a la Información” que fue la primera en comunicarle las irregularidades detectadas en el decreto y cuyo objetivo es la protección del derecho a la información de manera integral, desde la perspectiva de los ciudadanos.

P. ¿Cómo va a afectar este decreto a la labor informativa el domingo, día de elecciones presidenciales y vicepresidenciales en Colombia?

Andrés Monroy. La constitución política colombiana consagra la libertad que tiene toda persona para “expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial”. Posteriormente es categórica en señalar “No habrá censura”. También, señala la Constitución que “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

Entonces, desde el punto de vista de su contenido, este decreto vulnera la prohibición de la censura y desconoce la garantía de libertad e independencia profesional de los periodistas. Por otra parte, restringe de manera desproporcionada el acceso a la información (tanto de orden público como sobre resultados electorales) que tendrán los ciudadanos, al limitar únicamente a las fuentes oficiales la posibilidad de emitir este tipo de noticias.

El Ministerio del Interior nos ha respondido que contrastar fuentes es acudir a varias fuentes oficiales, lo cual no se compadece con la imparcialidad del ejercicio periodístico.

Desafortunadamente el actual gobierno y sus asesores no se han caracterizado por su transparencia e imparcialidad en la información que hacen pública, y en cierta medida, han logrado imponer su propia visión de la realidad. Para citar un ejemplo, son escasos los ejemplos de periodistas que cubren de manera independiente el conflicto armado. La mayoría de los noticieros se limita a leer los boletines oficiales emitidos por comandos militares o policiales. Esto en cierta medida nos ha distanciado de la realidad del conflicto armado, creando climas de seguridad o inseguridad de acuerdo al interés político del momento.

Por otra parte, el decreto no cumple con los requisitos formales y materiales para que sea legítima una restricción al derecho fundamental a la libertad de expresión. En la sentencia T-391 de 2007, la Corte Constitucional resaltó como uno de los rasgos particulares de la libertad de información, la posibilidad de establecer límites puntuales, sujetos a un control estricto de constitucionalidad. Según la Corte Constitucional, cualquier acto jurídico o actuación de hecho que limite el ejercicio de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones, realizado por cualquier autoridad estatal colombiana independientemente de su jerarquía o su posición dentro de la estructura del Estado, ha de considerarse como una invasión sospechosa del ejercicio de este derecho.

Teniendo en cuenta los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que orientan la interpretación del derecho a la libertad de expresión en Colombia, las limitaciones a las libertades de expresión deben cumplir con unos requisitos básicos, dentro de los que se encuentran (1) ser posteriores y no previas a la expresión, (2) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita, y (3) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de este derecho fundamental”.

Finalmente, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar que “las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión” (Principio 5). Por otra parte, la Declaración Conjunta sobre Medios de Comunicación y Elecciones del 15 de mayo de 2009, en donde se enfatiza el rol clave que desempeñan los medios de comunicación al informar al electorado sobre los principales acontecimientos y afirma que deben derogarse “las leyes que restringen de manera ilegítima la libertad de expresión, en contravención a las garantías internacionales y constitucionales”.

P.¿Tenéis constancia de si los periodistas y los medios lo van a respetar o van a desobedecerla?

Actualmente no tengo noticia de las reacciones de los periodistas o medios de comunicación. En el Grupo “Derecho Ciudadano a la Información” estamos contemplando la posibilidad de ejercer una acción de inconstitucionalidad contra este decreto.

Hubo un caso en las elecciones de 2007, donde la Agencia IPS criticó abiertamente el decreto que para esa época restringía de igual manera la libertad de información, y así lo informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En las últimas elecciones los periodistas colombianos han respetado estas normas por el temor a que les impongan las sanciones que el mismo decreto contempla. La intimidación de una sanción que va desde las multas hasta un eventual cierre del medio de comunicación hace que los periodistas se limiten a las “fuentes oficiales”.

P.¿Qué pensáis que busca el gobierno con este decreto? ¿A qué teme?

R. Probablemente exista el interés de conservar la tranquilidad durante la jornada electoral. Sobre las restricciones a la información relativa al orden público, considero que el temor del gobierno es que se evidencie que la presunta seguridad lograda durante estos últimos 7 años aún es muy frágil, teniendo en cuenta que su promesa electoral en el 2002 y 2006 fue la derrota final de los grupos alzados en armas.

Al parecer, ni siquiera dentro del mismo gobierno existe el convencimiento del debilitamiento radical de los grupos guerrilleros, por lo que en cierta medida puede no ser conveniente para sus actuales intereses electorales que la sociedad vea que las guerrillas persisten en sus acciones militares, como sucede por estos días en el departamento del Cauca, al sur de Colombia.

Sobre las restricciones a la información electoral, hay varias interpretaciones. Una de las que más suenan en los círculos periodísticos, es la evidencia de presiones indebidas a los electores y eventuales fraudes en los resultados, tal y como se observa en las pasadas elecciones parlamentarias.

Sobre este punto quiero remitirme al artículo publicado por la periodista colombiana Claudia Julieta Duque, publicado antes de las pasadas elecciones parlamentarias. Ahí se encuentra un panorama muy completo sobre los temores del gobierno.

De hecho, el gobierno colombiano cerrará las fronteras terrestres y fluviales durante doce horas el próximo domingo.

España como ejemplo de los riesgos que conlleva este decreto

La carta enviada al Ministro de Interior y Justicia en la que explican jurídicamente los abusos de esta ley así como su ilegalidad finaliza con un ejemplo internacional “para considerar la importancia para la democracia de publicar información veraz proveniente de fuentes diversas a la oficial en tiempos electorales”. Se trata de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid y sus consecuencias en las elecciones tres días más tarde.

“El Partido Popular anunció en todos los medios oficiales que los responsables de las víctimas se encontraban en el grupo terrorista ETA. El objeto de la medida informativa oficial no era otro que unir a los españoles en el sentimiento nacional y anti-terrorista que impulsaba Aznar, con lo cual se lograba la relección del partido en el poder (…) En esa ocasión, las fuentes no oficiales se convirtieron en origen de la veracidad de la información y dotaron a los votantes de armas suficientes para elegir, bajo un voto informado, a su representante en los comicios. La manipulación de la información proveniente del gobierno de turno para auto-perpetuarse en el poder, pudo ser doblegada y contrarrestada, gracias a la desobediencia civil y multiplicidad de fuentes no oficiales (…) garantizando así que España se mantuviera como sociedad democrática. Sírvanos este ejemplo para medir los riesgos innecesarios, desproporcionados, ínútiles e innecesarios a los que se vería sometida la sociedad y la democracia colombiana con una norma ilegítima e inconstitucional”.